La crisis del virus dispara las ejecuciones hipotecarias de viviendas familiares

Las dificultades económicas que ha traído el coronavirus vuelven a hacer que a muchas familias les cueste hacer frente al pago de su vivienda. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado se iniciaron 9.407 ejecuciones hipotecarias sobre casas de particulares, lo que supone un 27,4% más que en 2019. Ese crecimiento interanual es el primero desde 2014, cuando el instituto estadístico comenzó a recabar esta información a partir de las certificaciones inscritas en los registros de la propiedad. Este proceso no es exactamente el equivalente a un desahucio, porque puede reconducirse en negociaciones con el prestamista, pero en muchos casos sí acaba con la desposesión y subasta de la vivienda.

Gran parte de la culpa del crecimiento de 2020 la tuvo el último trimestre del año, cuyos datos también ha hecho públicos el INE este lunes. Entre octubre y diciembre, los registros inscribieron 3.760 certificaciones de ejecución hipotecaria sobre viviendas de personas físicas. Esto supone un crecimiento interanual del 97%, es decir, casi se duplicaron respecto al último trimestre de 2019. Respecto al trimestre anterior (julio-septiembre de 2020), la subida es del 63%. José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España, pone el acento en las peculiaridades de la crisis del coronavirus. “Sospechamos que puede haber cierto embalse de los datos de todo el año”, señala. En otras palabras, tras un segundo trimestre del año de práctica inactividad en los juzgados (debido al estado de alarma) y un tercer trimestre que coincide con el verano, las peticiones de este tipo de certificaciones (que piden los jueces a requerimiento del banco) se concentraron en la recta final del año.

Paradójicamente, esas dificultades que llevan a muchas familias a perder sus viviendas no se ven al ampliar el foco a otro tipo de propiedades y de propietarios. En 2020, el total de ejecuciones hipotecarias registradas por el INE fue de 34.750. Esta cifra incluye, además de las viviendas de personas físicas, aquellas que están a nombre de empresas así como otro tipo de fincas urbanas o rústicas (en las que la estadística no distingue por tipo de propietario). Con respecto a 2019, el total arroja una bajada del 38,8% y corta con la tendencia de los años anteriores, cuando crecieron ligeramente (en torno al 3%).

Menos embargos a empresas

La inflexión más llamativa se dio precisamente en las viviendas de personas jurídicas (es decir, de empresas u otro tipo de organizaciones). Este tipo de ejecuciones hipotecarias eran las que con más fuerza crecían en los años anteriores a la crisis (un 29% en 2018 y un 16% en 2019) y el año pasado volvieron a caer. Lo hicieron, además, con fuerza: las 9.496 ejecuciones del año pasado son un 52% menos que las del año anterior. E incluso en el fatídico cuatro trimestre cayeron un 53% con respecto al mismo periodo de 2019. Una posible explicación de esto es que las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno hayan tenido un mayor efecto en el caso de las empresas que en el de las familias (estas disponen de una moratoria, aunque limitada, de pago de hipoteca y préstamos avalados por el ICO). No obstante, puesto que la crisis sigue avanzando, habrá que esperar más tiempo para ver su evolución.

Eso es lo que piensa, por ejemplo, Tabarés, quien pide “prudencia” a la hora de valorar los datos conocidos este lunes. “Hay porcentajes de caída en 2020 que posiblemente se materialicen en aumentos en 2021″, asegura el vicedecano, quien apunta a las cifras que arroje este primer trimestre del año para ver qué tipo de tendencias se consolidan.

Más información

El Gobierno limitará los desahucios en la futura ley de vivienda

Mientras tanto, y de vuelta a la vivienda, lo que refleja el INE es un extraordinario impacto sobre los particulares, y particularmente en casas que son la residencia habitual de las familias. Las ejecuciones sobre este tipo de bienes crecieron un 37,4% el año pasado, mientras que aquellas que son segundas residencias lo hicieron solo un 0,9%. En número absolutos, las primeras representaron 7.364 ejecuciones y las segundas algo más de 2.000.

Una nueva dinámica

Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cree que además del empeoramiento de las condiciones económicas, lo que está empezando a verse es el efecto de la ley hipotecaria de 2019 y de algunas sentencias judiciales. El hecho de que el Tribunal de Justicia de la UE declarara abusivas muchas cláusulas de vencimiento anticipado (que son las que regulan la ejecución) abocó durante años al archivo de muchas causas. La nueva Ley reguladora de los contratos de crédito hipotecario “moderó esa situación”, explica Morote, y eso se completó con una sentencia del Tribunal Supremo en septiembre de 2019. En suma, a partir de 12 o de 15 impagos (dependiendo de lo avanzado que esté el préstamo), los bancos pueden volver a reclamar sin temor a que se archive su demanda y eso es lo que a juicio de la PAH ha provocado una nueva dinámica de crecimiento de casos. “Las ejecuciones que están entrando ahora son desahucios a medio plazo”, asegura su portavoz, quien destaca las cifras de lanzamientos por impago de hipoteca del año pasado (conocidas el pasado viernes): “Casi 7.000 en un año, pese a haber una moratoria, es una barbaridad”.

Por territorios, la Comunidad Valenciana encabezó el año pasado las ejecuciones hipotecarias tanto del total de fincas como del conjunto de viviendas, seguida por Andalucía y Cataluña. Si se observan solo aquellos procedimientos sobre viviendas de particulares, Cataluña es la comunidad que aparece en primera posición (con 2.027), seguida de Comunidad Valenciana (1.917) y Andalucía (1.856).

Lo que no ha cambiado con la crisis es el peso de los años de la burbuja inmobiliaria sobre los inmuebles en ejecución. Casi la mitad de todas las hipotecas sobre vivienda que entraron en este procedimiento el año pasado (un 48% exactamente) se firmaron en 2006, 2007 o 2008. Mientras, solo un 7,5% se corresponde con préstamos constituidos en los últimos cinco años (de 2015 a 2019).