El Área Metropolitana de Barcelona lamenta que se la deje de lado en la asignación de fondos europeos

El ritmo de asignación, adjudicación y ejecución de los fondos europeos en España está siendo más lento de lo esperado. El objetivo de la Comisión Europea y del Gobierno es que en 2023 se haya vehiculado el total de 70.000 millones de euros del programa Next Generation —es decir, que se haya asignado la vía por la que se adjudicará el dinero, ya sea mediante asignación directa, por convocatoria o por la vía de un proyecto estratégico o Perte—, y que en 2026 ese conjunto de ayudas ya se haya ejecutado. Por ahora se han vehiculado 40.000 millones, es decir, el 57%, y solo un cuarto de los fondos vehiculados se ha hecho a través de convocatorias abiertas. Pero hay quien ya ve que, a no ser que cambie la forma de tramitarlas, recibirá mucho menos de lo que se esperaba.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que representa a Barcelona y a 35 municipios que le rodean, lamenta que los concursos para optar a estos fondos la dejan fuera por ser un ente supramunicipal, mientras que Madrid, al tener una gobernanza centralizada en la capital, puede optar a muchos más. Por ahora, la AMB se ha adjudicado 42 millones de los fondos europeos, el 50% de lo que ha solicitado, pero calcula que, si hubiese podido optar a todas las convocatorias que preparó, y cuyo valor estimó en unos 2.700 millones, habría ganado suficientes como para obtener, al menos, unos 1.000 millones de euros.

Los concursos a los que la AMB pudo acceder y que ya ha ganado son dos: uno sobre movilidad (40 millones) y otro sobre residuos (dos millones). El primero se trata de la primera convocatoria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible del transporte urbano, e incluye actuaciones como el servicio público metropolitano de bicicletas compartidas. En esta primera convocatoria, la AMB se pudo presentar, aunque con el importe limitado, porque las bases aceptaban proyectos de entes supramunicipales. Pero en la segunda convocatoria, que se cerró el jueves pasado, no se ha podido presentar. “Nuestros municipios se han presentado por separado, y han recibido fondos, pero o no tienen capacidad técnica, o es la AMB la que tiene las competencias”, explica el gerente de la AMB, Ramon Torra. “Por eso estamos viendo con los municipios si pueden aprovechar los proyectos que teníamos, pero se perderá dinero, porque si lo hubiésemos pedido como AMB, hubiésemos gastado 20 millones, y ahora los municipios solo tendrán competencias para gastar 14 millones”, añade. Uno de los proyectos de movilidad que no se podrá llevar a cabo es una aplicación móvil de movilidad metropolitana.

El criterio del Gobierno para adjudicar las partidas en los concursos es el de equidad, tomando como referencia los municipios y su población. Pero la AMB, un caso prácticamente único en España de ente supramunicipal que gestiona servicios que afectan a sus municipios —a excepción de Barcelona en algunos casos— como el transporte, los residuos o el agua, “está marginada de las convocatorias”, lamenta Torra. “Madrid, con 3,2 millones de habitantes y una gobernanza centralizada, lo tiene más fácil para conseguir recursos, mientras que el AMB, con 3,3 millones de habitantes y una gobernanza repartida entre sus municipios, no puede”, explica Torra. Aunque todavía no lo ha calculado, está convencido de que Madrid está recibiendo más fondos.

Pese a la buena sintonía con el Consejo de Ministros, especialmente con la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que fue alcaldesa del municipio metropolitano de Gavà, Torra lamenta que las bases de los concursos excluyan al ente, y lo achaca a la falta de conocimiento sobre la singularidad de la AMB y sobre cuáles son sus competencias. “Si el objetivo es gastar los fondos rápido antes de 2026, no entendemos por qué no cuentan con nosotros, que tenemos más capacidad”, añade.

Ámbitos de actuación

Entre los concursos a los que no ha podido acceder, están el de ayudas a la digitalización, el de la rehabilitación de edificios públicos o el de los destinos turísticos. “El objetivo tiene que ser descongestionar el centro de Barcelona, y la AMB gestiona zonas de mucho interés turístico, pero no podemos ni probarlo”, señala Torra. Un ejemplo es el Plan de Sostenibilidad Ambiental en Destino Turístico, para lo que la Diputación de Barcelona se presentó con un proyecto sobre el río Anoia i el río Llobregat desde Martorell hasta su nacimiento, y la AMB optó con un proyecto similar para la recuperación del Llobregat desde Martorell hasta la desembocadura. La Diputación ganó y la AMB no. En el ámbito de la movilidad, tampoco han podido optar a ayudas para la compra de autobuses, cuando es la AMB la que tiene competencias y no los municipios.

Donde sí han conseguido fondos europeos es en el ámbito de la rehabilitación de viviendas, pero mediante la asignación directa a las comunidades autónomas. De 511 millones de euros para toda Cataluña, la Generalitat ha adjudicado 200 millones a la AMB (100 millones de los cuales, solo para Barcelona), y el 60% restante, al resto de municipios catalanes. En este caso, el ente supramunicipal también cree que le corresponderían más recursos, ya que “las necesidades de rehabilitación son más altas”. Por último, la AMB está pendiente de saber cuál será su participación en los distintos Perte que se tienen que adjudicar.

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