LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
LUIS GÓMEZ | Madrid
La política antiterrorista del Gobierno del PP sufrió una fuga de información relevante por la inexistencia en el Ministerio del Interior de traductores de árabe asignados a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Todas las comunicaciones de presos islamistas acusados de delitos de terrorismo fueron grabadas, en aplicación de la ley, pero nadie las transcribió porque no existían traductores de árabe, según consta en un informe oficial que el ministro del Interior presentó ayer al Pacto Antiterrorista.
Gobierno y PP ratificaron ayer el Pacto Antiterrorista, en la segunda reunión celebrada desde que gobierna el PSOE, frente a la pretensión de los partidos nacionalistas de liquidarlo. Mariano Rajoy (PP) y Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) coincidieron en que el acuerdo "goza de buena salud". No obstante, mostraron discrepancias.
Mariano Simancas, ex comisario de policía en Valencia y hoy director en funciones de Europol, el organismo europeo que centraliza las informaciones que le suministran los cuerpos policiales de los países miembros, compareció ayer ante la comisión de investigación del 11-M durante casi tres horas.
La propuesta política "renovada" que Batasuna presentará el día 14 en San Sebastián para resolver el "conflicto" y que ETA avaló en su comunicado del día 27 de octubre no incluye ningún compromiso de alto el fuego previo por parte de la organización terrrorista, según diversos documentos manejados por la formación ilegalizada.
La inopinada y fugaz visita a Galicia del líder del PP, Mariano Rajoy, ha conjurado la amenaza de una fractura en el Gobierno autónomo sin aclarar el confuso escenario interno en la organización regional del partido. Tras su entrevista del pasado martes con Rajoy, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, anunció ayer que ya no hay "sugestiones de dimisiones" en su Gobierno y que, de momento, se mantendrá como secretario general del PP gallego a Xesús Palmou, hombre de confianza de Rajoy.
El ministro de Defensa, José Bono, anunció ayer en el Senado su intención de tomar las medidas necesarias para triplicar la presencia de extranjeros en las Fuerzas Armadas. Tras las reformas del anterior Gobierno, se permite que como máximo el 2% de los soldados y marineros sean inmigrantes. Bono explicó que la población inmigrante en España se sitúa alrededor del 7%, y ésa es la cifra que él considera "razonable" también para las Fuerzas Armadas.
El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso ayer su mayoría simple en la designación de dos altos cargos judiciales para cuya designación se requerirá mayoría de tres quintos (13 de los 21 votos) cuando se apruebe la reforma legislativa que se tramita con urgencia en el Parlamento.
"Esto no es un proceso de regularización de inmigrantes"; se trata de un "proceso de normalización", de una "legalización de trabajadores". Con ese argumento contraatacó el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, a las acusaciones de la diputada del PP María Ángeles Muñoz durante una interpelación en el Congreso en la que la portavoz popular aseguró que con los planes del Gobierno se avecina un caos en la inmigración.
I. CEMBRERO | Madrid
El fiscal solicita siete años para una francesa acusada de traer a España a un inmigrante indocumentado
La Comisión de Administraciones Públicas del Congreso aprobó ayer una iniciativa conjunta del PSOE, ERC e ICV en la que se emplaza al Gobierno a retirar, dentro de esta legislatura, los símbolos franquistas que permanecen en edificios públicos y municipios.
