Un aficionado a la historia compró el inmueble en ruinas en 1975 por 184 euros, pero murió antes de firmar las escrituras. Su heredero y el Ayuntamiento se disputan ahora la propiedad
La ausencia de un protocolo de medición oficial para computar la superficie de las viviendas deriva en falta de transparencia y confusión para el comprador
Los extranjeros adquirieron tantas viviendas en la recta final del año pasado como antes de la llegada del coronavirus; los británicos recuperaron el primer puesto del podio, superando a los alemanes
Sánchez pacta con Omella iniciar el proceso para devolver algunos bienes inmatriculados irregularmente con una ley del PP de 1998. La mitad están en Castilla y León
El medievalista Jesús Padilla analiza textos originales del siglo XIII al XVIII y concluye que la inmatriculación del templo que hizo el obispo de Córdoba en 2006 no tiene fundamento porque la propiedad siempre fue compartida con el Estado
Un 7% de los adquirientes de viviendas de más de 500.000 euros en 2020 eran foráneos, el porcentaje más alto desde que los registradores empezaron a recoger este dato en 2013
La vicepresidenta afirma que ha hablado con la Conferencia Episcopal y cree que tendrá “una posición razonable” en los posibles litigios que surjan tras la publicación del listado de propiedades
Un informe hace la primera fotografía de los bienes de la institución y señala que las propiedades “contaban con el necesario título material a su favor”, pero abre la vía a reclamarlos
En el primer mes afectado por el estado de alarma entraron en los registros 26.382 préstamos, rompiendo la buena racha del arranque del año, y los préstamos fijos superaron por primera vez a los variables
El Ministerio de Justicia lleva a los tribunales la resolución del Consejo de Transparencia que le insta a divulgar el listado de inmuebles inscritos a nombre de la institución católica
Los registradores enviaron al Gobierno el listado de propiedades inmatriculadas desde 1998 hace un año. Su publicación puede desencadenar un alud de pleitos
Con la inscripción del arrendamiento, una competencia Estatal que permite armonizar políticas sectoriales de vivienda, el registrador no permitiría la existencia de cláusulas abusivas en el contrato