La falta de manos atasca la Seguridad Social

Cientos de trámites administrativos permanecen varados como consecuencia del atasco en el que se encuentran sumidos la mayoría de organismos públicos, con el personal exhausto tras la pandemia, según denuncian los funcionarios y los sindicatos que los representan, quienes claman contra el Gobierno porque dicen que les sigue faltando personal y que no dan abasto. Avisan de que hay prestaciones cuyo pago corresponde a la Seguridad Social que acumulan, en algunos casos, un retraso de hasta cuatro meses. El término que dicen mejor define su situación es el de “colapso”.

Basta con hacer una búsqueda por las redes sociales con las palabras “cita previa Seguridad Social” para descubrir un torrente de quejas por parte de todos aquellos que no consiguen que ningún empleado público les atienda, ni personal, ni telefónicamente. Harto, José Antonio Padilla ha ido un paso más allá, y ha registrado una campaña en la plataforma digital change.org que lleva por lema “¡Atiéndame! Soy contribuyente, no idiota”, que supera el centenar de firmas. “Es vergonzoso lo que está pasando con el servicio público. No hay derecho”, lamenta al otro lado del teléfono.

Una delicada situación familiar ha hecho que explote. Su suegra, una mujer mayor, de nacionalidad británica ―“que durante toda su vida no ha hecho más que preocuparse por los demás”―, y que padece una enfermedad terminal, decidió mudarse con su hija y su yerno, José Antonio, a la casa de ambos en Madrid después de que su marido muriera. “Llamé por teléfono al National Health Service, ―el organismo sanitario que realiza labores que en España corresponden al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)―, y en apenas diez días me enviaron por correo certificado toda la documentación necesaria, validada por el Gobierno, para que pudiera completar el trámite de traslado en España. Han pasado más de dos meses y medio desde entonces, y sigo sin conseguir que me atiendan en ninguna oficina de la Comunidad de Madrid”, denuncia.

José Antonio ha formado con su mujer, su hijo y dos amigos más una especie de escuadrón militar telefónico, que acredita más de 1.000 llamadas en las últimas dos semanas. Todas sin éxito. “Es imposible. Entras en un bucle del que es imposible salir”, asegura. Esa palabra, “bucle”, se repite continuamente en los relatos de todos aquellos que siguen sin ser atendidos por la Administración en sus distintas modalidades. Porque José Antonio no ha conseguido que le cojan siquiera el teléfono, pero Guillem Montagut, sin embargo, no ha logrado encontrar la forma de escapar del laberinto digital en el que ha entrado al tratar de recurrir la negativa a la concesión de una incapacidad permanente después de contagiarse de covid y perder movilidad en los hombros. Es profesor de educación física.

En su cuenta de Twitter, Guillem colecciona pantallazos de su móvil, en los que evidencia ese nudo digital que no consigue deshacer. “Aunque no soy un experto, me pongo con el portátil, el teléfono móvil al lado, y nada. No hay manera”, reconoce por teléfono desde Barcelona. La Tesorería General de la Seguridad respondió a uno de sus tuits proponiéndole un enlace en el que no era necesario contar con una clave digital ―uno de sus mayores obstáculos―, para operar. “Pero tampoco me sirvió. Tengo un plazo de 30 días para recurrir la sentencia del tribunal médico, han pasado más de dos semanas y no he podido hacer nada”, dice con resignación.

Problema estructural

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconocen que la situación es compleja, pero señalan que los retrasos que están dando “no son tan elevados”. Reconocen que la plantilla se ha reducido en un 20% en los últimos 10 años (los sindicatos cifran en 7.468 los puestos de trabajo que es necesario cubrir), algo de lo que responsabilizan al Gobierno del PP, y son conscientes de que “hay un problema estructural”.

Sin embargo, fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá señalan que se ha tratado de revertir esta situación en los dos últimos años, y que en los últimos meses se han puesto muchas citas a disposición de los ciudadanos, “sobre todo las telefónicas, que son más prácticas”. También adelantan que se está experimentando con otras fórmulas como la videollamada, que ya opera para trámites como la expedición de la tarjeta sanitaria europea.

“Es necesario tomar medidas inmediatas y concretas: un plan de choque para el nombramiento del personal, una Oferta de Empleo Público extraordinaria que integre las plazas del plan de choque, formación en materia digital y garantizar el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones para evitar la brecha digital”, reitera Juana Olmeda, secretaria general de la federación de servicios de CC OO. En un informe publicado recientemente, este sindicato alerta de que casi uno de cada tres efectivos de la Seguridad Social (28,5%) se jubilará dentro de cinco años; una cifra que se duplicará holgadamente en una década (64,33%), y que en 15 años llegará hasta el 81% del personal.

“Acudir a la Seguridad Social no puede ser una carrera de obstáculos, la atención a la ciudadanía cada vez es más deficitaria, y la administración electrónica está generando una brecha digital de la que se aprovechan algunas empresas para ofrecer sus servicios y lucrarse. Con este panorama la Seguridad Social está abocada al colapso”, se suma Ignacio Galán, secretario general de la Sección Sindical de la Seguridad Social de CC OO.

Fuentes del sindicato CSIF, por su parte, advierten al ministerio de que preparan movilizaciones en la Seguridad Social para denunciar el retraso en las prestaciones y la falta de personal. “El denominado escudo social del Gobierno se ve seriamente comprometido en uno de los peores momentos económicos de los últimos años, ante la escalada de los precios, la crisis energética y la desaceleración”, denuncian.

Está previsto que este miércoles, Escrivá se reúna con los sindicatos más representativos del sector público para abordar un refuerzo de la plantilla. “Tengo preparada una carta para él que pienso enviarle en los próximos días”, adelanta José Antonio Padilla. “Esto no puede seguir así”, concluye.