España reduce a la mitad la brecha en presión fiscal que la separa de la eurozona

La presión fiscal en España se va acercando a la media europea. En solo tres años, de 2019 a 2021, la brecha de recaudación con la media ponderada de la eurozona se ha recortado en 3,5 puntos de PIB, teniendo en cuenta todos los ingresos públicos, según datos de Eurostat. Ahora la ratio española se sitúa en el 43,7% del PIB frente al 47,2% del promedio europeo. Antes de la pandemia, la diferencia con el área de la moneda única era de siete puntos, prácticamente el doble: 39,2% del PIB frente a 46,3%. Una diferencia que entonces equivalía en euros a unos 84.000 millones y que se ha reducido hasta el entorno de los 40.000 millones. Aun así, todavía se trata de una cifra muy elevada: supondría aumentar un 40% la recaudación por IRPF.

Este era uno de los objetivos del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, y uno de los mantras más repetidos por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Incluso se encomendó a un grupo de expertos la elaboración de un libro blanco de reforma fiscal basándose en esta consigna. Sin embargo, este aumento de los ingresos no se ha conseguido a fuerza de subir impuestos. Aunque se han aprobado algunas subidas y nuevas figuras tributarias, estas no han tenido un gran impacto y se han compensado en parte con bajadas como la de la luz. Sí que se ha producido algo de incremento en las cotizaciones por las subidas del salario mínimo y de las bases máximas. De modo que ante los analistas se ha abierto un gran interrogante respecto a qué ha motivado esta fortísima escalada de los ingresos, desde el 39,2% del PIB contabilizado en 2019 hasta el 43,7% de 2021. Gobierno, instituciones y expertos apuntan diversas razones.

El Gobierno ha publicado un informe en el que justifica que ha habido un afloramiento considerable de la economía sumergida. Compara la relación que ha existido siempre entre la afiliación a la Seguridad Social y la Encuesta de Población Activa. Y concluye que, tras la pandemia, esta ha cambiado porque han emergido unos 285.000 empleos procedentes de la actividad irregular. El Ejecutivo lo achaca fundamentalmente a que con la covid los trabajadores han visto que estar en a asegura el cobro de ayudas y prestaciones. También ha aumentado de forma muy significativa el uso del pago con tarjeta, que Hacienda puede controlar mucho más que el efectivo y que obliga a declarar. Podría haber contribuido un poco un cambio en la composición sectorial de la economía, con algo más de empresas grandes y más empleo público que declaran más.

La Agencia Tributaria también asegura que el cumplimiento voluntario ha mejorado gracias a los envíos masivos de datos fiscales a los contribuyentes. Una vez estos saben que Hacienda posee esa información, los ciudadanos y empresas responden escrupulosamente a sus obligaciones con el fisco.

Un motivo de que suban los ingresos es la inflación. Sin embargo, esta no empezó a despegar con fuerza hasta entrada la segunda mitad de 2021, y, por lo tanto, solo ha podido jugar un papel pequeño en los datos del año pasado. Pero sí que tendría que aumentar todavía más el empuje de la recaudación en 2022. Impuestos como el IVA se benefician directamente del encarecimiento del coste de la vida. Y captan las subidas de precios de los productos energéticos y las materias primas procedentes del exterior. Mientras que el PIB disminuye por tener que pagar más caro las importaciones; los ingresos por IVA suben gracias a ello. En consecuencia, crecerán más de lo que lo ha hecho la economía y, por lo tanto, elevarán todavía más la presión fiscal sobre PIB. En 2022 podría escalar hasta un punto más.

Por otra parte, durante la pandemia, gracias a los ERTE y demás ayudas públicas, la recaudación no cayó tanto y se recobró más rápido. De hecho, otra explicación reside en que la economía española se encuentra más rezagada respecto al resto de Europa y en 2021 el PIB todavía no había recuperado los niveles prepandemia. En cambio, la recaudación ya superaba las cotas previas a la covid. Es decir, la ratio sube también más por la mayor caída del denominador. El afloramiento de la economía sumergida puede explicar una parte de este desfase entre PIB e ingresos. El mantenimiento de rentas con ayudas públicas, otra. La inflación, solo una parte pequeña en 2021. Pero sigue sin explicarse un aumento tan fuerte. El Gobierno y algunos analistas consideran que, a la luz de los datos de empleo y recaudación, en realidad el producto interior bruto no está del todo bien calibrado. Sería, en opinión de estos, superior a los datos oficiales del INE. De ser así, la brecha entonces no se habría recortado tanto; aunque la buena noticia sería que las ratios de España de déficit y deuda pública sobre PIB saldrían más bajas.

¿Y a qué figuras tributarias se debe la mejora? En el IRPF los ingresos se han elevado en ocho décimas de PIB entre 2019 y 2021; en el IVA en cuatro; en sociedades en seis, y en cotizaciones en 1,3 puntos.

Pese a este aumento, España sigue estando por debajo de la media del euro en todas las grandes figuras fiscales. Recauda nueve décimas de PIB menos que la eurozona en el IRPF, en parte por el mayor desempleo; tres en el IVA, sobre todo por el tipo reducido de la hostelería, y dos en el Impuesto de Sociedades. En las cotizaciones sociales, la distancia es más de un punto, y con una composición muy distinta: es bastante más alta en España, en casi dos puntos de PIB, para lo que pagan las empresas. En cambio, es más de dos puntos inferior para lo que abona el trabajador. Y también es más baja para la parte que financia el Estado por sus funcionarios. “La principal diferencia con Europa está en la cotización del trabajador. Explica el 70% de la brecha con la zona euro. El problema es que igualarlo supondría quitar un 10% de sueldo a los asalariados”, explica el economista Miguel Ángel García.

Un déficit todavía alto

A medio plazo, la Autoridad Fiscal (Airef) considera que buena parte del aumento en la presión fiscal se consolidará y los ingresos se estabilizarán en torno al 42,5% del PIB, unos tres puntos más que en 2019. Sin embargo, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, recuerda que “el gasto ha subido todavía más al consolidarse una parte de las partidas de la covid”. Si los ingresos han engordado en unos 40.000 millones, los gastos lo han hecho en 80.000. De ahí que el agujero presupuestario de las Administraciones sea todavía muy alto. Aunque los mayores desembolsos han generado más recaudación, también han provocado incluso más déficit público.

El Banco de España alerta además de que existe el riesgo de que una parte de esa recaudación extraordinaria no sea permanente. La otra vez que hubo unas elasticidades sobre PIB de los ingresos tan elevadas fue en 2005, en plena burbuja de la recaudación. Y luego estos ingresos se esfumaron. Esta vez no hay una burbuja de crédito e inmobiliaria, pero podría suceder que la recaudación se resienta cuando bajen los precios de la energía o cuando el consumo ceda ante la inflación. O que si hay una recesión, parte de ese afloramiento retorne a la economía informal. Por eso el organismo supervisor pedía que no se dedicase ese incremento de los ingresos a gasto estructural.

Los organismos internacionales tradicionalmente han defendido que España haga lo que en la jerga se conoce como devaluación fiscal: se baja el coste de las cotizaciones y, por tanto, del empleo, haciendo más competitiva la economía, al tiempo que se suben los impuestos indirectos como el IVA y los verdes, que no se aplican a las exportaciones y, en consecuencia, no penalizan la competitividad.

Cotizaciones e impuestos

Los ingresos que proceden exclusivamente de impuestos y cotizaciones sociales crecieron en 2021 hasta el 39% del PIB, 3,6 puntos más que en 2019. La misma tendencia, aunque con bastante menor intensidad, se registró en el promedio de la eurozona y de la UE. La presión fiscal creció en estos bloques en ocho décimas y siete, respectivamente, hasta el 42,2% del PIB y el 41,7%. De los grandes países del entorno, Italia es el que experimentó el mayor incremento tras España, de 1,2 puntos. Solo la economía española ha conseguido obrar esta suerte de prodigio de los panes y los peces.

Pese a las variaciones, estas no han sido tan acusadas como para modificar el mapa europeo de presión fiscal, en el que cada Estado tiene un mix tributario distinto. Dinamarca sigue siendo el país de la UE con la ratio más elevada de impuestos y cotizaciones sobre PIB, un 48,8%. En su sistema fiscal casi no tienen peso las cotizaciones sociales. En cambio, la imposición sobre la renta es mucho más potente que en la media del continente: el IRPF recauda el 27,6% del PIB frente al 9,8% de la UE. Irlanda, que está en el otro extremo con la ratio más baja, 21,9% del PIB, percibe más que el promedio comunitario por el Impuesto de Sociedades debido a sus agresivas prácticas para atraer multinacionales, pero está por debajo en todos los demás grandes gravámenes.