El Gobierno baraja quitar el descuento de 20 céntimos en los combustibles para destinarlo a ayudas a la compra de alimentos

El Gobierno encara la recta final de la negociación para cerrar un paquete de ayudas por la inflación. El plan vigente por la guerra de Ucrania caduca el 31 de diciembre y el nuevo tendría que estar aprobado antes del 1 de enero. Las dos alas del Ejecutivo, la del PSOE y la de Unidas Podemos, tratan de avanzar en las conversaciones. Y uno de los asuntos que empieza a perfilarse en las discusiones es la posibilidad de no prorrogar el descuento de 20 céntimos por litro de carburante para los consumidores particulares. En el caso de los transportistas y los agricultores se mantendrá, pero con un sistema distinto: reintegrándolo como parte de la habitual devolución del gasóleo profesional a fin de mes. Todas estas iniciativas dependen del cierre de las negociaciones y de la decisión final que tome el presidente Pedro Sánchez, que afronta un año marcado por elecciones locales, autonómicas y generales.

La idea es que el coste de esta medida, que alcanza los 7.000 millones para todos los conductores pero solo unos 1.500 millones para profesionales, se destine a ayudas que compensen a las familias por la fuerte subida de los precios de los alimentos, que se han disparado un 15% anual. El debate está en la forma de hacerlo. Cobra fuerza dar un cheque de 300 euros y suprimir o reducir el IVA de alimentos básicos.

Unidas Podemos plantea promover acuerdos con las grandes distribuidoras para que fijen precios bajos en una canasta de alimentos básicos, algo que ya promovió Yolanda Díaz en conversaciones con algunas grandes cadenas pero que finalmente no cuajó. Probablemente, acabará haciéndose de alguna forma, aunque no sea la que plantea inicialmente el grupo liderado por la vicepresidenta segunda.

Lo que descarta de plano el sector socialista, y especialmente el ministerio de Agricultura, que es el que tiene el contacto directo con el sector, es un control de precios sobre esa canasta básica. Asegura que presionar sobre los precios es algo muy difícil de articular legalmente, pues no se puede obligar a vender a pérdida y es complicado aplicarlo allá donde haya una competencia importante. Las intervenciones de precios pueden tener consecuencias indeseadas como generar un menor suministro, subidas en otros productos para compensarlas o, incluso, la expulsión de pymes que no puedan soportarlo, explican fuentes conocedoras de las negociaciones.

Por eso, también se estudian otras opciones. Podemos ha planteado un cheque directo a las familias para compensarlas. Se trata de algo que el sector socialista no ha rechazado, y se está estudiando su viabilidad. Las reuniones se suceden. Oficialmente, La Moncloa insiste en que “todo está abierto”. En la mesa se discute el cheque de Podemos, por valor de 300 euros, para 10 millones de familias de los 19 millones que hay en el país. Su coste ascendería a unos 3.000 millones. Agricultura ha esgrimido que debería hacerse solo para hogares con hijos, según fuentes al tanto de las conversaciones.

Sin embargo, otros departamentos, como Hacienda, apuestan más por una bajada del IVA en los alimentos básicos, una medida que además creen que serviría para combatir la inflación. Si se suprime la ayuda de 20 céntimos al combustible, esto provocaría que suba el IPC. Pero una bajada del IVA de la alimentación podría compensarlo. Además, una reciente directiva europea permite que los países miembros tengan más margen para reclasificar productos en el tributo.

El inconveniente de esta rebaja es que es poco quirúrgica y una parte podrían apropiársela las empresas, aumentando sus márgenes. También va en contra de las recomendaciones fiscales de expertos y organismos internacionales, que siempre han señalado que España ingresa menos por IVA debido a la abundancia de tipos reducidos. De ahí que el cheque figure como un modelo más atractivo para una parte del Ejecutivo.

Podemos cree que bajar el IVA tendría poco efecto, porque muchos alimentos ya están en el 4% y otros en el 10% —no es como la bajada del IVA de la luz, que supuso una caída importante al caer del 21% al 5%— y además supone entrar en la línea ideológica del PP. De hecho, Alberto Núñez Feijóo se apresuró el viernes a reivindicar la medida como idea suya cuando la ministra de Hacienda la insinuó. María Jesús Montero se mostró partidaria de combinar medidas dirigidas a los colectivos vulnerables con iniciativas más generales, “para el conjunto de la clase media y trabajadora”. Es decir, podrían incluso combinarse los cheques y la rebaja del IVA.

Alimentos básicos

El paquete total tendrá en principio una factura de unos 10.000 millones. Unos 5.000 millones se dedicarán a prorrogar la rebaja de los impuestos de la luz. En el supuesto de bajar el IVA de los alimentos, según cifras extraídas de la Encuesta de Presupuestos Familiares, la medida podría superar los 1.000 millones. Según fuentes de la negociación, podría suprimirse el tipo superreducido del 4% en los alimentos básicos y bajar el tipo de la pasta y el aceite, que ahora están gravados al 10%. En el tipo del 4% están el pan, las harinas, los lácteos, los huevos, las verduras, las hortalizas, las legumbres y los cereales.

Unidas Podemos también plantea otras opciones, como permitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pueda controlar los márgenes de las grandes distribuidoras como hace con el mercado del combustible. También planteaba subir el impuesto de sociedades para los grandes grupos de alimentación como se ha hecho con las energéticas, algo que el PSOE ha rechazado. En Portugal se acaba de anunciar una medida de este tipo. Y tiene encima de la mesa de negociación la idea de limitar por ley la distribución de dividendos en estos grandes grupos, que en opinión del partido de Díaz se están beneficiando de la crisis mientras los ciudadanos sufren una inflación de los alimentos muy por encima de la del resto de bienes.

La subvención generalizada al combustible había sido muy criticada por organismos e instituciones debido a que era demasiado generalizada y poco progresiva. En realidad se estaba fomentando el uso del coche y ayudando más a las rentas altas, que usan en mayor medida este modo de transporte. Así que miembros del Gobierno como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han argumentado que debería acabarse con esta aportación para dedicar su coste a iniciativas más focalizadas.

La idea del Gobierno era que estas ayudas estuviesen cerradas y aprobadas para el Consejo de Ministros del 20 de diciembre. Sin embargo, ahora parece más probable que se presente el 27 de diciembre o, incluso, el 31, en un consejo extraordinario.