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Sacar a la luz la opaca lista de bienes de la Iglesia

El Gobierno espera un informe jurídico para hacer pública la relación de las inmatriculaciones realizadas desde 1998

La mezquita de Córdoba, uno de los monumentos inmatriculados por la Iglesia.
La mezquita de Córdoba, uno de los monumentos inmatriculados por la Iglesia. EL PAIS

El de la Mezquita de Córdoba es el caso más llamativo: patrimonio de la Humanidad desde 1984, la Iglesia la puso a su nombre en 2006 por 30 euros gracias a una ley franquista que ha permitido hasta hace apenas tres años que los obispos registraran inmuebles sin tener que demostrar su propiedad. Hoy uno de los monumentos más visitados de España lo gestiona la diócesis de Córdoba, que cobra cada entrada a 10 euros. Catedrales, iglesias, ermitas, pero también casas parroquiales, viñedos, casas de maestro, fuentes, plazas públicas y hasta la cima de un monte, el de Oiz, en Bizkaia. La Iglesia ha inmatriculado (en la jerga administrativa, registrado un bien por primera vez) miles de propiedades. ¿Cuántas? No se sabe. Pero se va a saber, según ha confirmado el Gobierno, que afirma que está decidido a elaborar un listado y a hacerlo público.

El Ejecutivo está cumpliendo con una proposición no de ley que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición y que se aprobó —con los votos en contra de PP y Ciudadanos— en abril del año pasado. El texto instaba al Gobierno a elaborar una relación de todos los bienes inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria para facilitar aún más estas anotaciones registrales. Y a hacerlo en seis meses. El anterior Gobierno obviamente no cumplió el plazo, pero sí llegó a poner el encargo en marcha y a hacer algunas peticiones a los registros de la propiedad, según fuentes conocedoras del estudio.

El listado “está pendiente de completar”, respondió en julio pasado el Ministerio de Justicia tras una petición de información de EL PAÍS amparada en la Ley de Transparencia. La respuesta añadía que, una vez terminado, se le daría publicidad. Fuentes de Justicia aseguran que han encargado un informe jurídico para ver de qué manera se puede hacer pública la lista. “Hay voluntad de hacerlo, pero hay que vigilar que no se incumpla ninguna ley”, añadieron.

El templo de Zaragoza que no encontraba el registrador

A la iglesia de San Pablo, un monumental templo con torre mudéjar, la llaman la tercera catedral de Zaragoza. Está en la plaza del mismo nombre, y es un icono de la ciudad. Pese a ello, el Registro de la Propiedad número 2 de la ciudad comunicó a la asociación laicista Mhuel (Movimiento hacia un Estado Laico) que “no resulta inscrito el bien inmueble identificado” cuando esta preguntó, aportando ficha catastral y fotografías, por la situación del templo. Poco después fue el Ayuntamiento de Zaragoza el que preguntó, y esta vez el registro sí la localizó. Como sospechaban, llevaba inscrita a nombre de la Iglesia desde 1987.

El Defensor del Pueblo acaba de afear al Ministerio de Justicia la respuesta que dio a Mhuel cuando esta denunció al registrador. No solo no inició expediente disciplinario sino que afirmó que su actuación había sido impecable. El Defensor ha abierto una investigación y asegura que el registrador suministró información “contradictoria en una cuestión no irrelevante”. Para Jorge García, presidente de la organización en Aragón, el caso ejemplifica las dificultades que han tenido hasta ahora para investigar qué bienes se ha apropiado la Iglesia.

Con el cambio de Gobierno, también ha habido un cambio de criterio en el ministerio. El anterior director general de los Registros y el Notariado alertaba de que Justicia no podía hacer pública esta información porque esa competencia es exclusiva de los Registradores de la Propiedad. Ahora Justicia va un paso más allá y se plantea también investigar los casos de dominios públicos que se hayan registrado como bien de propiedad privada y “depurar” esas situaciones.

Listado parcial

La Conferencia Episcopal mantiene que no dispone de los datos. Algo que pone en duda Jorge García, portavoz de la Coordinadora Recuperando, que agrupa a varias asociaciones de toda España que luchan por el patrimonio público. “Fue la Conferencia la que dio la orden, que no fue seguida igual por todos los obispos. Saben perfectamente lo que han inmatriculado”, asegura. García lamenta que el listado sea “parcial” y que no incluya los bienes registrados antes de 1998, entre los que hay “lugares de culto de dominio público que fueron inmatriculados en posible fraude de ley”.

La Ley Hipotecaria de 1946 y su posterior reglamento permitía a los obispos inscribir cualquier bien, excepto los templos destinados al culto. Pese a ello, en los años ochenta se inscribieron muchas iglesias y ermitas, según han podido averiguar Ayuntamientos y asociaciones. La reforma de 1998 permitió que también se inscribieran los templos, es decir, legalizó la práctica. “Aznar hizo lo que no se atrevió a hacer Franco”, resume García. Este privilegio estuvo en vigor hasta 2015. Un año más tarde una sentencia del Tribunal de Estrasburgo calificó de arbitrario el procedimiento de inmatriculación de la Iglesia y condenó al Estado a indemnizar a los propietarios de una finca de Ucieza (Palencia) registrada a su nombre por el obispado (aprovechó que en los terrenos había una iglesia) pese a que ya tenía dueños.

La publicación de la lista permitirá al fin conocer el alcance de estas prácticas. Según afirmó el año pasado un representante de la Conferencia Episcopal a la cadena SER, incluirá entre 30.000 y 40.000 propiedades. García cree que, a la vista de los pocos listados que ya existen, pueden ser muchas más. Y eso que solo se van a incluir las propiedades inmatriculadas en los últimos 20 años. El Gobierno de Aragón hizo un estudio el año pasado que mostró con datos de 22 de los 43 registros de la propiedad, que los obispos inscribieron a su nombre al menos 1.751 propiedades en apenas dos décadas.

La Conferencia Episcopal rechazó ayer hacer valoraciones sobre la publicación, pero su vicesecretario para asuntos económicos, Fernando Giménez Barriocanal, alertó de que debe hacerse “conforme a la legislación vigente y siempre que opere el principio de no discriminación”.

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