El Gobierno y el PP discrepan sobre la relación entre ETA y el terrorismo islamista

Gobierno y PP ratificaron ayer el Pacto Antiterrorista, en la segunda reunión celebrada desde que gobierna el PSOE, frente a la pretensión de los partidos nacionalistas de liquidarlo. Mariano Rajoy (PP) y Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) coincidieron en que el acuerdo "goza de buena salud". No obstante, mostraron discrepancias. Mientras el líder del PP puso el acento en seguir investigando conexiones entre ETA y el terrorismo islamista, Rubalcaba insistió en que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha demostrado que no existen. También discreparon sobre la decisión del Gobierno de suprimir la reforma del Código Penal que castigaba a las instituciones que financiaran asociaciones ilegales.

Tres horas duró la segunda reunión del Pacto Antiterrorista, en la que el ministro del Interior presentó sendos informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del jefe de seguridad de prisiones en los que se descarta la conexión entre ETA y el terrorismo islamista. Alonso informó también de la cadena de detenciones tras el desmantelamiento de la cúpula etarra así como de las últimas medidas adoptadas contra los islamistas radicales.

El portavoz del PSOE insistió en que el ministro había afirmado que "todas los indicios" que han surgido sobre posibles conexiones entre ETA y el terrorismo islamista "se han investigado hasta el final" y se ha demostrado que, con los datos en su poder, hasta ahora "no hay ninguna relación entre ambas redes terroristas.

Rajoy insistió en que el Gobierno "siga investigando" las posibles conexiones porque hay aspectos de los atentados terroristas, entre ellos los del 11-M, que no llegan a conocerse "ni en uno, ni en dos, ni en cinco meses".

El presidente del PP se mostró en desacuerdo con la despenalización que pretende el Gobierno de la financiación con dinero público de asociaciones vinculadas a partidos ilegales, tras la supresión de la reforma del Código Penal que promovió el Ejecutivo del PP. En las pasadas Navidades, el Gabinete de Aznar promovió la aprobación en el Senado de una enmienda con la que se tipificaron los delitos de convocatoria de referéndum ilegal y de financiación de organizaciones ilegales -es decir, Batasuna y su ámbito de influencia- con dinero público, como hacían algunos ayuntamientos.

En la reunión del Pacto Antiterrorista, Rajoy pidió al Gobierno que "recapacite" sobre su intención de rectificar esa penalización. Rubalcaba insistió en la tesis de que era "innecesario" tipificar esos delitos en el Código Penal ya que basta, según él, la legislación ordinaria para afrontar hechos delictivos como la financiación de organizaciones ilegales desde instituciones y la convocatoria ilegal de un referéndum.

Sin fisuras ante los terroristas

No obstante, Rajoy enfatizó en que "el Pacto Antiterrorista goza de muy buena salud" y que "no hay que cambiarlo en nada sino seguir trabajando con él en la lucha contra el terrorismo". El líder del PP reiteró que "el Pacto está abierto a todo el que quiera suscribirlo". Rubalcaba suscribió que "el pacto goza de buena salud" y confirmó la conveniencia de que aglutine a los dos partidos con posibilidad de gobernar España, "para mandar a ETA el mensaje de que desista en su actividad".

Tres de las preguntas que el PP planteó al Ejecutivo quedaron, a juicio de Rajoy, aclaradas en las respuestas del ministro del Interior: no va a haber reagrupamiento de presos etarras; se seguirá aplicando la Ley de Partidos a Batasuna, y el Gobierno no va a cambiar su política hacia ETA. Rubalcaba afirmó que la carta en la que ex dirigentes etarras -entre ellos el jefe de la banda hasta su detención, en 1992, Francisco Mujika Garmendia, Pakito- propugnan el abandono de las armas "es un paso adelante importante en la lucha contra ETA. Pero no hay que echar las campanas al vuelo".

Otra pregunta no recibió la respuesta que hubiera deseado Rajoy: el PP quiere que el Gobierno garantice que los presos de ETA no recibirán autorización para estudiar en la Universidad del País Vasco. Ahora lo hacen en la UNED y los populares reclaman que siga siendo así. El Gobierno quedó en estudiarlo, pero dejó una puerta abierta a que puedan ir a la universidad vasca para cursar carreras que no imparte la UNED.

El Pacto Antiterrorista también recibió a una representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que se ofreció a colaborar con el Gobierno para lograr acuerdos de extradición con países "en los que existe una concepción equivocada" sobre ETA.