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El Gobierno prepara la lista de bienes inscritos a nombre de la Iglesia solo desde 1998

Serán entre 30.000 y 40.000 en total, según afirmó recientemente un representante de la Conferencia Episcopal en la cadena SER

Interiores de la Catedral de Zaragoza.
Interiores de la Catedral de Zaragoza.

El Gobierno ha accedido a pedir y entregar el listado de todos los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre desde 1998, muchos de ellos sin acreditar su propiedad. Serán entre 30.000 y 40.000 en total, según afirmó recientemente un representante de la Conferencia Episcopal en la cadena SER. El Ejecutivo cumple así con una proposición no de ley presentada por el PSOE y aprobada en abril. Pero los obispos ya habían puesto a su nombre antes de 1998 decenas de iglesias, catedrales y otros templos, y lo hicieron a pesar de que la ley lo prohibía en estos casos.

 Un reglamento franquista de 1947 permitía a los obispos inscribir en el registro de la propiedad cualquier bien sin necesidad de demostrar su propiedad, salvo con los templos destinados al culto. Por eso la fecha de 1998 representa un hito cuando se habla de inmatriculaciones, porque fue entonces cuando el Gobierno de Aznar permitió que también se inscribieran los templos sin necesidad de demostrar su propiedad. Por tanto, a partir de esa fecha era “legal”. Pero no antes, y muchos de los templos se inscribieron como propiedad de la Iglesia en los años ochenta, como han ido contando los medios de comunicación y como han conseguido averiguar algunos Ayuntamientos por su cuenta. En Zaragoza se han inscrito “de forma fraudulenta” varios de ellos, como la catedral Seo, en Jerez hasta 15 iglesias y 300 en Gipuzkoa. Todo ello ocurrió antes de 1998. “Ahora nos damos cuenta de que lo que hizo Aznar fue “legalizar una práctica fraudulenta que ya se venía practicando hacía años, se capitalizó a la Iglesia”, dice un portavoz de la Coordinadora Recuperando, que agrupa a varias asociaciones de toda España que luchan por el patrimonio público.

 ¿Por qué entonces se pone la fecha de 1998 para solicitar el listado? ¿Por qué no 1978, y así se ve cuántos templos se inscribieron en fraude de ley? En el PSOE dicen que esa fecha dio origen a un “auge” en las inmatriculaciones, sin embargo eluden referirse a la ampliación de privilegios de la reforma de Aznar. Lo mismo que hace el PP en su respuesta a las preguntas socialistas. “Nosotros lo que hemos defendido siempre es que cualquier bien de dominio público no puede ser inmatriculado”, dice Antonio Hurtado, diputado socialista. Cierto, algo que ocurrió antes y después de 1998.

El acceso franquista al registro

En 1998 el BOE publicaba la reforma de Aznar: “Se suprime por inconstitucional la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico...”. Lo que veían inconstitucional los legisladores era que el resto de las confesiones religiosas podían poner a su nombre sus templos pero los católicos no. Pero esa reforma no decía, ni lo dijo Aznar, que el resto de las confesiones sí tenían que acreditar la propiedad para hacer esas inscripciones mientras que los obispos no. Se corrigió, pues, un agravio pero se ahondó en una práctica más inconstitucional aún: el acceso al registro, que seguía siendo franquista para los obispos: bastaba su palabra para inscribir propiedades.

Los obispos han inscrito así —ya no pueden— miles de propiedades que nunca estuvieron registradas. Fincas, cementerios, frontones, casas rectorales, de maestros, atrios... Y también templos y plazas públicas, o la mezquita de Córdoba. Algunos tenían propiedad privada, otros titularidad pública y otros eran de dominio público, lo que no quiere decir que no sean de nadie, sino que son de todos.

Si hubo auge o no en las inmatriculaciones tras esta fecha, lo único que se conoce al respecto —todos los Gobiernos se han negado a facilitar ese listado— es lo que han podido arañar en los registros las organizaciones civiles por su cuenta en estos años. Y también tras iniciativas recientes de algunos Ayuntamientos como el de Zaragoza. Gracias a eso se ha conocido que la “rapacería” de la Iglesia, como la califica el PSOE, es anterior y posterior a 1998.

Para Hurtado la culpa no es tanto de la reforma de Aznar sino del Gobierno, que “no envió una circular a los registros para que unificaran su forma de aplicar la ley”. Y también acusa a los registradores de la propiedad si lo consintieron antes de esa fecha sin recibir documentación que acreditara la propiedad: “Una auténtica barbaridad si no aportaron títulos de propiedad”. Pues no los aportaron, pero el Gobierno no preguntará ahora por aquello.

Hurtado asegura que, en todo caso, los socialistas “también se interesarán por lo ocurrido antes de esa fecha”. Y niega rotundamente la sospecha de la Coordinadora Recuperando: “Parece que ha habido un acuerdo a la española, entre el PSOE, el PP y la Conferencia Episcopal para que haya una amnistía de todo lo inmatriculado anterior a 1998, que es mucho y gordo”, dice Jorge García, de la plataforma de Aragón.

 Una solución global

 Lo que también preocupa a la Coordinadora Recuperando es que este listado proporcionará la posibilidad de que cada uno de los afectados, Ayuntamientos o particulares, se vean en la necesidad de reclamar por separado en los tribunales.

Para Hurtado, sin embargo, la respuesta que da ahora el Gobierno “marca el camino” para que “cada particular” pueda recurrir “una o cien veces lo que considere que le ha sido usurpado”. Y entiende que las “instituciones se verán obligadas a reclamar lo que consideren que es suyo”. No será fácil. El Ayuntamiento de Zaragoza lo ha intentado en los tribunales, pero el obispado contraataca y pide medidas cautelares que le son concedidas. Pleitos tengas y los ganes.

Las organizaciones reclaman “una solución global para una práctica que se consumó amparada en una ley anticonstitucional”, repite Antonio Manuel Rodríguez, de la plataforma de Córdoba. Así lo confirmó una sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 2016 que califica de arbitrario el procedimiento de inmatriculación de la Iglesia y considera que viola el derecho de propiedad. Pero será difícil recuperar todo eso. Mucho más que obtener el famoso listado. Solo dos meses y una semana tardó el Gobierno en dar esos datos a Navarra cuando los reclamó el Parlamento foral en 2008.

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