La jueza acusa a la alcaldesa de Motril de malversación de caudales públicos

Una jueza de Motril (Granada) considera “verosímil” que la actual alcaldesa de la localidad cometiera un delito de malversación de caudales públicos entre los años 2019 y 2021, cuando el grupo municipal del PP de Motril y el de la Diputación de Granada le transfirieron a su cuenta 12.151 euros para pagar una multas y costas procesales derivadas de una sentencia judicial contra ella. Luisa García Chamorro (PP), primera edil de la segunda ciudad más habitada de la provincia, hizo frente a los pagos con ese dinero. En 2021, cuando el asunto saltó a la prensa, García Chamorro devolvió al menos 8.000 euros. El juzgado considera ahora que la alcaldesa retuvo en su poder un mínimo de 2.031 euros “sin causa justificada, supuestamente para la compensación de otros gastos propios satisfechos o que pudieran surgir”.

La denuncia original, presentada por Vox, surgió a partir de una filtración de documentos en octubre de 2021 que desvelaban la existencia de esos pagos a cargo del partido. En aquel momento, fuentes del PP consideraron esa filtración fuego amigo, ya que se conocieron pocos días antes de que García Chamorro se convirtiera en presidenta local de su partido. Aquellos papeles reflejaban pagos realizados exclusivamente por el grupo municipal popular y por valor solo de 4.000 euros. Ahora, tras la investigación, esa cifra se triplica, involucra también al partido en la Diputación provincial y deja patente que la devolución del dinero por parte de la alcaldesa fue solo parcial.

Además de la alcaldesa motrileña, la jueza cita también como investigadas a la entonces secretaria municipal del PP y a otra persona cuya firma era obligatoria para disponer del dinero del grupo. Las tres se enfrentan ahora a un juicio con jurado por esa “verosímil” malversación.

Las multas y costas que pagó García Chamorro derivan de una sentencia tras unos comentarios emitidos por García Chamorro en una rueda de prensa cuando presidía la empresa provincial de vivienda. Los pronunció contra el anterior responsable, del PSOE. El tribunal consideró esos comentarios como injurias graves y condenó a la popular al pago de multas, costas y responsabilidad civil por un importe de 9.520 euros que, según la investigación, la alcaldesa popular pagó con dinero del partido, quien le trasfirió 2.500 euros más de la cifra, dinero que no fue devuelto. Tras la filtración hace casi tres años, PSOE, IU-Equo y Vox pusieron los documentos filtración en manos de la Fiscalía, pero solo Vox se personó posteriormente en el procedimiento.

El auto ahora conocido, de fecha 15 de mayo, cita a las tres personas investigadas, a la Fiscalía y a Vox a una vista preliminar el próximo 19 de junio en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Motril. Allí, explican fuentes judiciales, se informará a las investigadas de los cargos que pesan sobre ellas. A partir de ahí, indican estas fuentes, si Fiscalía y Vox piden avanzar en el procedimiento, la jueza determinará la fecha para el juicio con jurado. Si por alguna circunstancia se retiraran, el juicio no llegaría a celebrarse, explican estas fuentes. El auto también obliga a las tres investigadas a prestar una fianza de 3.000 euros para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias futuras. Ya en su momento, el interventor municipal emitió un informe en el que consideraba contrarios a la ley esos pagos con dinero del grupo municipal.

Además de citar a los involucrados el próximo 19 de junio, la jueza ha ordenado también la práctica de nuevas actuaciones “inaplazables”, según su propia calificación. Entre ellas, que se investigue quién, dentro del grupo popular en la Diputación ­—donde aún no hay investigados formalmente— “ordenó la expedición del cheque y de la transferencia” a favor de García Chamorro. Según la contabilidad de la jueza, el grupo municipal cedió 4.600 euros y el de Diputación 7.551. Este último, además, según el auto, “procedió al pago directo de honorarios a su procuradora”, en una cantidad no especificada.

Tras conocerse el auto, el PP motrileño ha emitido un comunicado en el que, bajo el título “Luisa García Chamorro se muestra tranquila ante la citación del juez”, explica que no hay “novedad con respecto a su situación procesal, que sigue siendo la de investigada desde hace dos años aproximadamente”, obviando que está a un paso de juicio con jurado. El PP dice que “las costas y gastos judiciales derivan del ejercicio de sus funciones y atribuciones políticas como portavoz del Partido Popular en la Diputación y por eso se pagaron por parte de los grupos del Partido Popular esta pequeña cantidad de dinero”. A continuación reconoce que “no obstante, cuando llegó la denuncia anónima a Fiscalía y ante las dudas administrativas que pudieran surgir, García Chamorro procedió a devolver, cautelarmente, a su grupo municipal y al de diputación los importes íntegros que habían sido destinados al pago de esta sentencia. Como ha manifestado García Chamorro este dinero era propiedad del grupo político y no de la Administración”.