El Consejo pide al Parlamento la proposición de ley que suprime la cárcel por convocar referendos ilegales
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, por 19 votos frente a uno, solicitar de la Mesa del Congreso de los Diputados que le remita la proposición de ley del PSOE que modifica el Código Penal para eliminar del mismo el delito, penado con cárcel, de convocatoria ilegal de referendos y consultas electorales. El motivo de esta petición es realizar "el preceptivo informe" sobre la futura ley.
Inicialmente, la propuesta fue planteada por el sector progresista del CGPJ en el pleno del 27 de octubre último, unida a la petición de que fuera reprobado el presidente, Francisco Hernando, por las "desafortunadas palabras" que pronunció en el Senado en contra de esta iniciativa legislativa, por entender que "no han variado las condiciones que se dieron el año pasado para establecer la sanción penal a los referendos ilegales", según dijo.
Luis Aguiar, vocal propuesto por el PSOE, explicó ayer a este periódico que, una vez que no fue aprobada por el pleno la reprobación de Hernando, el sector progresista no mantenía de forma aislada la petición de informar la proposición de ley. Añadió que, sin embargo, al plantearla ayer el sector conservador, sus iniciales proponentes votaron a favor por coherencia.
Aguiar recordó que el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que "las Cortes Generales, cuando así lo dispongan los Reglamentos de las Cámaras, podrán solicitar informe al CGPJ sobre proposiciones de ley o enmiendas" relativas a cuestiones objeto de informe. Señala que cuando el PP introdujo este delito, el CGPJ no pudo informarlo.
"Riesgo de obstruccionismo"
Alfons López Tena, vocal propuesto por CiU y único votante en contra de la decisión de pedir la proposición de ley al Parlamento, alerta al Congreso de los Diputados en un voto particular "del riesgo de obstruccionismo que sufre el proceso legislativo en el caso de remitir a este Consejo proposiciones de ley que no sean del agrado del partido político que en su día propuso a los vocales de la mayoría del CGPJ".
López Tena explica que dichos 10 vocales, "con su presidente, tienen los votos necesarios para retrasar indefinidamente el informe que la Cámara eventualmente solicite, convirtiendo así al CGPJ en una tercera Cámara donde el PP bloquee y atrase las proposiciones de ley que tenga por conveniente".
El vocal propuesto por CiU pone como ejemplo la proposición de ley del Parlamento de Cataluña que establece el requisito de conocimiento de la lengua propia por jueces y fiscales, que entró en el Consejo el 10 de junio de este año. Cinco meses después no existe el informe del que es ponente el vocal propuesto por el PP Adolfo Prego.
