La Fiscalía considera que la Diputación provincial pagó trabajos de reputación personal para su presidenta, la asesinada Isabel Carrasco, y su sucesor en el cargo
Hechos como los que dieron lugar al referéndum ilegal del 1-O serían castigados con altas penas de cárcel pese a la derogación del delito de sedición y los nuevos tipos de la malversación
El Tribunal Supremo desmonta en el auto de revisión de condenas los cambios legales que impulsó el Gobierno para beneficiar a los dirigentes independentistas
Tomás Pérez-Sauquillo está condenado a tres años y medio por conceder un préstamo y solicita que se paralice la medida por enfermedad “grave e incurable”
La Audiencia Provincial de Madrid confirma la absolución de los exediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y condena en costas a los populares por el ‘caso Open de Tenis’
Isaías Herrero, beneficiario de los contratos irregulares, explicará que siguió las instrucciones de la expresidenta del Parlament a cambio de una rebaja de la pena que evite su ingreso en prisión
El Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado interpretan de forma dispar los cambios en los delitos de sedición y malversación pactados por el Gobierno y ERC
Los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia consideran que los hechos del ‘procés’ entran en el nuevo tipo atenuado de malversación porque no hubo lucro
El fiscal general dicta un decreto sobre cómo aplicar la reforma penal del Gobierno y se opone a que se reduzca el castigo a los principales acusados del ‘procés’
El líder del PP, que se ausenta de la tercera protesta auspiciada por entidades civiles de la derecha y antinacionalistas, tampoco envía a su ‘número dos’
El recurso pide al Constitucional que anule en su integridad la reforma del Código Penal “de forma urgentísima” y recusa al presidente del tribunal y otros tres magistrados
El comisario de Justicia, Didier Reynders, afirma que la Comisión Europea estudia si la reforma del Gobierno de Sánchez va en línea con la protección de los intereses financieros de la UE
El ministerio público coincide con el magistrado del Supremo en que la reforma penal del Gobierno “debilita” al Estado frente a futuros ataques a la Constitución, pero niega que suponga la “despenalización” total de los hechos del ‘procés’