Los sindicatos advierten sobre la inseguridad jurídica de dar una plaza fija a los interinos que lleven más de cinco años

El último golpe de timón para atajar la temporalidad en el sector público genera dudas en cuanto a su encaje judicial. El pacto alcanzado por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV en la noche del jueves que permite la convocatoria extraordinaria de un proceso de estabilización de plazas en la Administración podría vulnerar el derecho igualitario de acceso a los puestos públicos que protege la Constitución, según temen algunos sindicatos. El condicionante de que esté dirigida a los interinos que lleven al menos cinco años bajo esta condición es el que pone en jaque la aplicación de la norma. Como esta aún debe votarse en comisión parlamentaria y después en el pleno del Congreso, su redacción actual puede cambiar. Y a eso se agarran en el Ministerio de Hacienda y Función Pública para confrontar estas dudas.

“A veces se pueden querer hacer cosas que legalmente no se pueden hacer. Espero que este acuerdo no tenga, en este sentido, ninguna pega. No tengo pistas para decir lo contrario”, reconoció ayer Unai Sordo, secretario general de CC OO. “Queremos que lo que salga cuente con todos los beneplácitos y no se pueda echar atrás de ninguna manera y no lo tumben los tribunales”, se sumó Miguel Borra, presidente de CSIF.

La propuesta incluida en el acuerdo suscrito por los cuatro partidos toma forma en la disposición adicional sexta del documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. En ella se determina que a través de un sistema de concurso (no de oposición), serán convocadas “aquellas plazas que [...] hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016”. Fuentes de Función Pública matizan esta redacción: “serán convocadas a concurso aquellas plazas que hubieran estado ocupadas ininterrumpidamente durante un plazo mínimo de cinco años por el mismo interino, y aquellas que estén siendo ocupadas por un interino y este lleve al menos cinco años trabajando para la Administración, no necesariamente en el mismo puesto”.

Lo que se llevará a cabo, por tanto, es un proceso de estabilización de plazas, y no de funcionarios interinos. Serán los puestos que estos ocupan los que conformen la lista, por lo que no todos los interinos podrían acabar convirtiéndose en fijos sin opositar, a pesar de que cumplan con estos requisitos. Desde Hacienda ―que integra las competencias de Función Pública desde julio― señalan que el número total de listas no se dará a conocer hasta el 1 de junio de 2022, y aseguran no contar con ninguna estimación sobre su cuantía.

“Es dificilísimo saber cuántos interinos hay con al menos cinco años de antigüedad o que lleven cinco años ocupando el mismo puesto. No hay registros de eso. Las estimaciones que nosotros hacemos es que la cifra puede rondar el medio millón”, indican fuentes sindicales. Durante todo el proceso de regularización el Gobierno ha lanzado la cifra de 300.000 potenciales beneficiarios. “No sabemos de dónde sale esa cifra”, señalan.

El corte temporal sobre el que se fija el requisito de antigüedad también despierta recelo entre los sindicatos. En la anterior modificación, que se vio forzada a realizar la ministra Maria Jesús Montero para lograr el respaldo de ERC y que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros no se despeñase, se ampliaba el radio hasta aquellos con diez años. En el nuevo pacto del jueves se rebajaba a la mitad. Sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo baja mucho más el listón: la duración máxima de un contrato de interinidad por vacante en el sector público no podrá ser superior a los tres años. “No entendemos esta cifra de cinco años. Pero hay que esperar al texto definitivo, que todavía puede dar muchas vueltas”, sostiene una fuente sindical. “Es algo que nos llama la atención”, refrenda Borra.

Procesos paralelos

Otro de los apartados clave del texto acordado tiene que ver con la ejecución de esta convocatoria. En la redacción del texto se matiza que estos procesos se realizarán “por una sola vez”, y podrán negociarse en los distintos ámbitos territoriales (Administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales). Fuentes sindicales explican que estas convocatorias “extraordinarias” pueden producirse en paralelo con otros procesos, o consecutivamente. De forma que un interino con cinco o más años de antigüedad que no hubiera logrado consolidar su plaza a través del concurso de méritos, podría lograr estabilizarse dentro de la Administración en los siguientes.

Según los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas a comienzos de año el número de funcionarios interinos era de 622.295, lo que representa el 23% de los 2,7 millones de trabajadores públicos que conforman el total. Esto es, casi uno de cada cuatro. Las comunidades autónomas son las que concentran la gran mayoría (84%), ya que se poseen las competencias en Sanidad y Educación, dos sectores en los que la temporalidad se ha disparado en los últimos años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) eleva la cifra hasta más de un 1.100.000 en el tercer trimestre de 2021, y sitúa la tasa de temporalidad en el 31,6%, diez puntos por encima de la del sector privado (21,9%).

Estos umbrales son inaceptables para la Unión Europea, que condiciona la entrega de fondos a que para el 31 de diciembre de 2024 se hayan consolidado todos estos procesos y la tasa de temporalidad se haya rebajado hasta el 8%. Es por ello que todos los plazos que se manejan en el Gobierno van dirigidos a que se cumpla con este calendario y, por tanto, un revés judicial pondría en jaque todo el proceso.