El interventor de Motril considera contrario a la ley el traspaso de dinero del grupo municipal popular a la alcaldesa para pagar una multa

El interventor del Ayuntamiento de Motril ha determinado que el traspaso de 4.000 euros que el grupo municipal del PP realizó a la cuenta corriente de la actual alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro, no es legal. En noviembre de 2019, la alcaldesa recibió ese dinero para abonar una multa de 1.080 euros y parte de las costas judiciales consecuencia de una condena judicial por injurias. Según admitió García Chamorro, dio con esa solución cuando el juzgado avisó de que le embargaba las cuentas si no pagaba. Ahora, según explica el interventor en un informe, esas dos transferencias de 2.000 euros cada una “vulneran la normativa que regula el destino de la asignación a los grupos políticos”, al no ser un gasto destinado al funcionamiento del grupo.

Esas transferencias se conocieron a principios de este mes de octubre y menos de 48 horas después de hacerse públicas, Luisa García Chamorro reintegró el dinero. Lo hizo, además, pocas horas antes del inicio del congreso local en el que asumió la presidencia del PP de Motril. García Chamorro solicitó a la vez al interventor que emitiera un informe sobre la legalidad o no de aquellas transferencias. Este concluye que aunque en la ley no hay mención explícita y detallada sobre en qué se puede gastar ese dinero, sí existe una genérica que indica que “debe destinarse al funcionamiento del propio grupo político, siendo una dotación de carácter finalista, sin que pueda realizarse un uso discrecional o destinarla a finalidades ilimitadas no relacionadas con dicho funcionamiento”. Tanto el PSOE de Motril como IU-Equo y Vox trasladaron a la Fiscalía los hechos sin que hasta este momento, según fuentes de la Fiscalía en Granada, esta se haya pronunciado en ningún sentido.

Este diario ha contactado con Luisa García Chamorro que ha declinado hacer declaraciones aunque, a través de un portavoz, ha considerado suficiente haber devuelto el dinero y haber solicitado ella personalmente el informe del interventor. El PP provincial, por su parte, también defiende que el asunto, para ellos, termina aquí y que no hay ningún paso ni explicación más que dar. Fuentes jurídicas conocedoras del caso consideran, no obstante, que la devolución del dinero no es el final del caso. “En los delitos económicos, la devolución del dinero, incluso antes de que se incoe el procedimiento atenúa, si acaso, la responsabilidad, pero no la cancela definitivamente”, aseguran, “porque como administradores públicos, en el ámbito penal, el bien protegido es el concepto de buena administración, un paso anterior al uso indebido o no del dinero”.

El informe analiza específicamente, además, si el dinero de los grupos municipales puede utilizarse para el pago de “indemnizaciones por gastos de defensa y representación de los miembros de la corporación”. La conclusión del empleado municipal es que, de nuevo, no concurre en este caso ningún requisito que lo permita, ya que “el hecho de que haya recaído condena impide que el ayuntamiento tuviera cobertura legal alguna para asumir esos gastos”. Diferencia así entre los gastos de defensa, previos, y que deben estar relacionados con el trabajo municipal y los gastos derivados de cualquier condena posterior, que ya son responsabilidad exclusiva de la persona condenada. La ahora alcaldesa fue declarada culpable de un delito de injurias en 2017 por unas declaraciones suyas de 2011, cuando era vicepresidenta de la Diputación provincial y directora gerente de una empresa de gestión de suelo y vivienda de esa institución y, por tanto, aquello no tenía nada que ver con su función entonces de concejala en el ayuntamiento motrileño.