Por un pacto de rentas

De forma intermitente reaparece en el debate público la necesidad de un pacto de rentas como garantía de estabilidad social del futuro. Los indicadores más fiables y transparentes señalan la inflación y el coste de la vida como la mayor preocupación ciudadana. Una forma de ser consecuente con esa inquietud es la convocatoria urgente por parte del Gobierno a partidos políticos y agentes sociales para acordar un pacto de rentas que se ha demorado ya en exceso. El acuerdo es necesario porque las fuentes de inestabilidad son múltiples y la volatilidad de los precios va a ser incluso superior a la actual por los cortes del suministro energético ruso.

Ante ese mapa incierto, cada vez más empresas anuncian subidas de precios de acuerdo con el IPC. Los sindicatos, por su parte, defienden subidas salariales para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos. Las familias afrontan la vuelta al colegio con la desazón de ver sus presupuestos desbaratados por el alza del coste del material escolar y de algunos de sus servicios. Una actuación descoordinada sería la receta para el desastre cuando el BCE acaba de acordar una subida histórica del 0,75% para los tipos de referencia.

La iniciativa está en manos del Gobierno para sentar a todos los agentes sociales a una mesa de negociación cuyo resultado debe ser una previsión de evolución de precios y salarios para los próximos dos años. Es esencial que el Gobierno diseñe un plan de actuación y que lo comunique con celeridad, claridad, y sin discordancia de voces. Existen ya varias propuestas para establecer una evolución salarial controlada para los próximos años. También hay sugerencias detalladas para controlar la evolución de los márgenes empresariales. Los expertos tienen herramientas para evaluar la mejor manera de repartir la carga del alza de costes entre todos los agentes económicos. Y es básico para lograr esa moderación la vigilancia de la evolución del mercado eléctrico y el tope del precio del gas.

Este pacto de rentas debería incluir ayudas a las empresas con dificultades para afrontar su factura energética mientras el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vigilan el buen cumplimiento de las empresas. Los ingresos que se obtengan de los impuestos extraordinarios al sector energético y la banca deberían usarse para este fin. Al fin y al cabo, se trata de ayudar a nuestro tejido productivo a capear el temporal y sostener el empleo, especialmente a la industria, mucho más sensible al alza de costes energéticos que el resto de la economía. De los sindicatos cabe esperar que ayuden a mantener la calma y, junto con la patronal, vigilar la evolución de los precios y los salarios. Por el momento, los sueldos pactados por convenio, que afectan a más de siete millones de trabajadores, suben el 2,6% en lo que va de año, lo que garantiza cierta contención por el lado salarial. A esta tarea no puede sustraerse el sector público, y sus salarios podrían estar incluidos en este pacto de rentas. Es el Gobierno el que puede garantizar que la necesaria ayuda a sectores afectados no esté reñida con la disciplina fiscal. Las tentaciones electoralistas estarían de más en este contexto, porque un buen pacto de rentas respaldaría la credibilidad misma del Gobierno.

El reto es complejo pero es también ineludible, y su mejor garantía sería proponer un acuerdo que las partes perciban como justo. Solo así todas ellas estarán dispuestas a asumir sacrificios pensando en el bien común y en cumplir el objetivo de minimizar la crisis económica que se nos viene encima. El pesimismo prematuro tampoco es la mejor receta. Estamos en una posición más ventajosa que muchos de nuestros socios europeos para afrontar esta crisis si somos capaces de controlar la evolución de la inflación. El crecimiento de nuestro tejido productivo, el empleo y nuestra posición relativa en la UE nos va en ello.