La Iglesia puso a su nombre 3.722 propiedades en Cataluña sin probar su titularidad

Entre 1946 y 2015, sin necesidad de probar la titularidad, la Iglesia católica puso a su nombre en Cataluña 3.722 inmuebles. La Generalitat publicó ayer un mapa interactivo en el cual se pueden consultar esos bienes y anunció la puesta en marcha de una oficina de mediación para dirimir conflictos de propiedad entre los obispados (que consideran que todo se ha hecho acorde a la ley), Ayuntamientos o incluso particulares. El Ejecutivo catalán deja en evidencia al Gobierno, que desde 2017 no cumple con el mandato parlamentario de publicitar su registro.

“Esto no va de señalar a nadie, sino de buscar soluciones. La publicación del listado no es en contra de alguien, es a favor de la transparencia”, defendió ayer la consejera catalana de Justicia, Ester Capella, en una rueda de prensa conjunta con el vicepresident Pere Aragonès y realizada precisamente en uno de esos sitios conflictivos: la casa del campanario de Sant Pere de Vallhonesta, en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona). Una ermita inmatriculada por la Iglesia pero que es un espacio muy usado por los vecinos y cuidado por un grupo excursionista de la población.

El mapa recoge los datos de los registros de la propiedad en Cataluña, aunque no especifica la fecha exacta de inscripción. Capella explicó que la mitad de las propiedades son centros de culto. El resto, sin embargo, es muy variado y con alto potencial de conflictos con Ayuntamientos o particulares: hay plazas, equipamientos deportivos o terrenos rústicos, por ejemplo. “La voluntad es la de resolver problemas y poner soluciones a través de la mediación”, defendió Aragonès.

En virtud de una ley franquista, la Iglesia inscribió a su nombre en los registros de la propiedad decenas de miles de bienes inmuebles en toda España. Esa norma, de 1946, permitía que con solo la firma de un obispo se pudiera registrar por primera vez (o inmatricular) la propiedad de un inmueble sin necesidad de certificar de alguna manera la propiedad.

Este privilegio estuvo en vigor hasta 2015. Dos años después, el PSOE presentó una proposición no de ley que instaba al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a elaborar un listado de todos esos bienes. Ciudadanos y el PP votaron en contra. En 2018, el Colegio de Registradores entregó la relación de bienes, que consta de más de 30.000 inmatriculaciones. Ya en manos del PSOE, el Gobierno se ha negado a hacer pública la lista e incluso ha recurrido a los tribunales cuando el Consejo de Transparencia le ha instado a entregar la información. El contencioso sigue abierto en un juzgado de Madrid.

La Conferencia Episcopal Tarraconense mostró su incomodidad con la iniciativa del Govern a través de un vídeo. El responsable de Patrimonio, el arzobispo Joan Enric Vives defendió que la Iglesia “no se ha apropiado indebidamente de ninguna propiedad” y que siempre se ha actuado acorde a “la ley vigente”. Cree que “si hubiera algún error” no sería necesario recurrir a la mediación. “Es muy injusto que se trate así a la Iglesia, que ha trabajado mucho por el patrimonio”, añadió el prelado.

Más información

El secreto mejor guardado de la Iglesia (y el Estado)

Las hermanas Ramírez vencen a la Iglesia: “Querían inmatricular nuestro patio de 10 metros cuadrados”

Santa María del Mar pertenece a su parroquia

La iglesia de Santa María del Mar, construida entre 1329 y 1383 y la mayor joya del Gótico catalán que se puede ver en Barcelona, es propiedad de la parroquia con el mismo nombre. Se trata de una de las 3.722 propiedades que la Iglesia ha inmatriculado desde 1943 y que figura en la lista hecha pública ayer por la Generalitat.

El Gobierno catalán ha habilitado un mapa interactivo en el cual se puede filtrar el contenido por ubicación pero también por tipología: un total de 1.855 inmuebles son espacios dedicados al culto, sobre todo templos; 1.518 son catalogados como terrenos, si bien en su mayoría son fincas rústicas. Finalmente, 349 son edificios y viviendas, principalmente rectorías.

Unió de Pagesos y la Asociación Catalana de Micropueblos han sido las dos entidades más beligerantes a la hora de poner en evidencia inmatriculaciones abusivas. La provincia de Lleida registra el 58% de los registros hechos por las autoridades eclesiásticas, seguida de Barcelona (19%), Girona (13%) y Tarragona (10%). El municipio con más propiedades a nombre de la Iglesia es Pont de Suert (Lleida), con 82.