Los sindicatos anuncian haber acordado con el Gobierno una oferta de empleo público de 29.578 plazas para 2022

Los sindicatos UGT, CC OO y CSIF han asegurado este lunes que han alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para que la Oferta de Empleo Público (OEP) para la Administración General del Estado (AGE) para 2022 esté compuesta de 29.578 plazas, de las que 15.880 serían de nuevo ingreso, 9.591 de promoción interna y 4.107 de estabilización. Además, dentro de este paquete total, que supera en más de 5.500 plazas al que se lanzó en 2021, segñun fuentes sindicales, se ha determinado que 1.150 plazas vayan destinadas a reforzar la Seguridad Social, uno de los organismos con mayor carga de trabajo dentro de la Administración.

Tras varias semanas de negociaciones, el número total de plazas que contempla este acuerdo es considerablemente mayor del que proponiéndose en los últimos encuentros, en los que se hablaba de 23.000. Con esta nueva cuantía se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, donde se recogía un aumento de la tasa de reposición de efectivos ―que mide la diferencia entre el número de funcionarios que se jubilan y los que entran para cubrir esas vacantes― en la Administración del Estado del 120% en los sectores prioritarios, y del 110% en los demás sectores.

Los tres sindicatos más representativos en el sector privado han celebrado el acuerdo. Para CC OO, esta OEP “supone un avance en la recuperación del empleo público perdido en los últimos años”, mientras que desde CSIF consideran que con ella se “persigue garantizar la adecuada cobertura de efectivos y prestar unos servicios públicos en condiciones óptimas para garantizar los derechos y prestaciones que reclama la ciudadanía”. En UGT añaden que se trata de una propuesta que estabiliza puestos de tal manera que “la AGE va a poder presumir de empleo, tanto de cantidad, como de calidad”.

Uno de los apartados fundamentales que recoge el acuerdo es el que hace referencia a la agilización de los procesos, cuello de botella por el que habitualmente las resoluciones de las distintas ofertas públicas de empleo han venido acumulando retrasos que han llegado hasta los dos años. Para que esto no vuelva a suceder, las convocatorias se publicarán en el mismo ejercicio en el que se apruebe la OEP, y se establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2022 para que “los trabajos para propiciar la agilización que se persigue” deban estar finalizados.

Simplificación

Según el texto firmado, Gobierno y sindicatos se comprometen a negociar en los próximos tres meses un proceso de revisión de los procedimientos de promoción interna del personal funcionario de carrera y del personal laboral, para tratar de simplificarlos “en aras de su mejora”. Además de esto, también se contempla la realización de una planificación plurianual de las necesidades de personal de la Administración, para determinar los recursos óptimos para la prestación de los servicios y anticipar la incorporación de personal que se deberá recoger en las posteriores ofertas.

En cuanto a las características de la fase de oposición, se ha acordado simplificar y reducir los temarios y ejercicios “para no incidir en contenidos ya conocidos como consecuencia de su desempeño por las personas aspirantes”, así como, la reserva de nota de la fase de oposición para una próxima convocatoria si no se supera el proceso. Por otro lado, en lo referente a la fase de concurso, se ha acordado “reforzar el curso selectivo como fase formativa y de evaluación de contenidos prácticos directamente relacionados con la selección”, para la adjudicación de las nuevas plazas a las personas candidatas que lo superen.

A pesar de que con esta OEP la plantilla de empleados públicos de la AGE crecerá sustancialmente ―según los últimos registros hay en total 230.900―, los sindicatos siguen reclamando una mejora salarial. “Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15% y urge negociar ya la subida salarial”, indican desde CSIF.