Salarios públicos e inflación

El Gobierno propone subir los sueldos de la función pública hasta un 3,5% este año, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024, en lo que parece un punto de partida realista para abrir una negociación que se mueva dentro de márgenes asumibles. La reacción del Ejecutivo llega tras una manifestación sindical de empleados públicos, ante la proximidad de la reunión de la mesa de negociación de la función pública y apenas horas antes de que los sindicatos anuncien el calendario de movilizaciones previsto para este otoño. También la inminente elaboración de los presupuestos hace inexcusable que el Gobierno acuerde con los sindicatos el modo de combatir el mordisco de la inflación para los funcionarios y para todos los trabajadores.

La propuesta de incremento del Gobierno corresponde a un rango sensato que combina exigencias lógicas, no siempre coincidentes. Por un lado, supone una recuperación tangible, aunque parcial, del poder adquisitivo que se perderá el año próximo a causa de la inflación, previsiblemente inferior a la del actual ejercicio (pero aún muy abultada). Por otra parte, y al situarse por debajo de la subida de los precios, suavizaría un efecto de segunda ronda, es decir, una espiral creciente en la que cada uno repercute todos los gastos que le aumentan, de forma que al final la bola de nieve inflacionaria se retroalimenta.

La lógica implícita en la oferta del Gobierno pasa por cerrar un acuerdo a varios años para repartir el coste de la inflación. De esta forma, como sucede muchas veces en la UE, los sacrificios de hoy podrían verse compensados a medio plazo, en un enfoque que las centrales sindicales estaban dispuestas a asumir en los primeros compases de la interrumpida concertación social.

Precisamente, otro efecto positivo de este aumento salarial a varios años afecta al pacto de rentas, que quedó paralizado ya antes del verano no exactamente por el lado sindical, sino, sobre todo, por la negativa de la patronal a seguir la negociación. La CEOE alega que no quiere interferir en las discusiones de los convenios, cuando la realidad es que estos se llevan negociando desde hace meses y la patronal se decía entonces dispuesta al pacto global. Los empresarios han venido rechazando la demanda sindical de obtener compensaciones automáticas en el futuro para asumir el sacrificio actual de la contención salarial.

Habrá que ver si la fórmula que el Gobierno propone para los funcionarios persuade a los empresarios de que existen pautas para el acuerdo, y que estas pueden ser útiles tanto para la empresa privada como para el sector público. La pelota está ahora en su tejado. Una nueva negativa sin justificación sólida evidenciaría la flaqueza de su voluntad de pacto, sin excluir que esa actuación respondiese a la presión rupturista que ejerce el primer partido de la oposición.

Quienes boicotean el pacto de rentas (mientras lo alaban de forma retórica) deberían explicar que antes exigieron a la Administración que diese ejemplo de la misma conducta comprometiéndose en los aumentos salariales para sus empleados. Esta excusa ha quedado obsoleta con el último movimiento del Gobierno. También se imputaba el exceso de temporalidad en el empleo al abuso de estos contratos en el sector público, lo que en buena parte era cierto. Como el Ejecutivo también estabilizó a muchos empleados temporales de la Administración y lanzó una generosa convocatoria de plazas fijas, se alegó que ahí se sustentaba la evidente mejora del empleo que registra España. Era, de nuevo, otra coartada pero también dejó de funcionar, y no es el momento de seguir inventándolas.