CiU y CC plantean máximo control de fronteras durante la legalización

Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC) consideran el nuevo Reglamento de Extranjería pactado entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, un paso adelante en la política de inmigración, pero abogan por un control máximo de fronteras para minimizar el efecto llamada por la regularización prometida a los sin papeles que lleven más de seis meses en España y tengan un contrato de trabajo.

El portavoz de CiU para los asuntos de inmigración, Carles Campuzano, se reunió ayer, al igual que el de Coalición Canaria, Paulino Rivero, con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, dentro de la ronda de contactos que el Gobierno mantiene con los grupos parlamentarios.

Tras el encuentro, Campuzano explicó que, a su juicio, durante los tres meses que durará este proceso extraordinario de legalización de trabajadores extranjeros, "el sexto desde 1985", se provocará un efecto llamada cuyos riesgos propone minimizar mediante la suspensión del espacio Schengen, que permite viajar sin pasaporte entre los países que han suscrito ese acuerdo. De ese modo, arguyó Campuzano, se evitaría que los Pirineos se conviertan en un "coladero" de inmigrantes clandestinos procedentes de otros países europeos.

Rivero saludó que el Reglamento persiga la integración de los inmigrantes y lo calificó de "paso importante desde el punto de vista de la solidaridad", pero pidió la implicación de los ministerios de Exteriores y del Interior para "extremar" el control de fronteras, si bien recordó que, pese a que Canarias sufre los "dramas" de las pateras, cuantitativamente es mucho más importantes el número de extranjeros irregulares que entran por los aeropuertos.