La Generalitat acepta el fracaso de su mediación con la Iglesia por los bienes inmatriculados

El Ejecutivo catalán fue pionero con la publicación, en 2020, de un listado que ponía luz sobre el fenómeno de las inmatriculaciones eclesiásticas. Se trata de las propiedades inscritas por la iglesia en el Registro de la Propiedad, ofreciendo solo la firma de un obispo como prueba. La lista recogía 3.722 de esas situaciones, con especial énfasis en las producidas entre 1998 y 2015: figuraban no solo templos de culto sino también terrenos rústicos o ermitas que han terminado por tener usos sociales. El Departamento de Justicia anunció entonces la creación de la Oficina de Mediación sobre Inmatriculaciones para interlocutar con los obispados. La consejera Gemma Ubasart certificó, a raíz de una pregunta de la CUP en el Parlament, el fracaso de esta vía, pues en tres años ninguno de los cinco expedientes abiertos prosperó.

“Dos no pueden mediar si uno no quiere y en este caso, digámoslo claro, la Iglesia no ha querido cooperar con la Oficina”, aceptó Ubasart en el Parlament. En octubre de 2021, ya dos de los cinco casos que habían recurrido a la oficina y abierto el proceso habían sido denegados por el Obispado de Girona. El último balance es con fecha del 24 de febrero de este año: ninguno tuvo éxito. Pese a la buena voluntad, desde un principio fue muy claro que una gran parte de la Iglesia no veía con buenos ojos la decisión de la Generalitat de intervenir. La Conferencia Episcopal Tarraconense consideró en su día que no era necesaria una mediación “si había un error” en las titularidades e insistía en que el registro por certificación eclesiástica era legal.

A la puerta de la Oficina, según Ubasart, solo han llamado 16 ciudadanos y cuatro ayuntamientos a solicitar información. De ahí salen las cinco reclamaciones que finalmente fueron denegadas. ¿Por qué el fracaso? “Para iniciar el procedimiento era necesario que los particulares aportaran documentación de los bienes afectados. No todo el mundo tiene esa documentación”, explicó. La consejera evitó tirar la toalla respecto a explorar otras vías para la mediación, ahora específicamente que la secretaría de Asuntos Religiosos ya no depende de Justicia sino de Presidencia, pero dejó claro que el problema con la Iglesia no se limita a la Oficina. “Nos hemos encontrado con dificultades no para mediar sino para entrar en contacto”, denunció.

Para Joan Casajuana, portavoz de Unió de Pagesos en el tema de las inmatriculaciones, el fracaso del plan de la Generalitat se veía venir desde el principio. “Su eficacia era dudosa, se sabía que la Iglesia no quería”, explica. Eso sí, recuerda que en varios casos ha sido más efectiva la reclamación directa entre afectados y la curia. El último, aún pendiente de cerrarse, entre el Ayuntamiento de Castellfollit del Boix (Bages) y el Obispado de Vic y que afecta a unos terrenos y un edificio en la población de Maians. En diciembre del año pasado, el Consistorio y la Iglesia anunciaron un acuerdo para revertir la inscripción errónea de unos terrenos mas no de la casa parroquial y el cementerio. ”No sabía que existía un servicio de mediación de la Generalitat”, asegura el alcalde de la población, Celestí Rius al ser preguntado sobre por qué había abordado la negociación de manera directa y no en compañía de la Generalitat.

El propio Casajuana, en 2018, también plantó cara ante ese mismo obispado por su terreno familiar en Sant Vicenç de Castellet. Dentro de su propiedad están la ermita de Sant Pere de Vallhonesta y la casa del Campaner, que la Iglesia inmatriculó como suyas en 2015. El portavoz de Unió de Pagesos contó con la suerte de tener acceso a documentos que le daban la razón, como un contrato de arriendo y de obras que se remontaba a 1883.

El sindicato agrario, junto a la Asociación Catalana de Municipios y la Federación Catalana de Municipios y Micropueblos, han sido combativas a la hora de denunciar los abusos de la Iglesia en el registro. De hecho, en hasta ponen en duda el número de bienes afectados en Cataluña y que figuran en el listado hecho por Justicia. “Ese listado no sirve de nada. Lo que tendrían que hacer es publicar las notas simples [de los Registros de la Propiedad] como ya han hecho Asturias, Mallorca y el País Vasco”, añade Casajuana. Según la estimación de esas entidades, con esa información pública y centralizada, el número de inmuebles afectados se elevaría a 9.000, sobrepasando los 3.722 que encontró Justicia.

La Generalitat explica que su lista surge precisamente de los datos de ese Registro. En el mapa interactivo se pueden ver varios datos, como la sede donde se hizo la inscripción, quién es su propietario, la fecha y y el título de la propiedad. La interpretación de esos datos es tan confusa que incluso cuando el Gobierno presenta su propio listado, hay una diferencia de 72 inmuebles a la baja. Ninguna de las dos administraciones ha estudiado el porqué de la diferencia si la fuente es la misma. Casajuana defiende que ese hecho da la razón a sus reclamaciones. En muchísimos casos parece que el registro de cementerios, casas parroquiales y templos se hace en un solo documento, como si fueran una unidad, y por ello se deberían disgregar.

El sindicato agrario y las entidades municipalistas se reunieron en enero pasado con los grupos parlamentarios de ERC, Junts, En Comú Podem y la CUP para intentar avanzar. Pidieron la comparecencia de la consejera en la comisión de Justicia. Además de publicar las notas del registro, quieren que se inste al Gobierno central a anular todas las inmatriculaciones al considerarlas ilegales, que el propio Gobierno ve de constitucionalidad “dudosa”. Ubasart acepta que no solo ha topado con la Iglesia sino también con el Gobierno central, al haber un choque competencial. De ahí que instara a los grupos con representación en Madrid a buscar reformas legales que llevaran a una nulidad de las inmatriculaciones realizadas sólo con certificación de un obispo.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal