El Banco de España alerta del riesgo de que flaqueen los ingresos públicos como ocurrió en la crisis financiera

El Banco de España ha advertido al Gobierno de que no tome la buena evolución de los ingresos como algo permanente. La recaudación marcha con un vigor sorprendente. Con respecto a 2019, aumenta en unos tres puntos de PIB, cerca de 40.000 millones. Sin embargo, el déficit estructural, aquel que permanece más allá del ciclo económico, apenas se reduce. Esto implica que se están dedicando esos ingresos, que en parte podrían ser extraordinarios, a financiar nuevo gasto estructural, ha señalado este lunes el gobernador Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia en el Congreso para analizar los Presupuestos de 2023. Y ha añadido que una inflación originada en un shock de energía como el actual “terminará teniendo un impacto negativo en las cuentas públicas”, en parte porque se acaban indexando a la inflación muchas de las partidas de gasto de las Administraciones, entre ellas las pensiones, que suponen un tercio del gasto público.

“La inflación está generando una dinámica muy boyante de los ingresos públicos. Una parte se explica por la evolución de la economía real y de los precios. Pero hay una parte que no somos capaces de explicar. Supera las elasticidades históricas de los ingresos respecto al PIB”, ha resaltado. Y ha pedido prudencia sobre el uso de esos ingresos extraordinarios: “Hemos vivido otros periodos, como por ejemplo en el bum inmobiliario, en los que hubo una gran recaudación y que luego se revirtió muy rápido con la crisis financiera. No estoy diciendo que este sea el origen. Subrayo el desconocimiento sobre qué motiva esta bonanza. Quizás podría deberse a un afloramiento de la economía sumergida. Pero, por eso, desde la prudencia, sería importante que esos incrementos de recaudación no se acaben plasmando en un incremento del gasto público estructural”, ha declarado.

No obstante, Hernández de Cos ha deslizado que eso ya estaría sucediendo. Estos ingresos extraordinarios se estarían “compensando con un aumento similar del gasto estructural”, ha aclarado. Es decir, no se estarían aprovechando para reducir el déficit y se corre el riesgo de que más adelante esos ingresos se esfumen dejando las cuentas todavía más descuadradas. Según los cálculos del banco, el déficit estructural en las cuentas públicas es “superior al 3% del PIB”, el equivalente a más de 40.000 millones de euros. “Una aproximación prudente no debería tratar como permanentes esos ingresos”, ha insistido.

El efecto de la inflación sobre las cuentas públicas ha sido hasta ahora muy positivo, ha reconocido. Pero ha afirmado que más adelante va a traer, con un cierto desfase temporal, un importante incremento de los gastos en pensiones, sueldos de funcionarios, intereses y costes de suministros y servicios. Por cada punto de IPC, el gasto en pensiones aumentará en 1.800 millones, y el de personal, en 1.400 millones por cada punto que se compense. Solo por los bonos indexados a la inflación, el desembolso en intereses se elevará a lo largo de 2022 en 4.000 millones de euros. En total, la carga financiera aumentará en unos 7.000 millones entre 2022 y 2024. Aunque la inflación seguirá impulsando la recaudación, este canal tendrá en 2023 una intensidad menor. En cambio, el gasto público engordará con una mayor intensidad principalmente por las pensiones. Y una vez se tienen en cuenta los efectos de la inflación en la actividad, el resultado que calcula el Banco es que el impacto en los presupuestos públicos será negativo.

En cuanto a la evolución de la economía, el gobernador ha recordado que las previsiones del Ejecutivo son algo optimistas para el año que viene: mientras que el organismo prevé un crecimiento del PIB del 1,4% para el 2023, el Gobierno ha proyectado un 2,1%. Sin embargo, las previsiones de crecimiento nominal de la economía, aquellas que suman la inflación y que son las más relevantes para la previsión de ingresos, no son tan distintas de las del Ejecutivo, según ha expuesto Hernández de Cos. Eso sí, el gobernador ha subrayado la elevadísima incertidumbre que existe en torno a cualquier proyección, en especial sobre los mercados energéticos, y ha destacado que está aumentando el riesgo de que la economía vaya a peor. “Los mercados dan cada vez una posibilidad mayor de recesión global”, ha concluido. Y ha incidido en que Europa se está viendo particularmente afectada por los cortes de suministro de gas ruso. Una menor demanda global, una inflación que reduce el poder adquisitivo, unos tipos de interés al alza y la debilidad de la industria golpeada por la carestía energética están conduciendo a un menor crecimiento.

Dicho esto, esos ingresos extraordinarios están dando un colchón y permitirían que el déficit acabe este año en el 4,3% del PIB en lugar del 5% que planea el Gobierno. Tal margen podría servir para compensar las alzas de algunas partidas y el efecto del deterioro económico. En todo caso, el gobernador ha puesto el énfasis en que cualquier medida para combatir la inflación deber ser focalizada en los colectivos y empresas más vulnerables. “Durante la pandemia hacían falta medidas generalizadas, ahora tienen que ser quirúrgicas. No puede haber un impulso generalizado porque acabaría generando respuestas más fuertes en la política monetaria y acabaría siendo negativo para la economía”, ha comentado. Y ha recordado que la inflación procede de un deterioro de los intercambios comerciales debido al encarecimiento de la energía: “Hay que repartir esa pérdida de renta”. Hasta ahora, según el seguimiento que ha hecho el banco, trabajadores y empresas estarían asumiéndola. Pero hay señales de que ese pacto implícito de rentas estaría perdiendo fuerza: por un lado, los aumentos de costes de la energía se están trasladando más rápido a los precios finales; por otro, están aumentando con rapidez los convenios que incluyen cláusulas de garantía salarial.

“Sería un mensaje muy potente que las partidas públicas, incluidas las pensiones, no se subiesen con la inflación salvo las pensiones bajas”, ha recomendado como parte del pacto de rentas que precisa la economía para repartir los costes. Otra cosa distinta es la situación del sistema de jubilación a medio y largo plazo: el gobernador ha explicado una vez más que no se ha hecho lo suficiente para compensar el incremento de gasto que supondrá deshacer la reforma de pensiones de 2012. El desembolso en pensiones subirá alrededor de 3,5 puntos de PIB de aquí a 2050 si se siguen revalorizando las pensiones con el IPC. El mecanismo de equidad intergeneracional, los incentivos a la jubilación demorada y el nuevo sistema de autónomos no darán los ingresos y ahorros suficientes. De modo que harán falta medidas compensatorias adicionales, ya sea por el gasto o por los ingresos, para compensarlo, ha insistido como viene haciendo desde hace tiempo. Y en esa misma línea ha reclamado otra vez que se diseñe un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo.

Hernández de Cos ha explicado que los Presupuestos de 2023 son ligeramente restrictivos en la medida en que se baja un poco el déficit estructural. Pero al incluir los fondos europeos los Presupuestos son entonces muy expansivos. Aun así, el gobernador ha expuesto sus dudas sobre el impacto que tendrán en la actividad estos recursos comunitarios. Y ha concluido que es imposible determinar si se cumple con la recomendación europea de frenar el gasto corriente al desconocer qué valorará la Comisión Europea, qué baremo exacto se utilizará y si se contabilizan en el cálculo las subidas de impuestos anunciadas. “Si las pensiones suben con el IPC, entonces el resto de partidas tendrían que ser muy restrictivas para cumplir”, ha apuntado.