Las diferencias entre sindicatos, empresarios y en el seno del Gobierno retrasan el aumento del SMI

El golpe de la inflación en 2022 (un 8,4%) ha generado algunos movimientos públicos y privados para que los españoles no pierdan poder adquisitivo. El Gobierno ha aumentado un 8,5% las pensiones este año y también ha mejorado el sueldo de los trabajadores públicos (un 2,5% más un punto adicional en función de objetivos en 2023). Muchas empresas también han incrementado la retribución de sus empleados, algunas en dígitos para compensar la inflación, aunque la media de subida en los convenios ronda el 2,8%. Y, sin embargo, el salario más bajo posible no cambia desde febrero del año pasado, antes de la invasión de Ucrania y la espiral inflacionista que desató. El acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) no llega, en primer lugar, porque los agentes sociales no se ponen de acuerdo: la patronal plantea un alza máxima de en torno al 4% (supeditado a algunas condiciones en el sector agrario y la contratación pública) y los sindicatos apuestan por una subida del 10%. Además, dentro del Gobierno tampoco hay acuerdo sobre cómo afrontar este disenso entre las posiciones de empresarios y centrales: el Ministerio de Economía prioriza que la patronal forme parte del pacto, mientras que Trabajo quiere aprobar el incremento cuanto antes, aunque la CEOE no participe.

Ahora el salario mínimo es de 1.000 euros mensuales en 14 pagas. Tanto empresarios como sindicatos han verbalizado claramente cuánto lo aumentarían: los primeros proponen que crezca hasta 1.040 y los segundos, tanto UGT como CC OO, hasta 1.100. En este debate de cifras concretas juega un papel clave el informe encargado por el Gobierno a un comité de expertos. Su tarea era calcular cuánto debía crecer el salario mínimo para alcanzar el 60% del salario medio en España. Este texto plantea una horquilla de entre 1.046 y 1.082 euros, es decir, una revalorización de entre el 4,6% y el 8,2%.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo el lunes que aboga por una subida que se acerque al “tramo alto” de esa franja, es decir, mucho más cerca del planteamiento sindical que del empresarial. Este miércoles, en una entrevista en Antena 3, la responsable de Economía, Nadia Calviño, ha apostado por encontrar “un buen equilibrio dentro de esa horquilla”. La ministra prefiere no especificar qué cifra les parece la adecuada y considera que esa decisión se debe tomar en la mesa de diálogo social. Pero cabe recordar que en los anexos del informe de expertos, la valoración elaborada por Economía era que debía crecer entre un 2,92% y el 3,05%.

Más allá de las cantidades, también hay diferencias en el enfoque con el que cada ministerio afronta la distancia que separa a sindicatos y empresarios. Economía insiste fervientemente en que espera que el alza del salario mínimo lleve la rúbrica de ambas partes y espera que esta negociación también impulse el pacto de rentas (la subida generalizada de los salarios), sin avances desde hace meses. “Tenemos que hacerlo (subir el salario mínimo) si es posible con un acuerdo con los agentes sociales. Esa es la receta mejor”, ha añadido Calviño. A Trabajo también le gustaría que hubiera pacto, pero en el departamento asumen que es muy complicado conciliar posturas tan alejadas, creen que esperar indefinidamente a un acuerdo es una forma de veto y abogan por aprobarlo cuanto antes.

Al Gobierno le interesa conseguir un acuerdo de todas las partes por razones políticas, pero la realidad es que tiene la potestad para subir el SMI cuanto y cuando considere oportuno. El último incremento, de 965 a 1.000 euros, fue aprobado con el visto bueno de CC OO y UGT y el rechazo de la CEOE.

Fase decisiva

En los últimos días, a tenor de las declaraciones de los actores que forman parte de la discusión, queda claro que el asunto se encuentra en una fase decisiva. Trabajo no ha convocado nuevas reuniones desde hace semanas, pero abundan los reproches cruzados. Después de que Díaz abogase el lunes por subir el salario mínimo en torno a un 8%, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi rechazó este planteamiento y dijo que “Trabajo debería saber lo que es una empresa”. Indicó que si no se tienen en cuenta las dificultades de sectores como la agricultura, el Ejecutivo “hará un flaco favor a España”. La patronal supedita su propuesta de aumentar el SMI un 4% al establecimiento de nuevas deducciones en el sector agrario y a la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación pública, con el objetivo repercutir el incremento en los contratos en ejecución.

La ministra de Economía insistió el lunes en su mensaje habitual: “Vamos a ver si los agentes sociales pueden llegar a un acuerdo”. Y este martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, contestó con contundencia a Calviño: “Me parece sorprendente, por no decir otra cosa más dura, que la vicepresidenta diga que espera un acuerdo con los agentes sociales. Pueden esperar toda su vida, no va a haber acuerdo con la CEOE partiendo de que pide un aumento del 4%. Me parece en cierta medida una provocación”.

Fuentes sindicales no se cierran a participar en nuevas reuniones, pero creen que hay poco margen con el guarismo que proponen los empresarios. Trabajo insiste en que, aunque se retrase la aprobación del incremento, este se aprobará con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Varios socios del Ejecutivo también inciden en la necesidad de subir el salario mínimo cuanto antes. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, incluyó este martes el incremento entre los “deberes pendientes con el conjunto de los ciudadanos” del presidente del Gobierno. En la misma línea, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reclamado una subida como la propuesta por los sindicatos (de 1.100 euros) “que pague la carestía de la vida, diga lo que diga la CEOE”.

El salario mínimo ha crecido exponencialmente en los últimos años. El mayor incremento se dio en 2019, cuando creció de 736 euros mensuales a 900. Desde entonces ha ido aumentando progresivamente hasta los 14.000 euros al año.