El Gobierno admite la “dudosa constitucionalidad” de las inmatriculaciones, pero las da por buenas “salvo excepciones”

Las organizaciones que combaten desde dentro de la Iglesia católica contra las decenas de miles de inmatriculaciones realizadas por los obispos —edificios, iglesias, terrenos, fincas, etc. que la jerarquía eclesiástica registró a su nombre entre 1998 y 2015— ya saben a qué atenerse ante el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE). El Ejecutivo admite la “dudosa constitucionalidad” de esas inmatriculaciones, pero las da por buenas “salvo excepciones”. Por su parte, los obispos aceptan que ha podido haber “algunas, muy pocas, anomalías”, pero sostienen que todo se ha hecho dentro de la ley y para cumplir la misión evangelizadora de la Iglesia. Enfrente, los reproches de los líderes de algunas de las 200 organizaciones agrupadas en Redes Cristianas sonaron con estruendo durante un congreso celebrado este domingo y este lunes para tratar el tema. El debate se había convocado con el título Es hora de devolver. ¡A desinmatricular!.

Iniciado el domingo con la participación, entre otros especialistas, del secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, Juan José Tamayo, el encuentro concluyó este lunes al mediodía con las intervenciones de Alberto Herrera Rodríguez, subsecretario de Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática, y de Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE. Les dio réplica en la mesa Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de la coordinadora Recuperando. Terminado el debate, un nutrido grupo de las Redes Cristianas se manifestó ante el palacio episcopal del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que es también vicepresidente de la CEE.

Además, ha habido un manifiesto final, que los dirigentes han entregado en la sede del Ejecutivo, en la CEE y en la Nunciatura (embajada) del Estado vaticano en Madrid. Este es uno de sus párrafos: “Las inmatriculaciones eclesiásticas son el mejor ejemplo del voraz y acumulador neoliberalismo episcopal que atenta contra el Evangelio de Jesús de Nazaret, contra la doctrina social de la Iglesia y contra los mandatos del papa Francisco”. Después de subrayar que “la Iglesia católica española es la única en toda la cristiandad occidental con esos privilegios”, Redes Cristianas exige a los prelados “devolver los bienes de dominio público de los que se ha apropiado; y pagar, como hacen los ciudadanos responsables, los impuestos cívicos y sociales que se derivan de los bienes que legítimamente poseen”. Concluye pidiendo a la sociedad que se indigne y rompa de una vez su indiferencia. “¡Despertemos y exijamos a los poderes públicos que lo rescaten y nos lo devuelvan!”.

“Los obispos, ¿nos roban?”

“Ustedes se pueden enfadar conmigo y no coincidirán en casi nada con lo que les voy a decir, pero me han invitado a hablar y siempre acudo”, admitió Giménez Barriocanal, que, sin embargo, dijo asistir al encuentro “a título personal” y no como representante de los prelados españoles. Detrás, en una gran pantalla, había proyectado un argumentario con el título Los obispos, ¿nos roban?. No dejó punto por rebatir, incluido el asunto del dinero, donde negó que, entre unos y otros privilegios y actuaciones —sueldos de los profesores de catolicismo, diferentes capellanías, la escuela católica concertada, la equis en las declaraciones de la renta sin que los católicos pongan nada de su bolsillo, el sostenimiento del patrimonio arquitectónico, etc.—, la Iglesia católica reciba del Estado, a través de sus diferentes Administraciones, unos 11.000 millones de euros cada año, como ha calculado la organización sin ánimo de lucro Europa Laica. “Los bienes son del pueblo cristiano. No son del obispo”, enfatizó, finalmente. Fue aplaudido por los asistentes, que reconocieron su valentía.

Del subsecretario de la Presidencia destacó su reconocimiento de la “dudosa constitucionalidad” del procedimiento inmatriculador orquestado por la Ley Hipotecaria de 1946 y ampliado muy generosamente por el Gobierno de José María Aznar en 1998, que permitía a los obispos inscribir bienes con su mera certificación y sin aportar títulos de propiedad, apropiándose de más de 100.000 fincas, edificios, templos, plazas, cementerios y monumentos históricos sostenidos con dinero público. Se extrañó de que, pese a esos “visos de inconstitucionalidad”, nadie hubiera presentado en todos estos años un recurso.

“Creemos en la política útil, y eso no es compatible con resolver de forma rápida grandes problemas”, dijo Alberto Herrera, para salir al paso de las exigencias planteadas reiteradamente por las Redes Cristianas, decepcionadas con el Gobierno por haber incumplido sus promesas electorales. “¿Esto significa que el asunto esté cerrado? En absoluto. ¿Solo un millar de bienes [inmatriculados supuestamente por error] son los únicos con problemas? No. Esto no es un punto final”. Prometió que el Ejecutivo va a continuar desarrollando “actuaciones” que favorezcan que el registro de la propiedad responda a la realidad de los títulos válidos.

Ambos ponentes fueron replicados por Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la coordinadora Recuperando, con un argumento central: todas las inmatriculaciones han sido practicadas por una norma inconstitucional y, por tanto, son nulas de pleno derecho. “Que la política sea útil, pero además que sea justa”, pidió al representante del Ejecutivo, para lamentar que no se haya formulado una declaración formal de nulidad. “Hay que preguntarse por qué; ahí está el inmenso poder fáctico de la Iglesia española”, sentenció.

Interviene el Tribunal Europeo

El privilegio de los obispos para inscribir a su nombre en el Registro oficial cualquier bien sin dueño conocido fue suprimido en 2015 por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, ante la creciente presión ciudadana y una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaraba las inmatriculaciones como “arbitrarias” y obligaba al Gobierno a pagar una alta indemnización por permitir al obispo de Palencia la inscripción de un templo propiedad de un particular en el conocido caso de Ucieza.

Desde entonces, ha habido otras sentencias contrarias al episcopado, como la restitución del convento de las Jerónimas, en Palma de Mallorca, registrado a su nombre por el obispo local y devuelto por orden judicial a sus propietarias, unas monjas que han sostenido un pleito de siete años. Otras sentencias, en cambio, han dado la razón a los prelados, en la idea de que han actuado dentro de la legalidad. Con la inmatriculación de esos más de 100.000 bienes desde 1946, de ellos casi 35.000 entre 1998 a 2015, gran parte de los obispos se han convertido en los principales propietarios en sus respectivas provincias.