El Congreso insta al Gobierno a retirar símbolos franquistas

La Comisión de Administraciones Públicas del Congreso aprobó ayer una iniciativa conjunta del PSOE, ERC e ICV en la que se emplaza al Gobierno a retirar, dentro de esta legislatura, los símbolos franquistas que permanecen en edificios públicos y municipios. La iniciativa propone que la Comisión Interministerial dedicada a restaurar la memoria de las víctimas del franquismo regule este mandato por ley. El PP se abstuvo en la votación.

La iniciativa legislativa, que surgió de sendas propuestas de ERC e Izquierda Verde que el PSOE enmendó, denuncia la "pervivencia de símbolos de la dictadura en edificios públicos" tras haber transcurrido "más de 25 años de la muerte del dictador Franco" y propone que se aplique la ley a todas las administraciones para suprimir los símbolos del franquismo que atentan contra el ordenamiento constitucional.

Para garantizar que la norma se aplique a todas las administraciones, incluidos los municipios -donde proliferan los símbolos franquistas, de manera superior a la Administración General del Estado en nombres de calles, de centros educativos e incluso estatuas ecuestres del dictador, como sucede en Madrid-, los promotores de la iniciativa reclaman la implicación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, que preside la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para conseguir, a través de las propuestas que consideren necesarias, la desaparición de los símbolos inconstitucionales.

En algunos casos, la aplicación de la ley puede ser rápida. Por ejemplo, la pasada semana fue retirado un símbolo del franquismo, el águila imperial, de la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara. En otros casos, la aplicación puede ser más lenta cuando se trata de respetar la La Ley de Protección del Patrimonio en algunos edificios con carga histórica, como el Valle de los Caídos. Lo único que las asociaciones están pidiendo en este emblemático caso es que se coloque una placa para conmemorar a los centenares de presos republicanos que trabajaron durante 20 años -algunos murieron en accidentes- para construir ese monumento que sólo homenajeaba, y aún hoy lo hace, a los caídos de un bando, el vencedor.

La proposición se refiere expresamente a los edificios de titularidad del Estado. Eso incluye, por ejemplo, a la Academia Militar de Zaragoza, propiedad de Defensa, en cuyo patio sigue instalada hoy una estatua ecuestre de Franco. En toda España hay una decena. Muchas están en edificios públicos, la mayoría vinculados al Ejército. Hay otra en el patio de la Capitanía General de Valencia, y otra en la academia de infantería de Toledo. Hay ciudades gobernadas históricamente por la derecha donde el ayuntamiento se niega a quitarlas. Incluso un alcalde socialista, como Francisco Vázquez, de A Coruña, se ha negado recientemente a cambiar nombres de calles y hospitales dedicados a conocidos franquistas.

Además de la estatua de Madrid, está la de Santanter, situada en la plaza central, aún hoy llamada del Generalísimo. Pero lo que más preocupa a las asociaciones que representan a las víctimas de la represión franquista es el callejero y pequeños monumentos a los "caídos por Dios y por España" en centenares de pueblos. Y no sólo en edificios o lugares que son de competencia municipal; también en las paredes de las iglesias, cuya retirada corresponde a la Conferencia Episcopal o al obispo de la zona.

Durante el debate, el diputado socialista Carlos González insistió en que no se pretende "reeditar enfrentamientos del pasado", pero lamentó que "sean demasiados los municipios que rememoran fiestas o imágenes o llevan nombres que vulneran el espíritu de la Constitución". Isaura Navarro (IU-ICV) defendió la retirada de los símbolos "en defensa de la democracia y por solidaridad con las víctimas de la dictadura". Francesc Canet, de ERC, dijo que la gestión de la memoria histórica "es importante para constituir identidades colectivas que deben estar basadas en la libertad". Julio Padilla, del PP, señaló que se abstenía porque los demás grupos tratan cuestiones "que a los españoles no les interesan".