La alcaldesa de Motril devuelve el dinero que el grupo municipal le había transferido para que pagase multas

Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril (Granada, 58.460 habitantes), ha reingresado este mismo viernes a la cuenta del PP de esa localidad los 4.000 euros que el grupo municipal le había transferido en noviembre de 2019 para que afrontara el pago de una multa y de las costas judiciales derivadas de una condena por injurias. Según ha confirmado un portavoz del PP provincial, la regidora ha tomado esa decisión a la espera de un informe de la intervención municipal que determine si la transferencia a su cuenta personal para ese fin fue legal o no. Según sea ese dictamen, explican estas fuentes, a García Chamorro se le reintegrará el dinero que ha depositado ahora o no.

García Chamorro —que ha reconocido que el grupo municipal le traspasó los 4.000 euros a su cuenta ― ha devuelto la suma horas antes de ser nombrada presidenta local del Partido Popular, en un acto en el que ha estado arropada por Francisco Rodríguez, presidente provincial del PP. El partido ha insistido públicamente desde que se conocieron estos hechos en que las explicaciones de la política motrileña eran suficientes y que no se planteaba ninguna investigación sobre la pertinencia o no del pago con el dinero público municipal.

Antes de que se conociera la devolución de las sumas, el PSOE y Vox han denunciado ante la Fiscalía las transferencias del grupo municipal a la alcaldesa. Además, el grupo socialista en el Ayuntamiento ha presentado en el registro municipal un escrito solicitando que el interventor municipal explique esos gastos y si han sido aprobados por esa instancia. Este diario se ha puesto en contacto con el interventor para preguntarle si, en su potestad, tiene que autorizar los gastos de los grupos municipales y si así fue específicamente en el caso de las transferencias a García Chamorro, pero este ha declinado hacer una valoración detallada. “Es todo muy complicado”, se ha limitado a comentar.

Acusaciones en rueda de prensa

Los hechos de la condena se remontan a 2011. El 2 de septiembre de aquel año, Luisa García Chamorro, concejala del PP, se convirtió en directora gerente de Vigsosa, la empresa de la Diputación de Granada para suelo y vivienda, entonces gobernada por el Partido Popular. García Chamorro era también vicepresidenta primera de la institución provincial. Dos meses y medio después de entrar en la empresa pública, el 16 de noviembre, García Chamorro convocó una rueda de prensa para dar su versión sobre la gestión del anterior gerente, José Luis Hernández, del PSOE. En esa convocatoria lo acusó de malgastar el dinero público, algo que una investigación posterior demostró falso. En junio de 2017, la Audiencia Provincial condenó a García Chamorro por injurias, lo que conllevaba el pago de una multa de seis euros diarios durante seis meses (1.080 euros) y a pagar las costas judiciales.

Dos años después, en noviembre de 2019, las deudas seguían vivas y a García Chamorro, “de un día para otro” —como ella misma ha explicado―, le llegó un aviso de embargo. Ante ello, “y con el visto bueno de su asesoría jurídica”, según la alcaldesa , optó por usar el dinero público de su grupo. José Luis Hernández recuerda que, a finales de 2019, Chamorro le abonó 2.000 euros que le debía para pagar a su abogado. El grupo municipal del PP en Motril acabó así pagando el problema resultante de una actividad realizada por García Chamorro años atrás en otras instituciones: la Diputación de Granada y una empresa pública asociada.

Los hechos se han conocido a partir de la puesta en circulación en la ciudad, de modo anónimo, de varias cartas dirigidas a responsables del PP en la provincia y de los dos justificantes de la transferencia de esos 4.000 euros del PP municipal a la alcaldesa. García Chamorro ha anunciado que presentará una denuncia para que se investigue quién ha hecho públicos los dos justificantes.

La difusión de los documentos ha coincidido con el proceso de nombramiento de un nuevo presidente del PP motrileño. Uno de los posibles aspirantes, Aladino Fernández, que finalmente no consiguió los avales, ha llamado a que dé la cara “quien ha montado todo esto”, al tiempo que ha señalado que el PP “debería investigar qué ha ocurrido con este dinero”. Manuela Santiago, exconcejala, otra potencial aspirante que tampoco terminó presentándose como candidata y radicalmente enfrentada a García Chamorro, mostró en Twitter su satisfacción por las críticas a García Chamorro. Este viernes Santiago ha cancelado su cuenta en esta red social.

El equipo de gobierno de Motril está formado por ocho concejales del PP, tres de Más Costa Tropical, dos de Ciudadanos y dos no adscritos. La oposición está formada por nueve concejales. Representantes de Más Costa Tropical, el principal apoyo de García Chamorro, han declinado dar su opinión sobre el caso y tampoco han valorado si mantendrán su respaldo o no a la alcaldesa porque su portavoz está enfermo.

Viajes a Berlín y Dublín e idas y vueltas judiciales

Los pagos a los que estaba obligada García Chamorro derivan de una condena por injurias provocada por acusar en rueda de prensa a su antecesor en la dirección de una empresa pública de haber viajado a lugares como Dublín o Berlín, de comer en restaurantes de lujo y de pagar algunos gastos personales a costa de la tarjeta Visa de la empresa. La investigación posterior demostró que eso era falso y que, de hecho, Hernández nunca había viajado a esas ciudades.

Hernández denunció a García Chamorro y solicitó para ella 10 meses de cárcel. En primera instancia, un juzgado archivó el caso, pero después la Audiencia Provincial obligó al juzgado a investigar los hechos. El juez determinó que las palabras de Chamorro eran “sin duda excesivas y desafortunadas… que exceden de lo normal y tolerable”, pero consideró que no eran “nada especial en una rueda de prensa, nada extraordinario que no estemos acostumbrados”. Tras un nuevo recurso, García Chamorro fue condenada al pago de una la que esos mismos hechos si los consideró punibles y le impuso la condena.