El Gobierno sacará una oferta de empleo público récord con 44.788 plazas para ministerios, Justicia, policía y ejército

El Ministerio de Hacienda y Función Pública lanzará este año la mayor oferta de empleo público de la historia: 44.788 plazas, repartidas entre 22.009 de nuevo ingreso, 12.142 de promoción interna y 10.637 puestos para estabilizar personal interino. El Gobierno pretende así reforzar la Administración del Estado y dotar de más personal a una plantilla pública extenuada tras la pandemia y laminada tras años de recortes.

Se trata de una propuesta que supera en 13.417 efectivos a la planteada en 2021, que ya fue récord, porque, a diferencia de lo ocurrido hace un año, la oferta para este año contempla plazas de estabilización para que los interinos puedan consolidar su plaza. “El Gobierno, dentro de su ADN más íntimo, tiene el de fortalecer las políticas públicas y para eso se necesitan trabajadores y estabilidad laboral”, ha dicho este martes la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado esta oferta pública de empleo. Montero ha destacado que, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, se han aprobado más de 143.000 plazas en cinco ofertas, “más del doble que las que acordó Rajoy en siete años”.

Del total de plazas, 25.471 serán específicas para la Administración General del Estado. De estas, 15.880 serán de nuevo ingreso y 9.591 de promoción interna, según adelantaron las organizaciones sindicales. A Justicia irán destinadas 1.737 plazas, 4.992 para Policía y Guardia Civil y 1.951 para el ejército. De entre todas las plazas ofertadas, 1.150 se destinarán a reforzar la Seguridad Social, uno de los organismos públicos que ha sufrido más cuellos de botella en la pandemia, por la gestión del ingreso mínimo vital.

Los tres sindicatos más representativos en el sector público que han participado durante las reuniones con el Ministerio de Hacienda celebraron el acuerdo. Para CC OO esta oferta “supone un avance en la recuperación del empleo público perdido en los últimos años”, mientras que desde CSIF consideraron que con ella se “persigue garantizar la adecuada cobertura de efectivos y prestar unos servicios públicos en condiciones óptimas para garantizar los derechos y prestaciones que reclama la ciudadanía”. En UGT festejaron que la propuesta permita estabilizar puestos de tal manera que va a permitir a la Administración General del Estado “presumir de empleo tanto de cantidad, como de calidad”.

Las relaciones entre los organismos que defienden a los trabajadores públicos y el Gobierno han atravesado momentos complicados en las últimas semanas. Ante la falta de una resolución, la amenaza de movilizaciones planeó sobre la mesa. Sin embargo, a pesar de la tensión acumulada, el Gobierno se ha destapado con una propuesta mucho más elevada de las que venía planteando, y que, en última instancia, contemplaba la convocatoria de 23.000 plazas.

Las reclamaciones del colectivo de empleados públicos —que según los últimos registros oficiales bordea las 2,8 millones de personas— han versado durante los últimos años sobre la denuncia de recortes continuos en la plantilla, motivados, principalmente, a partir de la desaparición de la tasa de reposición —que mide la diferencia entre el número de funcionarios que se jubilan y los que entran para cubrir esas vacantes—, y que ha repercutido negativamente sobre el servicio prestado. Esta falta de reemplazo y de captación de nuevos perfiles ha provocado también un envejecimiento de la plantilla —el 65,54% de los trabajadores de Administraciones del Estado tiene más de 50 años—, que ha condicionado el diseño de las sucesivas ofertas públicas de empleo.

Los males actuales del colectivo de funcionarios se remontan a lo sucedido, particularmente, durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015, cuando el Gobierno del PP de Mariano Rajoy tomó la decisión de no cubrir ninguna de las plazas vacantes y de congelar los salarios públicos. En los años 2016, 2017 y 2018 tan solo decidió cubrir el 50% de las plazas pendientes, y en 2019 este porcentaje aumentó al 75%. Con la entrada del Gobierno de coalición en 2020, las ofertas de empleo público en la Administración del Estado han ido creciendo progresivamente: de las 28.055 de la primera convocatoria, se pasó a las 30.445 de 2021 y, ahora, a 34.151; y el total de empleados públicos no ha hecho más que subir.

Uno de los apartados fundamentales que recoge el planteamiento del Gobierno hace referencia a la agilización de los procesos de ejecución, que han llegado a acumular retrasos de hasta dos años. Para que esto no vuelva a suceder, las convocatorias se publicarán en el mismo ejercicio en el que se apruebe la OEP, y se establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2022 para que “los trabajos para propiciar la agilización que se persigue” deban estar finalizados.

Simplificación

Según el texto firmado, Gobierno y sindicatos se han comprometido a negociar en los próximos tres meses un proceso de revisión de los procedimientos de promoción interna del personal funcionario de carrera y del personal laboral, para tratar de simplificarlos “en aras de su mejora”. Además de esto, también se contempla la realización de una planificación plurianual de las necesidades de personal de la Administración, para determinar los recursos óptimos para la prestación de los servicios y anticipar la incorporación de personal que se deberá recoger en las posteriores ofertas.

En cuanto a las características de la oposición, se ha acordado simplificar y reducir los temarios y ejercicios “para no incidir en contenidos ya conocidos como consecuencia de su desempeño por las personas aspirantes”, así como, la reserva de nota de la fase de oposición para una próxima convocatoria si no se supera el proceso. Por otro lado, en lo referente a la fase de concurso, se ha acordado “reforzar el curso selectivo como fase formativa y de evaluación de contenidos prácticos directamente relacionados con la selección”, para la adjudicación de las nuevas plazas a las personas candidatas que lo superen.

A pesar de que con esta oferta la plantilla de empleados públicos de la Administración General del Estado crecerá sustancialmente, los sindicatos siguen reclamando una mejora salarial. “Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15% y urge negociar ya la subida salarial”, indican desde CSIF.