editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

45.000 empleos públicos

El acuerdo alcanzado culmina con una oferta récord el refuerzo de la Administración iniciado en los últimos años

Examen de oposiciones a la Administración Pública en Madrid, el pasado febrero.
Examen de oposiciones a la Administración Pública en Madrid, el pasado febrero.Rodrígo Jiménez (EFE)

El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo sobre empleo público que significa la reversión del enflaquecimiento que vivió la Administración durante la Gran Recesión. Desde la llegada del Gobierno de coalición en 2018 el aumento de la oferta ha sido notorio, pero el acuerdo alcanzado el miércoles significa la aprobación de una convocatoria histórica e inédita de 44.788 plazas de empleos públicos. En torno a 22.000 de esas plazas amplían plantillas, otras 12.000 son de promoción interna y el resto de consolidación de empleo temporal. Las plazas se destinarán mayoritariamente a la Administración General del Estado, que recibirá más de 25.000, e irán complementadas con plazas para Justicia, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, Ejército y Seguridad Social. No hay precedentes para semejante cifra de empleo público y supone, en palabras de los sindicatos que han alcanzado el acuerdo, revertir los recortes que supusieron las tasas de reposición cero que se aprobaron durante el ajuste de los años 2011 a 2014, en los que las jubilaciones de funcionarios se quedaron sin cubrir. El resultado de aquella medida, pensada para ahorrar costes permanentes de personal, dejó una Administración escuálida y debilitada, con serios problemas para ejecutar adecuadamente muchos de sus servicios, con una plantilla del sector público por debajo de la media de la OCDE y con un excesivo recurso a la subcontratación a través de empresas públicas y privadas, con menores restricciones para contratar personal.

La decisión no podía ser más oportuna. Tras años sin una adecuada renovación del personal de las administraciones públicas, España es, según la OCDE, uno de los países con la plantilla de funcionarios más envejecida en múltiples sectores, y solo superada por Grecia y por Italia: el 65,54% de los trabajadores de administraciones del Estado tiene más de 50 años. En la OCDE los trabajadores públicos menores de 35 años suponen el 19%, mientras que en España esta cifra se reduce hasta un exiguo 5% del total. También España ha sido en varias ocasiones reprendida por la tasa de temporalidad de sus trabajadores públicos, una de las más altas de la Unión Europea. A falta de la posibilidad de consolidar plazas —y, por lo tanto, gastos de personal— se optó por cubrir numerosos servicios públicos con plazas interinas o de personal laboral con contratos temporales. El resultado ha sido una creciente masa de trabajadores públicos sometidos a la inestabilidad laboral y una ausencia de personal con carreras funcionariales estables, que necesariamente ha terminado afectando a la eficacia y eficiencia de servicios como la administración de justicia, pero también en la sanidad y la enseñanza. Pero hay más: los retrasos en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital han tenido mucho que ver con la ausencia de funcionarios en las oficinas de la Seguridad Social, y las dudas sobre la capacidad de gestión del Fondo de Recuperación tienen una de sus razones en la escasez de personal cualificado.

La decisión de reforzar los servicios públicos dependientes del Estado avanza en la buena dirección, pero debe ser completada con un ejercicio igualmente ambicioso por parte de las administraciones públicas autonómicas y locales porque todas están sujetas a los mismos condicionantes de envejecimiento, escasez y temporalidad. Si queremos servicios públicos de calidad, es imprescindible contar con los recursos humanos necesarios, tanto en términos de cantidad como de calidad.

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