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La congelación de los alquileres tensa las negociaciones en el Gobierno por las ayudas a la inflación

PSOE y Unidas Podemos chocan una vez más por las medidas sobre vivienda, mientras acercan posturas en las soluciones para paliar la carestía de los alimentos

Decreto medidas económicas por la guerra de Ucrania
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el 14 de diciembre en el Congreso.Eduardo Parra (Europa Press)

El Consejo de Ministros se dispone a aprobar el martes otro paquete de ayudas, el tercero del año, para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Tras la que será la última reunión del Gobierno en 2022, está previsto que el presidente, Pedro Sánchez, comparezca para explicar las medidas anticrisis y hacer balance de un año marcado por el conflicto bélico en el este de Europa y la inflación. El nuevo decreto prorrogará algunas iniciativas que están en marcha desde finales de marzo, cuando se aprobó el primero, y añadirá otras que entrarían en vigor a partir del 1 de enero. Aunque España es actualmente el socio comunitario con menor inflación, los precios de los alimentos siguen creciendo a niveles de récord y por eso se esperan soluciones para paliar la carestía de la cesta de la compra. En otros casos, el paquete que ultima el Ejecutivo puede suponer cambios sustanciales: la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante ha estado en discusión y se baraja su retirada con carácter general, aunque se mantendría para transportistas. Las negociaciones entre los dos socios de Gobierno, todavía abiertas, no han estado exentas de tensiones y la vivienda se ha convertido, una vez más, en uno de los caballos de batalla.

A finales de noviembre, en el marco de la aprobación de los Presupuestos, Bildu anunció un pacto con el Ejecutivo para alargar el tope a la actualización de los alquileres un año más. Ese límite se aplica solo a quienes tienen un contrato en vigor cuya renta se actualiza anualmente. Lo normal es establecer en el contrato que el nuevo precio se calcule con el IPC, lo que, al dispararse la inflación, se traduce en grandes subidas. Para contenerlas, el Ejecutivo fijó un máximo del 2% al que pueden acogerse los inquilinos. Se trata de una medida en la que hay consenso entre los socios, pero a Unidas Podemos le parece insuficiente. Por eso, en línea con las peticiones de los sindicatos de inquilinos, en los últimos días han exigido además una congelación de alquileres. En principio, se trataría de hacer algo parecido a lo que se ensayó durante los tiempos más duros de la pandemia de covid: que a quienes se les acaba el contrato (y se ven expuestos a incrementos de rentas porque tendrían que firmar uno nuevo sin el tope aplicable del 2%) tuvieran derecho a prorrogarlo en las mismas condiciones durante un año más. En el primer confinamiento se aprobó algo similar (entonces la prórroga extraordinaria era de seis meses), pero se justificó porque las medidas restrictivas a los movimientos impedían a muchos arrendatarios ponerse a buscar otra casa.

El argumento ahora para UP es “que al menos este año, por la incertidumbre que hay, se congelen los alquileres para evitar subidas drásticas”. En esta línea se ha pronunciado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha señalado este lunes en Twitter que “es imprescindible dar garantías a las personas trabajadoras en estos momentos inciertos: prohibir el despido o garantizar el contrato de relevo, pero también proteger frente a las subidas del precio de la vivienda o de los alimentos”. Fuentes de su departamento recuerdan que Díaz se comprometió en un acto celebrado a comienzo de diciembre con los sindicatos de inquilinos y la PAH a defender, entre otras medidas, esa congelación de arrendamientos. Y eso es lo que están haciendo en la mesa de negociación del decreto.

Además, y puesto que el cambio de la política monetaria y la subida de tipos han encarecido mucho este año los intereses de los préstamos, Podemos demanda una congelación de las hipotecas variables. Es una solución que en su día se debatió durante la negociación del nuevo código de buenas prácticas del sector bancario para atender a los prestatarios en situación vulnerable. Por la congelación apostaron entidades como CaixaBank, y es una de las soluciones contempladas en las medidas acordadas finalmente por las patronales del sector con el Ministerio de Asuntos Económicos. Sin embargo, estas apuestan más por utilizar carencias y tipos reducidos para aliviar temporalmente las letras (pero a la larga puede suponer en muchos casos acabar pagando más intereses y hay dudas sobre el alcance real de lo acordado). Lo que ha propuesto ahora la formación encabezada por Ione Belarra es que se tome como referencia el euríbor de 30 de junio (cuando ya subía, pero antes de que se disparase) y que durante un año las cuotas se calculen con ese indicador.

Aunque la escenificación de los desacuerdos es ya una constante en cada negociación entre los socios del Ejecutivo, en ninguno de esos dos temas (alquileres e hipotecas) las conversaciones están siendo sencillas. En las últimas horas, figuras destacadas de la formación, incluyendo a Belarra, ministra de Derechos Sociales, han aireado en redes sociales las diferencias con el PSOE. “No está siendo una negociación fácil”, ha resumido este mediodía la número tres de Podemos, Lilith Verstrynge. “Lo prioritario es hacerle entender al PSOE que el mayor gasto que realizan los españoles tiene que ver con el pago del alquiler y de la hipoteca y, por tanto, hay que regular estas cuestiones”, ha añadido la también secretaria de Estado para la Agenda 2030.

Más sencillo parece el acuerdo para entregar un cheque a determinadas familias (la propuesta inicial de UP alcanzaba a 10 de los 19 millones de hogares españoles y pretendía entregar en torno a 300 euros) que les ayude a sobrellevar la inflación. Esta medida tiene un doble objetivo. El más obvio es ayudar con la carestía de la cesta de la compra, para lo que también se está discutiendo una rebaja del IVA de determinados productos al tipo superreducido del 4%. Pero el segundo objetivo podría ser compensar el final de las bonificaciones a los carburantes.

Gasolinas y transporte público

Desde el 1 de abril, cualquier cliente que se acerca a una estación de servicio en España recibe un descuento de 20 céntimos por cada litro de gasolina o diésel que reposta. La bonificación se aprobó tras dispararse los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra de Ucrania y ha sido criticada por tratarse de una medida indiscriminada (lo que es sinónimo de muy costosa), porque la recibe todo el mundo sin distinguir por renta, además de tratarse de una subvención a una actividad contaminante. El asunto causaba incomodidad incluso en el seno del Ejecutivo, que en las últimas semanas ha parecido inclinarse por retirar esa ayuda con carácter general. En ese caso, sí seguiría beneficiando a transportistas profesionales o trabajadores del sector primario, aunque el funcionamiento variaría y en adelante las bonificaciones se entregarían a la vez que se liquidan las devoluciones del gasóleo profesional (con un precio especial que fijan los poderes públicos). No serían los únicos sectores con medidas especiales: el propio Sánchez anunció también que se apoyará a otros muy afectados por la coyuntura energética, como la industria intensiva en gas y, específicamente, a los fabricantes de cerámicas.

Además, en el decreto que apruebe el Consejo de Ministros este martes se espera que se concreten algunas de las soluciones que ya están en marcha y sobre cuya extensión hay consenso. Una es la gratuidad de billetes de trenes de Cercanías y Media Distancia (una medida que se aplica a viajeros frecuentes y que es la única cuyo impacto económico se recogió en los Presupuestos). Las reducciones actuales, sin embargo, no se prorrogarán a los transportes urbanos cono los autobuses o el metro (en ese caso, la decisión dependerá de las Administraciones locales y autonómicas). Y también se alargará la rebaja del IVA en la factura eléctrica, sujeta en realidad a varias medidas temporales para reducir su coste que se aplican desde mucho antes del primer decreto para paliar la crisis de la guerra de Ucrania, ya que el encarecimiento de la luz fue muy anterior y empezó a notarse en la primavera de 2021.

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