UGT y CC OO aceptan la propuesta del Gobierno de subir el sueldo de los trabajadores públicos un 9,5% en los próximos tres años

El acuerdo, rechazado por CSIF, contempla varias cláusulas salariales que dependen del comportamiento del IPC y del PIB nominal

Varias personas participan, con pancartas, en una manifestación a favor de la subida salarial de los trabajadores públicos el 21 de septiembre en Madrid.
Varias personas participan, con pancartas, en una manifestación a favor de la subida salarial de los trabajadores públicos el 21 de septiembre en Madrid.Jesús Hellín (Europa Press)

El Gobierno ha acordado con UGT y CC OO subir el salario de los trabajadores públicos un 9,5% durante los próximos tres años. El otro sindicato mayoritario, CSIF, ha rechazado la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda por considerar que “se queda corta” y que no evita que la plantilla pública “siga perdiendo poder adquisitivo”. El pacto trianual contempla una subida adicional del 1,5% para 2022 (que se suma al 2% que ya se aplicó a comienzos de año); del 2,5% para 2023 (que podría incrementarse en un punto porcentual, como adelantó EL PAÍS, en función de la evolución del IPC y del PIB); y del 2% para 2024 (con posibilidad de elevarse un 0,5% de acuerdo con la inflación). Junto a estas alzas, también se han incorporado otra serie mejoras en las condiciones de trabajo que los más de tres millones de empleados públicos venían reclamando durante los últimos años.

Si bien el sindicato UGT dio el visto bueno a la oferta planteada por Hacienda el pasado jueves —que no ha variado en cuanto a los porcentajes de elevación respecto a la presentada este lunes—, CC OO ha necesitado tres días más para aceptar el planteamiento del departamento de María Jesús Montero. Después de una segunda reunión, que ha durado más de tres horas, Miguel Borra, presidente de CSIF, ha informado de que su organización no suscribía el acuerdo por considerarla insuficiente. “No vamos a avalar con nuestra firma un acuerdo que desde el minuto cero implica que los empleados públicos de este país vamos a volver a perder capacidad adquisitiva”, ha señalado. Este sindicato fue el único que recibió con cierto recelo la última propuesta del Gobierno. Según sus cálculos, los trabajadores públicos acumulan en la última década una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%, por lo que se niegan a aceptar cualquier alza que no alcance “los dos dígitos”. Borra no ha descartado que vuelvan a convocar movilizaciones “o pasar a otro tipo de actuaciones”, para reclamar una subida salarial más elevada, como ya hicieron a finales del mes pasado por las calles de Madrid. A pesar del rechazo de CSIF, el nuevo marco salarial será plasmado en los próximos Presupuestos Generales, puesto que no se ha convocado nuevamente la mesa de diálogo.

“La subida que proporciona el acuerdo amortigua, de manera razonablemente realista, los efectos de la subida de la inflación en el poder de compra de los casi tres millones de empleados públicos de nuestro país”, ha celebrado UGT esta mañana. “Apoyamos este acuerdo desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad que nos caracteriza”, ha indicado Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios. En su opinión, el texto “pone en alza la importancia de la negociación colectiva para lograr acuerdos que mejoren la vida de los trabajadores y la ciudadanía en general. Por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendremos un incremento salarial, en vez de sufrir recortes en derechos y nuestros sueldos”, ha remachado.

“CC OO valora este preacuerdo, que se deberá cerrar en pocas semanas, calendarizado para su desarrollo, y seguirá trabajando por la recuperación del resto de materias que aún no se han podido conseguir, como la mejora de haberes reguladores de clases pasivas, la indemnización por residencia, o la aportación a los planes de pensiones públicos, entre otros, que lo haremos en la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2023, con los grupos parlamentarios”, ha indicado este sindicato a través de un comunicado.

A pesar de que la subida pactada establece un aumento de los sueldos del 9,5% al final del trienio, para que esto sea así deben darse varias circunstancias. En primer lugar, para que en 2023 puedan aplicarse las dos cláusulas que abrirían la puerta a un aumento de un punto porcentual, el IPC acumulado de 2022 y 2023 tendría que superar el 6%. Es decir, que la suma del IPC medio de ambos años exceda ese porcentaje. Esta subida, además, tendría carácter retroactivo, sería consolidable y se haría efectiva en octubre de 2023. Y la otra, que el PIB nominal (esto es, contando la inflación) en 2023 llegase al 5,9%. Para 2024 la subida fija se ha establecido en un 2% más un 0,5% variable, siempre que el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%. De igual forma que en el año anterior, se cobraría con carácter retroactivo y será consolidable.

Eliminar limitaciones

Junto con los aumentos plurianuales, el Gobierno se ha comprometido a cumplir con otra serie de reclamaciones de los trabajadores públicos. Es el caso de la eliminación de la limitación que impide la implantación plena de la jornada laboral de 35 horas semanales, la aplicación de la clasificación de las distintas categorías profesionales, y la derogación de los últimos recortes.

El pacto también recoge la flexibilización de la promoción interna, la revisión de los procesos selectivos, la puesta en marcha efectiva del teletrabajo, la actualización de la clasificación de los centros penitenciarios del país, la recuperación de la jubilación parcial anticipada de los funcionarios públicos, la recuperación del carácter de mínimos de los permisos y vacaciones en la negociación colectiva y la regularización de las condiciones del personal laboral en el exterior (PLEX).

Según los últimos datos disponibles, de 2020, extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el salario medio de un empleado público se situó entonces en los 2.884 euros al mes (en 12 pagas). Utilizando esta referencia, el incremento del 9,5% durante los próximos tres años sería de 259,56 euros, lo que daría como resultado un total de 3.143,59 euros mensuales (37.722,72 al año).

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Gorka R. Pérez

Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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