El Gobierno acuerda con los sindicatos revisar las condiciones de los funcionarios

Los tres sindicatos más representativos en la Administración, CC OO, UGT y CSIF, han alcanzado un acuerdo con el Gobierno para diseñar un calendario negociador en el que se abordará la mejoría de la situación de los trabajadores públicos. Por medio de un comunicado conjunto, las organizaciones han anunciado que los encuentros con el Ministerio de Hacienda y Función Pública comenzarán el próximo 10 de febrero, y que en ellos se determinará una senda de modificaciones donde se abordarán apartados como la digitalización, la jubilación, la promoción interna, la movilidad y la carrera profesional, además de una revisión de sus remuneraciones.

Los representantes del colectivo de funcionarios, de algo menos de tres millones de personas según el último registro de Función Pública, vienen denunciado durante los últimos años una pérdida de poder adquisitivo, además de una merma de efectivos que ha comprometido el correcto ejercicio de sus funciones. Aunque el Gobierno decretó un aumento de los sueldos públicos del 0,9% en 2021, este se quedó muy lejos del 3,1% de subida media que registró el IPC el año pasado. En los Presupuestos de 2022 se determinó un nuevo incremento, esta vez del 2%, que organizaciones como CSIF califican de insuficiente, pues consideran que debe situarse, como mínimo, en el 3,6%. “Con la inflación de este año, los empleados públicos arrastramos una pérdida del poder adquisitivo superior al 13%, esto es insostenible y no se corresponde con el papel fundamental que están demostrando durante la pandemia”, señala Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF. “Nuestro objetivo es definir una senda de crecimiento plurianual que de estabilidad a los trabajadores públicos”, apunta Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos.

Además de pactar este horizonte negociador, durante la reunión que CC OO, UGT y CSIF han mantenido en el marco de la comisión de seguimiento del plan de choque para reducir la temporalidad se han analizado los instrumentos para establecer los criterios para el desarrollo de la nueva ley de temporalidad. “Lo que hemos buscado es que todas las administraciones tengan una hoja de ruta similar, sin obviar las peculiaridades que tienen todos los territorios”, añade Araque. Esta norma entró en vigor el pasado 30 de diciembre con el objetivo de rebajar la elevada tasa de temporalidad que presenta la Administración (31,6%) hasta el 8%. Se trata de un compromiso que adquirió el Gobierno con la Unión Europea a través de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sin embargo, la fórmula seleccionada para llevar a cabo esta regularización no convence a todas las organizaciones sindicales. Que el proceso de estabilización se lleve a cabo por medio de concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años, genera dudas legales en los agentes sociales. Según recoge la norma, las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de manera ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 se convocarán por el sistema de concurso de manera excepcional. Esto significa que las plazas estructurales de la Administración que lleven al menos cinco años ocupadas de forma interina, así como las ocupadas por personas interinas que lleven más de cinco años empleadas en la Administración se convocarán a través de este proceso extraordinario para su estabilización.

Seguridad jurídica

El formato seleccionado será el de concurso-oposición, contando para el primer apartado con un 40% del peso de la evaluación. Además, la experiencia será el elemento determinante en la valoración. Los ejercicios de la fase de oposición, por el contrario, podrán considerarse no eliminatorios. Estos planteamientos son los que, según reconocen algunas fuentes del diálogo social, generaban mayor incertidumbre legal, pues con ellas se podría vulnerar el derecho igualitario de acceso a los puestos públicos que protege la Constitución. Sin embargo, tras su aprobación el pasado 2 de diciembre en el Congreso, y posteriormente en el Senado, el sistema de estabilización no ha variado.

“Los sindicatos han pedido que el desarrollo de los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021 deben ofrecer seguridad jurídica y garantizar el principio de equidad para evitar que se produzcan situaciones lesivas para los y las aspirantes”, recoge, sin embargo, el comunicado.