El Gobierno financiará en 2022 la creación de 88.000 plazas de FP y la acreditación de competencias de 785.000 trabajadores sin título

El Consejo de Ministros aprueba este martes el reparto de 1.239 millones en formación para el empleo y la modernización del sistema de enseñanzas profesionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (en el centro), junto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría (de pie, tercera por la derecha), durante la visita este lunes Centro Integrado Público de Formación Profesional de Mislata (Valencia).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (en el centro), junto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría (de pie, tercera por la derecha), durante la visita este lunes Centro Integrado Público de Formación Profesional de Mislata (Valencia).Kai FORSTERLING (EFE)

El Consejo de Ministros aprobará este martes el reparto de 1.239 millones de euros para formación profesional, según adelantó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la cifra anual más alta invertida hasta ahora en este ámbito por el Ejecutivo central. La mayor parte de ese dinero (algo más de 846 millones, un 24% más que en 2021) se entregará a las comunidades para que alimenten su oferta de cursos para mejorar la formación de los trabajadores, sobre todo los que se encuentran en paro (casi 680 millones), pero también para la recualificación de los que están trabajando.

El resto, casi 393 millones procedentes de los fondos europeos para la recuperación económica tras la crisis sanitaria de la covid, se distribuirá entre los gobiernos autonómicos para que sigan desarrollando el Plan de Modernización de la Formación Profesional iniciado en 2020. Con los fondos de este año (un 30% más que en 2021) se pretende, entre otras cosas, crear 88.000 nuevas plazas de FP (55.000 ordinarias y otras 33.000 bilingües) que se sumarán a las 130.000 creadas en los dos últimos cursos escolares (con lo que se alcanzará ya el objetivo de llegar a 200.000 en 2024) y acreditar las competencias de 785.000 trabajadores que en estos momentos carecen de titulación.

Este tipo de acreditaciones (por las que un trabajador ve reconocidas las competencias adquiridas por medio de la experiencia laboral o por vías no formales de formación) llevan años en la legislación sin que su uso llegue a despegar; en la última década ha alcanzado a unas 300.000 personas y se calcula que hay unos 11 millones de personas en España que podrían beneficiarse de este proceso. Pero ahora, las acreditaciones (el objetivo del Gobierno es llegar con ellas a tres millones de trabajadores en cuatro años) están en el centro de una estrategia de Formación Profesional que ha reunido por primera vez la gestión de la formación para el empleo de los trabajadores y la FP clásica (la de los institutos) dentro de un solo organismo (el Ministerio de Educación) y a la que se ha dado cobertura con una ley aprobada el pasado marzo (la norma aumenta el tiempo de formación en la empresa y facilita la comunicación entre la FP y la Universidad).

Para que todo el sistema encaje, la base es un renovado catálogo nacional de cualificaciones, diseñado a partir de pequeñas unidades de competencia (conjunto mínimo de conocimientos y capacidades que permite desarrollar alguna actividad profesional concreta). Estas son cada una de las piezas que conforman cada uno de los cursos del sistema: los que conducen a los certificados de profesionalidad de formación para el empleo, y a los títulos oficiales de FP de grado medio (a los que se accede después de la ESO), de grado superior (desde bachillerato) y a los cursos de especialización (especie de máster de FP que permiten responder rápidamente a las nuevas necesidades del mercado laboral). Como su esqueleto es el mismo, el reconocimiento y las entradas y salidas entre unas y otras opciones resulta mucho más sencillo. De hecho, como las acreditaciones de trabajadores (después de una evaluación y un periodo de orientación) se hacen sobre esas mismas unidades de competencia, los módulos de asignaturas equivalentes les pueden ser convalidadas si deciden reengancharse en el sistema para conseguir un certificado o un título de FP.

Así, para evaluar y acreditar competencias en 2022 se han previsto 179,6 millones. Para crear esas 88.000 nuevas plazas ordinarias de FP serán 192,99 millones (en la última década, la FP ha ganado 314.000 alumnos y el enorme crecimiento de la privada ha dejado en evidencia la falta de oferta pública). El resto de los fondos se repartirá de la siguiente manera: 13,7 millones para convertir 206 aulas en espacios de tecnología aplicada (a sumar a las 433 actuales) y 6,6 millones para crear 1.327 aulas de emprendimiento (ahora son 953).

El siguiente es el desglose por comunidades de los fondos para FP aprobados por el Gobierno para 2022:

El anuncio del nuevo impulso presupuestario para la transformación de la FP ha sido bien recibido por las organizaciones sindicales y empresariales. “Aunque lamentamos que los representantes del profesorado nos hayamos tenido que enterar por la prensa”, critica, sin embargo, Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de UGT. Su preocupación principal, igual que la de Pedro Badía, secretario de Política Educativa de CC OO, es que estos fondos sean “finalistas”, esto es, “que se dediquen para lo que están presupuestados”. Pero, sobre todo, que el desarrollo de la nueva Ley de Formación Profesional “se nutra en el futuro de fondos propios y no solo de los europeos”, para que su despliegue no se vea comprometido, señala el responsable de CC OO.

Juan Carlos Tejada, director de Educación y Formación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), opina que “la FP se ha disparado en los últimos tres años”, y que “ha venido para quedarse”. “Las empresas cada vez están apostando más por ella, y, por eso, sería interesante que antes de aumentar el número de plazas se hiciera una prospección en el mercado de trabajo para ver qué tipo de perfiles están siendo los más demandados y poder cubrir así esas necesidades”, señala Tejada, en forma de queja velada. “Todavía estamos en negociaciones con el Ministerio de Trabajo sobre la letra pequeña, pero todo lo que tiene que ver con dotar de fondos la FP es una noticia muy positiva”, concluye.

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