El personal laboral de las embajadas pide cobrar lo “suficiente” para vivir en Israel, Bélgica o el Reino Unido

Las protestas empezaron en Londres y se extienden desde Bruselas, donde se encuentra la mayor delegación diplomática española, a Tel Aviv, entre otras ciudades

Protesta del personal laboral en el exterior en Tel Aviv, este miércoles cerca de la embajada española.
Protesta del personal laboral en el exterior en Tel Aviv, este miércoles cerca de la embajada española.Imagen cedida por Cristina Cardiel

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta un conflicto laboral poco común en el sector diplomático, identificado habitualmente con salarios y complementos que recompensan generosamente los destinos fuera de España. Pero las embajadas cuentan también con un personal laboral local que se ha puesto en pie de guerra para denunciar que en ciertos casos viven en el desamparo laboral porque no se les reconocen ni los derechos de la legislación española, ni los del país donde han sido contratados. Las protestas de esa plantilla, formada por unas 5.000 personas, está ganando fuerza tanto en Bruselas, donde se encuentra la mayor embajada española, como en otras capitales, desde Londres a Tel Aviv.

El germen del problema se remonta a 2009, “cuando, en plena crisis económica, se congelaron los salarios de los trabajadores públicos”, recuerda Osmany Llanes-Melo, responsable de CC OO en el Servicio Exterior. Hasta entonces, el salario del personal laboral exterior estaba sujeto a una revisión salarial anual que tenía en cuenta las fluctuaciones del IPC en cada país. “Esto decayó en 2009. Pero es que en 2016, cuando sí empezaron a subir los salarios públicos en España, se ignoró al personal laboral”. Para echar más leña al fuego, esta congelación afecta al personal laboral, pero no a los 2.500 funcionarios en el exterior, cuyos salarios sí han crecido en los últimos años.

El conflicto empezó a visibilizarse en el Reino Unido. “Nos pusimos en huelga el 14 de marzo”, explica un portavoz del personal laboral en el Reino Unido, empleado en la cancillería de la embajada en Londres. “Lo hicimos porque no podemos más. La congelación de nuestros salarios los ha devaluado casi un 30% en los últimos 10 años. Las condiciones son tan pobres que no encontramos personal: hemos pasado de 120 a unos 100 trabajadores. Además, la crisis del Brexit multiplicó nuestra carga de trabajo”. Cobra 12 libras la hora (el salario mínimo es 9,5, unos 11 euros al cambio), “un sueldo muy por debajo del necesario para poder sobrevivir en Londres”, critica. Se sienten “abandonados”, una palabra que repiten los trabajadores de instituciones españolas en otros muchos países.

Preguntado por el conflicto laboral en el Reino Unido, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, prometió el 9 de mayo una solución “en semanas”. “Me lo tomo muy en serio”, dijo, a la vez que reconoció que las condiciones laborales de estos trabajadores “no son buenas”. Este compromiso del ministro puso fin a la huelga de los trabajadores británicos. Fuentes de Exteriores y sindicales indican que la subida salarial en el Reino Unido será de entre un 8% y un 10%, “insuficiente” según los representantes de los sindicatos.

Las mismas fuentes apuntan, como adelantó El Periódico de España, que también se revisarán “pronto” los salarios del personal laboral de otros siete países: Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Noruega y Suecia. La situación en estos países se abordará después de la del Reino Unido, “el caso más urgente”, según fuentes de Exteriores. Las mismas fuentes señalan que “en los próximos días” se tratará el tema en una reunión de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR). “Lo que solicito a todos los contratados laborales que tiene España en el mundo es tranquilidad, paciencia, porque nos toca en estos momentos recuperar una situación que se ha ido degradando durante 13 años. Se le va a dar solución, pero no se puede solucionar en un día”, añadió Albares en la misma rueda de prensa.

En la mayor delegación, a la espera

Entre las delegaciones cuyos salarios mejorarán, en principio, no está la de Bruselas, el buque insignia de la diplomacia española por tratarse de la más numerosa en el mundo. Allí la chispa de las protestas saltó el 10 de mayo, con una primera movilización en la Representación Permanente de España ante la UE. Las quejas en la capital comunitaria se han extendido también este martes a la embajada bilateral en Bélgica y a los servicios consulares en ese país. La Representación por sí sola es un mastodonte con unos 300 empleados, de los que casi un tercio son personal laboral contratado localmente.

Elisa Marín, miembro de UGT y presidenta del Comité de empresa PLEX, órgano que representa al personal laboral de Exteriores, señala que las reivindicaciones son casi idénticas en todos los países. “Se trata de la revisión de los salarios ante la evidente pérdida de poder adquisitivo y el aumento del coste de la vida; de que se aplique la legislación laboral local por estar indicada en los contratos, en especial la indexación de los sueldos [en Bélgica, Luxemburgo, Chipre y Malta]; y del reembolso de los gastos de transporte, que ya paga el Ministerio de Asuntos Exteriores [pero no otros ministerios]”, enumera la presidenta del Comité de empresa.

En la Representación ante la UE, encargada de las negociaciones que cada día se libran en las instituciones comunitarias, 90 contratados locales sufren una congelación salarial desde 2009, a pesar de que la legislación belga prevé una actualización automática de los salarios acorde con el nivel anual de inflación, según los representantes de los trabajadores. Los trabajadores se quejan: “No podemos recurrir a la inspección laboral española porque estamos sujetos a legislación belga”, según un comunicado de sus representantes. “Y no podemos recurrir a la inspección laboral belga porque las embajadas gozan de inmunidad diplomática y no cabe inspección alguna por parte de Estados terceros”, añaden. Sebastián Trenado, responsable de UGT Servicios Públicos del Exterior, asegura que este mismo limbo se da en otros muchos países.

La tierra de nadie desde el punto de vista de derechos laborales se ha traducido, en el caso belga, en una pérdida de poder adquisitivo del 30%, según los trabajadores. En 13 años, solo han tenido, según la misma fuente, una revisión salarial al alza del 3,22% en 2019. Durante ese tiempo, la legislación belga ha impuesto cinco subidas salariales, con un incremento acumulado del 10,4% para ajustar el poder adquisitivo de los trabajadores al alza de precios. La convocatoria más reciente para un puesto de personal laboral en la Representación en Bruselas, con categoría de oficial y abierta a personas con título de bachiller, prevé un salario íntegro de 3.115 euros mensuales. Otra, para un contrato de conductor durante 12 meses, fija 2.380 euros al mes. Las estadísticas belgas muestran que el salario mediano en el país son 3.486 euros brutos al mes, y únicamente el 10% de los trabajadores percibe menos de 2.295 euros mensuales.

La situación actual del personal laboral en el exterior ha derivado en la reducción de plantillas de los servicios consulares por la marcha de trabajadores que “han llegado a pedir subsidios sociales en los diferentes países donde residen para llegar a fin de mes”, según Marín. En Países Bajos, por ejemplo, “la colonia española suma unos 50.000 residentes, que deben ser atendidos por una plantilla de 46 personas, contando a los trabajadores del Instituto Cervantes”. En Bélgica, “hay 21 personas para 75.000 españoles”. Sin olvidar que no todas las delegaciones cuentan con servicios adecuados para el acceso de personas con problemas de movilidad. Solucionarlo es otra de las reivindicaciones.

Trenado cree que hasta 2009 trabajar en una embajada era “algo interesante económicamente”, pero “eso desapareció hace 10 años”. “Los puestos han dejado de ser atractivos, las plazas que se convocan quedan desiertas... Es muy alarmante. El despistado que se presenta no dura más de seis meses. Se da cuenta de que para un trabajo que le exigen formación y hablar varios idiomas cobra el salario mínimo o incluso menos”, añade. Apunta a las embajadas de países más desarrollados, “donde la vida se ha encarecido mucho”, como las que ofrecen un peor panorama para el personal laboral.

Un factor importante en todo este conflicto es la derivada judicial. CC OO presentó en 2018 una demanda de conflicto colectivo por la “vulneración” de la negociación que cada año actualizaba los salarios teniendo en cuenta el IPC de cada país, hasta 2009. En 2020 el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid dio la razón al sindicato, pero cabía recurso frente al fallo. CC OO espera que antes de final de mes se resuelva el recurso.

Contagio de protestas

El movimiento del personal laboral se reproduce en muchos países. En Países Bajos, la protesta del personal dio comienzo el pasado 3 de mayo y se repite todas las semanas. Otro tanto ocurre en Reino Unido, Alemania, Uruguay y Australia, y se prepara ya en Francia e Italia. “Hay una movilización en ciernes en muchos países. Es indetenible”, opina el responsable de CC OO en el Servicio Exterior.

A principios de mayo también comenzaron las protestas en Tel Aviv (Israel), donde este miércoles se manifestaban junto a unos 15 compañeros Cristina Cardiel, administrativa de 50 años en la embajada en la ciudad, y Patricia Macías, empleada de 51 años de la sección política y de medios de comunicación. “El personal laboral somos los que conocemos los países, los que más podemos ayudar a la colonia de españoles. Somos el motor del servicio exterior, pero no se nos trata como tal. A los funcionarios públicos les actualizan el sueldo y a nosotros nada. No cobramos suficiente para vivir aquí”, lamenta Cardiel. Macías repite las palabras de su compañero en Londres: “Estamos abandonados”. Protestan a media mañana, durante la pausa del bocadillo, frente a la embajada.

Viven en la ciudad más cara del mundo, según la clasificación de The Economist. “Después de impuestos cobro unos 2.400 dólares (2.283 euros). Una guardería normal y corriente cuesta 1.200 dólares al mes (1.141 euros). Y en otros departamentos están aún peor: en el Instituto Cervantes rondan los 1.800 dólares (1.712 euros), en una ciudad en la que un café cualquiera cuesta unos cinco euros ”, añade Cardiel. “Hemos informado de la carestía que sufrimos a Exteriores. Hemos aportado informes económicos, pero no parece que vayamos a estar incluidos en la primera subida salarial”, comenta Macías. Creen que los trabajadores del Reino Unido han conseguido ponerse los primeros en la lista porque fueron a la huelga. “Todas las medidas están sobre la mesa. Ya hay una parte del personal que quiere tomar las riendas y ser más agresivos”, añade Cardiel.

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