Los ingresos por impuestos crecen más que nunca y pulverizan récords

Los nubarrones se acumulan en el horizonte y la coyuntura se va desgastando, pero la economía española continúa dando señales de resistencia. Los últimos datos del PIB apuntan a un mayor crecimiento de lo previsto este año, el empleo aguanta y los ingresos por impuestos van camino de pulverizar todos los récords: la recaudación alcanzó los 239.789 millones de euros hasta noviembre, la cifra más alta jamás registrada y solo a un pellizco —unos 4.200 millones— del importe presupuestado para todo el ejercicio, que ya se había revisado al alza. Los resultados más espectaculares se dan en el IRPF, que ya ha superado con creces la barrera de los 100.000 millones, algo que nunca había ocurrido antes, y en el IVA, que roza por primera vez los 80.000 millones, según el último informe de la Agencia Tributaria, publicado el viernes. En su conjunto, los ingresos tributarios crecen a su mayor ritmo, un 16,9%, incluso por encima de los años del bum inmobiliario, y se encaminan hacia un cierre de año que será muy superior al estimado por el Gobierno.

Hacienda se mantuvo “prudente”, en palabras de la titular del departamento, María Jesús Montero, en las previsiones de recaudación que plasmó en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Estimó que la recaudación subiría en unos 20.000 millones este año con respecto al anterior, pero después admitió que el alza sería de unos 30.000 millones —y envió a Bruselas un cuadro alternativo de ingresos y gastos—. Ya esta cifra supondría el mayor incremento de la serie histórica, que arrancó en 1995. Pero el hecho es que, hasta noviembre, las arcas públicas ya habían superado esa marca y contaban con 32.919 millones de más. Ni antes de que estallara la burbuja, en los primeros años 2000, se dieron tales repuntes, aunque entonces el peso del impuesto de sociedades, dopado por la construcción, era muy superior.

La fortaleza del mercado laboral y las subidas salariales, sobre todo en las pensiones y en los sueldos de los funcionarios, así como el fuerte incremento de los beneficios empresariales, son los principales responsables del incremento, además del repunte de los precios. La inflación, cuya media del año se prevé algo por debajo del 8,5%, se ha convertido en uno de los grandes rompecabezas del Gobierno, porque incrementa los costes y merma la renta disponible, pero a la vez insufla aire a la recaudación tributaria.

¿Cómo puede ser que un fenómeno que golpea el consumo y da dentelladas al PIB beneficie a la vez las arcas públicas? La respuesta es sencilla si se piensa en la inflación como en un impuesto silencioso. Si todo está más caro, también los ingresos brindados por los tributos que se pagan sobre esos bienes y servicios son, en proporción, mayores. Lo mismo vale para los salarios y las pensiones: si estos aumentan, con ellos también engordan las retenciones y hasta puede haber saltos a tipos más altos en el IRPF.

El mismo Gobierno reconoce que el aumento de los precios es uno de los responsables del récord de recaudación. De hecho, un documento interno del Ministerio de Hacienda calculaba que, hasta agosto, uno de cada cuatro euros de aumento de los ingresos, cerca de un 25%, se debía a la inflación. La Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (Airef) eleva este porcentaje al 50%, y al 75% para el próximo. En otras palabras: de todo lo que se ingrese de más con respecto a 2021, solo la mitad se explicaría por razones distintas a la inflación. El Banco de España también cree que el encarecimiento del coste de la vida tendrá un impacto mayor en la recaudación.

Ante estas diferencias en los cálculos, el Gobierno defiende que parte de la subida de la recaudación se debe a un notable afloramiento de la economía sumergida a raíz de la pandemia, gracias a los mayores pagos con tarjeta o la necesidad de tener una condición regular de trabajo para acceder a prestaciones y ayudas públicas. La Agencia Tributaria destaca entre los factores que más han contribuido a la recaudación récord hasta noviembre el crecimiento del IVA y las retenciones del trabajo. A ellos se suman “los buenos resultados” en las declaraciones anuales del IRPF y de sociedades, y “la favorable evolución de los beneficios empresariales”.

Hasta noviembre, los ingresos en el IRPF crecieron un 16%, alcanzando 102.590 millones. En el impuesto de sociedades, el incremento —hasta los 28.633 millones— se explica por el alza de los beneficios empresariales “tanto en 2022 (se estima que un 18,8% hasta septiembre) como en 2021 (un 35,8% frente al descenso del 28,7% de 2020)”, señala la Agencia Tributaria. Esta mejora de las ganancias ha impulsado un 19% los pagos fraccionados, con mejoras sobre todo en los grupos consolidados.

En el caso del IVA, los ingresos hasta noviembre aumentaron un 16,2%, hasta los 79.726 millones, debido al aumento del 21% de los ingresos brutos “consecuencia de las subidas de precios”, señala Hacienda y, “sobre todo, de la expansión del consumo”. Y eso, pese a las rebajas fiscales aplicadas a los suministros de electricidad y gas. Sin ellas, el avance habría sido del 20,9%. La recaudación por impuestos especiales también creció, un 2,4%, un resultado que habría sido del 11,8% si se añaden los ingresos perdidos por la rebaja del tipo en el impuesto sobre la electricidad.

Medidas anticrisis

El Gobierno ha aprobado distintas medidas a lo largo de este año para mitigar el impacto económico de la guerra de Ucrania y frenar el repunte de la inflación. Entre ellas está la rebaja de la fiscalidad de los suministros de electricidad y gas, iniciativas que según la Agencia Tributaria mermaron la recaudación de 6.436 millones hasta noviembre. La supresión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica supuso cerca de la mitad de esta factura.

Estas ayudas, por otro lado, han contribuido a que el alza de precios se moderara en noviembre hasta el 6,8%, frente al 10% de la media de la zona euro. El Banco de España calcula que las medidas del Gobierno han permitido a rebajar la inflación en dos puntos. De cara a 2023, el Ejecutivo aprobará un nuevo paquete, con un coste que, en principio, rondará los 10.000 millones. Pero la incertidumbre aún reina, por lo menos mientras siga el conflicto en Ucrania y los precios de las materias primas no se enfríen de manera generalizada.