La OCDE avisa a España por el envejecimiento de sus empleados públicos
Entre 2015 y 2020, el número de trabajadores mayores de 55 años subió del 35% al 46%, mientras que la media del resto de países solo creció un punto en ese periodo
Que la pandemia ha llevado al límite al sector público y a sus trabajadores no lo dicen solo las organizaciones que los representan, o los Gobiernos para los que trabajan, también instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En su último informe Government at a Glance 2021 (Gobierno de un vistazo 2021, en inglés), el organismo que tutela a las economías más poderosas del planeta reconoce que la covid-19 “ha destacado el importante papel que desempeñan los empleados públicos en la prestación de servicios esenciales, manteniendo a los ciudadanos sanos, seguros y amparados económicamente”.
En una extensa radiografía, de 281 páginas, la OCDE constata el aumento del peso que ha adquirido el empleo público a lo largo de los últimos años en los distintos países, y aunque las conclusiones del estudio se proyectan sobre 36 de los territorios que conforman la organización, algunas de ellas las dirige directamente a España. Como, por ejemplo, el hecho de que el volumen de empleados públicos con los que cuentan sus instituciones se encuentre por debajo de la media del resto de países, y que, al mismo tiempo, su plantilla sea una de las más envejecidas.
El peso del empleo público en España en 2019 ―el último año que toma como referencia― fue del 15,58%, dos puntos por encima del que presentaba en 2007 ―en el que se inicia la serie―; mientras que el de la media de los países de la OCDE se situó en el 17,91%. Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas que elabora Función Pública, en enero de ese año se computaron 2.578.388 trabajadores públicos (5.106 menos que en julio de 2018). Sin embargo, desde entonces la plantilla pública no ha parado de crecer hasta alcanzar en 2021 la cifra más alta de la historia: 2.710.405 trabajadores.
Pese al crecimiento de las plantillas, el sector público español se caracteriza también por su alta temporalidad, una situación que el Gobierno se ha comprometido a corregir con la UE para dejarla en el entorno del 8% (algunos cálculos la sitúan actualmente hasta en un 28%). Para ello, el Ejecutivo prepara un decreto con la mayor oferta ordinaria de empleo público de la historia, 30.455 plazas, tal y como adelantó EL PAÍS. “Sí, vamos a aprobar la mayor convocatoria de ofertas públicas de empleo”, aseguró este lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien calificó ese hecho de “noticia magnífica” y lo contrapuso a las “políticas de austeridad del PP”. “En esta pandemia ha emergido la necesidad de lo público y eso tiene unas personas que lo hacen posible”, dijo Díaz en alusión de los funcionarios y el personal al servicio de la Administración.
“El tamaño del empleo público varía significativamente entre los países de la OCDE. Mientras que Noruega, Suecia y Dinamarca registran los niveles más altos, alcanzando cerca del 30% del empleo total; Japón y Corea presentan los más bajos: 6% y 8%, respectivamente”, señala el informe. Además de remarcar estas diferencias, el organismo de cooperación internacional concluye que “la proporción de personal empleado a niveles subnacionales del Gobierno es un indicador del nivel de descentralización de las Administraciones Públicas”. En el caso de España, las comunidades autónomas y las entidades locales concentran la mayoría del empleo público: 59,63% y 21,39%; por encima del que recoge el Estado (18,98%).
A pesar de que la envergadura del empleo público español sea menor en el contexto internacional, otra de las particularidades que refleja el informe de la OCDE es que, a diferencia de lo que ha sucedido en el resto de países durante la última década, el empleo público ha crecido en mayor proporción que el total. Solo la balanza laboral de 10 de los 36 países que conforman la unión presenta este desajuste, y entre ellos España obtiene la diferencia más alta: 1,24 puntos porcentuales, por delante de México (0,94) y Luxemburgo (0,88).
Pero quizás la mayor desviación estadística sobre España que refleja el estudio de la OCDE, y que viene a refrendar los distintos análisis que han venido llevándose a cabo en los últimos años por las organizaciones sindicales, es la que tiene que ver con el envejecimiento de la plantilla de empleados públicos. A pesar de que entre 2015 y 2020 el número de trabajadores de 55 años o más ha pasado de representar el 25% al 26% en toda la OCDE, en España esas cifras son mucho más voluminosas: en el último lustro, de contemplar a algo más de un tercio de su plantilla (35%) se ha acercado a prácticamente la mitad del cómputo total (46%). Es el crecimiento más alto experimentado por un país en este periodo (11 puntos porcentuales más), según el estudio, y amenaza con alcanzar el récord de veteranía en manos, todavía, de Italia (47%). En el lado contrario, países como Australia, Hungría, Israel, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo o Turquía presentan tasas inferiores al 20% para los trabajadores más veteranos.
A tenor de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el primer trimestre de 2021, la franja de edad con mayor número de empleados públicos en España fue la comprendida entre los 55 y los 59 años, con 566.700 trabajadores. Sin embargo, extendiendo ese rango entre los 45 y los 64 años, el volumen se disparó hasta sumar 1.472.000 empleados, que representan el 43,3% del total de la plantilla. En el otro extremo, tan solo el 1,8% tiene menos de 25 años.
El problema de este envejecimiento radica en que dentro de una década la mayoría de los empleados más veteranos se habrán jubilado, generando un vacío en las Administraciones. La necesidad de incorporar perfiles jóvenes y adaptar los sistemas de trabajo a las nuevas dinámicas y herramientas digitales es el mayor desafío al que se enfrenta el sector público en los próximos años.
En cuanto a la distinción por sexos, el informe de la OCDE establece que en 2019 las mujeres ocuparon principalmente los puestos públicos (58%), un fenómeno que la organización justifica por la feminización existente de sectores como la sanidad o la educación. Según el INE, en España también existe una predominancia del género femenino dentro de la plantilla pública: 57,7% a 42,3%; del mismo modo que donde más acuciadas son esas diferencias es tanto en el sector sanitario (72,5%), como el educativo (66,1%).
Defensa, el ministerio con la plantilla más mayor
El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas es una potente fuente de información para conocer el grado de envejecimiento de las plantillas de la Administración central (de las autonómicas y las locales no ofrece ese nivel de detalle). Así, por ejemplo, la última edición del boletín, publicada el pasado enero y referente a 2020, señalaba que un 20% de los empleados al servicio de los diferentes ministerios tenía más de 60 años. Si se amplía la mirada a todo el colectivo mayor de 50 años (los datos se ofrecen en tramos de edad por décadas), el porcentaje sube hasta casi el 64%. Defensa es el departamento con mayor porcentaje de personas con 60 o más años (un 33,3%, es decir, uno de cada tres trabajadores) mientras que Igualdad se sitúa en el extremo opuesto, con solo un 8% de sexagenarios.
Más alta es todavía la edad media entre los organismos autónomos dependientes de la Administración central, ya que un 22,1% de sus trabajadores superan los 60 años y casi tres de cada cuatro (un 73,1% exactamente) han cumplido el medio siglo de vida. De nuevo es un organismo adscrito a Defensa, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, el que presenta la plantilla más experimentada: casi la mitad de sus 264 empleados (el 47%) tienen 60 o más años.
La tercera pata de la Administración central, la de las agencias estatales, es también la que tiene plantillas más jóvenes: el 44,8% de sus trabajadores tienen al menos 50 años y ese porcentaje desciende al 14% entre los sexagenarios. Son dos agencias del Ministerio de Transportes las que marcan el límite superior y el inferior: en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria trabajan un 32,3% de trabajadores con 60 años o más; mientras que en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ese colectivo solo representa un 9,4%. / J. L. A.
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