Trabajo defiende una subida del SMI hasta 1.082 euros y una revisión en seis meses

El Ministerio de Trabajo ha presentado este lunes el informe de la comisión de expertos sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de hasta el 8,2% en 2023, tal y como adelantó EL PAÍS. El grupo de académicos plantea varias alternativas que van desde los 1.046 euros al mes hasta los 1.082 euros (en 14 pagas) para 2023. Es decir, una revalorización de entre el 4,6% y el 8,2% para alcanzar el 60% del salario medio neto el año que viene. Este es el objetivo al que el Gobierno de coalición se comprometió para finales de legislatura y cumplir así con la Carta Social Europea. Además, el grupo incide en la necesidad de que haya una revisión en seis meses por la incertidumbre económica derivada de la inflación.

El comité de sabios propone cuatro valores entre los que el Ejecutivo podría que elegir, aunque la idea es que la cifra salga del diálogo social con sindicatos y patronal, que se reunirá este miércoles. Para ello, inciden, se debe tener en cuenta que se ha tomado como referencia para la estimación del salario medio los datos de 2022, no los de 2023, que deberán ser algo superiores. Esto es, sería aconsejable tomar un valor de la parte alta para no quedarse cortos. De las cuatro simulaciones que recoge el texto, la primera resulta un alza a 1.046 euros; en la segunda la subida llega a 1.054 euros; en la tercera a 1.066 euros, y en la cuarta hasta los 1.082 de la banda alta de la horquilla. En origen, el inicio se marcaba en los 1.030 euros, aunque finalmente se suprimió este arranque de la horquilla, según reconocen diversas fuentes gubernamentales.

“A la hora de elegir entre las opciones, la comisión considera que habría que tener en cuenta los siguientes elementos. El primero, que el cálculo del SMI para 2023 se ha realizado tomando como referencia la estimación del salario medio de 2022 y no el de 2023 que, razonablemente, cabe esperar que será superior. El segundo, el significativo incremento de precios experimentado a lo largo de 2022 que, como se argumenta más adelante, tiene un mayor impacto sobre los colectivos de ingresos más bajos”, concluye el informe. Otras fuentes gubernamentales explican que el mandato de Trabajo a los expertos no incluía este impacto de la inflación, aunque desde el departamento que dirige Yolanda Díaz lo quieren tener en cuenta en la decisión final.

De hecho, en el análisis se sostiene que el impacto de un aumento del SMI ayuda especialmente a las rentas más bajas, a cerca de dos millones de trabajadores. Por ello, el comité de expertos considera que se debería de revisar de forma semestral y evaluar así si es suficiente el alza realizada previamente. “El informe señala que con las dificultades que hay con la inflación se debería revisar a los seis meses. Esto ya lo hacen algunos países de nuestro entorno”, ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante la presentación del informe. La previsión es que el alza se apruebe en Consejo de Ministros antes de acabar el año, aunque no preocupa si se produjese ya en 2023 porque tendría efectos retroactivos desde principio de enero.

El contexto inestable al que alude el informe se refiere principalmente al varapalo que propina la inflación en el bolsillo de las rentas más bajas, uno de los acicates principales para seguir impulsando el salario mínimo. Y esto, según el Gobierno, tendrá un escaso coste sobre el mercado laboral. “Se decía que la subida del SMI destruía empleo, pero creo que este debate se ha superado. Además, ha servido para mejorar el principal problema de España: reducir la desigualdad”, ha añadido Díaz. En línea con lo que se argumenta en el análisis de los expertos presentado este lunes: “Las subidas del SMI han tenido un impacto marginal sobre el crecimiento del empleo, minorando, en el peor de los casos, de forma muy poco intensa su aumento, al tiempo que han contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad”.

Sobre los detalles técnicos del estudio ocupa un papel relevante el aumento del mínimo exento en el impuesto sobre la renta hasta los 15.000 euros el próximo año. Este incremento permitirá que el SMI alcance el 60% del salario medio con subidas que son inferiores en términos brutos si se mantuviesen las retenciones que existían. Esto supone, por tanto, una transferencia parcial del coste de la revalorización del salario mínimo de las empresas a las arcas públicas, que verán reducidos sus ingresos del IRPF.

En este contexto, ahora es el turno de retomar el diálogo con sindicatos y patronal para decidir qué valor de la horquilla se toma. “No me inclino por ningún valor. Vamos a escuchar primero a la mesa de diálogo y veremos lo que consideran los agentes sociales”, ha repetido la vicepresidenta segunda del Gobierno. Un encuentro en el que hay dudas sobre si asistirá la patronal. “Los agentes sociales han jugado un papel clave en la crisis del coronavirus y espero que siga siendo así. Quiero pensar que el ruido político de la pasada semana en el Congreso de los Diputados no va a contagiar al diálogo social. Si ocurre, sería muy preocupante”, ha advertido Díaz.

Contrarrestar la inflación

Sea cual sea la cifra por la que se opte, Trabajo considera que el alza deberá mantener el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables. Es decir, debería ser suficiente para amortiguar el golpe de una inflación que se situó en el 6,8% en noviembre y cuya media anual terminará alrededor del 8,5% (en la parte alta de la horquilla de incremento del SMI propuesto). En este motivo se entronca asimismo la recomendación de que el salario mínimo se revise de forma semestral, para paliar posibles deficiencias en el aumento escogido si hay finalmente una diferencia sustancial.

“La comisión considera oportuno proceder a revisar, como así permite el Estatuto de los Trabajadores, la evolución del SMI tras seis meses de su actualización, con la finalidad de evaluar su suficiencia en un contexto inflacionista”, zanja el informe. La comisión de expertos tenía como encargo de calcular qué cifra es necesaria para elevar el SMI al 60% del salario medio en España para un trabajador a tiempo completo en 2022. Para alcanzar dicha cota, el cálculo se realiza primero en términos netos de renta y cotizaciones, como señala la Carta Social. De esta forma, al no hacerlo sobre el salario bruto, se asegura que el incremento llega al completo a los asalariados más vulnerables.