El Gobierno apenas usa un 45% de los fondos europeos de este año

Los recursos procedentes de la Unión Europea volverán a ser este año un balón de oxígeno para el Gobierno. Los fondos captados por España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia crecerán un 6,7%, y saltarán de los 26.900 de 2022 a 28.692 millones de euros el próximo año. Esa cifra supone que el grueso de los fondos activados por Bruselas para dinamizar la economía poscovid los vaya a utilizar el Gobierno en un ejercicio completamente electoral, con las municipales y el grueso de las autonómicas previstas para mayo y, si no se avanzan, en noviembre se tendrán que celebrar las generales.

Los presupuestos Generales de 2021 recogieron 24.198 millones de gasto, mientras que un año después esa cifra alcanzó los 26.900 millones de euros. La cifra de ejecución, sin embargo, es muy inferior, lo que pone de manifiesto el retraso con el que está funcionando la distribución de recursos europeos. El proyecto Presupuestario reconoce que, hasta setiembre, tan solo se habían reconocido obligaciones de pago por un importe de 12.945 millones de lo previsto el año pasado. Esa cuantía es solo un 45,5% de la partida inicial más las modificaciones posteriores. En el bieno 2020-21 se gastaron 32.989 millones, el 71% de lo inicialmente previsto.

Para el Ejecutivo se trata de recursos clave, puesto que aportan cierta “estabilidad” a la inversión pública en un momento incierto por la coyuntura económica y los efectos de la guerra en Ucrania, y porque son un paso en el camino de modernización del sector productivo. A esos recursos se le deben añadir otros 1.316 millones procedentes también de Bruselas, a través de la Ayuda a la Recuperación (React-EU) para la adquisición de vacunas para la covid.

Según los datos incluidos en los Presupuestos, hasta agosto España ha recibido un total de 31.036 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el 44% de lo previsto. El Ejecutivo considera que ya ha alcanzado la velocidad de crucero en el despliegue de las medidas, si bien 2023 está llamado a ser el ejercicio clave para las reformas y las inversiones. Los planes iniciales marcaban los tres primeros años de ejecución del plan para poner en funcionamiento el 80% de los fondos asignados a España, de forma que pudieran impulsar la salida de la crisis económica ligada a la pandemia de la covid-19.

El Gobierno ha celebrado en lo que va de este año nueve conferencias sectoriales con las comunidades autónomas en los que se ha acordado el reparto de 7.590 millones de euros, recursos que llegarán a lo largo de este ejercicio a gobierno regionales y locales. Las comunidades autónomas recibirán un total de 6.367 millones, sobre todo a cargo de los ministerios de Transportes (1.467 millones), y Derechos Sociales y Agenda 2030 (1.145 millones). Los municipios, por su parte, recibirán un total de 1.381 millones, con los mismos ministerios como principales protagonistas.

La política industrial será la que captará un mayor volumen de inversión (4.556 millones de euros, un 43% más que hace un año), seguida por las políticas de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, con asignaciones por un importe de 3.005 millones, un 5,8% más. La conectividad digital, el impulso de la ciberseguridad y el despliegue del 5G se llevarán, por su parte, 2.624 millones. El Ministerio de Industria será el principal vehículo para canalizar esas inversiones, ya que dispondrá de hasta 6.258 millones de euros, seguido por el de Transportes (5.071 millones de euros) y el de Transición Ecológica (4.942 millones).

Una parte de los recursos disponibles busca impulsar la inversión privada a través de empresas privadas que asuman los objetivos de la UE. Para conseguirlo, hasta ahora, el Gobierno ha aprobado un total de once PERTE, que abarcan desde el campo del avance hacia el vehículo eléctrico, aprobado en marzo y pendiente todavía de las asignaciones de ayudas definitivas, a uno centrado en economía social y la economía de los cuidados, al que el Consejo de Ministros le dio el visto bueno en mayo. Hay otros que se centran en la microelectrónica y los semiconductores, uno de los campos en los que la Unión Europea ha mostrado debilidades esta crisis, a los sectores aerospacial o naval, el hidrógeno o la nueva economía de la lengua española.

Dentro del denominado componente 1 del Plan de Resiliencia presentado en Bruselas, centrado en la movilidad sostenible, el Gobierno prevé invertir este año un total de 1.803 millones para acelerar la penetración de la movilidad eléctrica, en la que España en el vagón de cola europeo, reforzar el servicio de ferrocarril (359 millones para mejorar la fiabilidad en el servicio de Cercanías y darle más atractivo) y acabar de impulsar las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.

Incluido también en el capítulo del transporte, 1.231 millones de euros irán a parar a “movilidad sostenible, segura y conectada”. La red nacional de transporte absorberá 545 millones. Y el desarrollo del hidrógeno renovable como nuevo vector energético acaparará un total de 673 millones de euros.

En el ámbito de la vivienda, los presupuestos incluyen partidas por un importe conjunto de 1.600 millones de euros para que las administraciones públicas puedan aumentar la oferta de pisos asequibles en zonas con presiones de demanda. Y otros 880 millones se reservan para programas de renovación energética en barrios y en edificios residenciales para mejorar la eficiencia energética.

La transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario, a su vez, dispondrá 445 millones de euros, con el grueso (271 millones) enfocados en la mejora y la sostenibilidad de los regadíos. El Gobierno ha previsto, asimismo, una partida de 1.282 millones de euros para la preservación del litoral y los recursos hídricos. 498 millones de esa partida quedará en manos de programas de restauración de ecosistemas fluviales.