La Fiscalía abre una investigación penal al alcalde de Ourense tras denunciarlo excompañeros de partido por supuesta malversación

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), tras una denuncia por supuesta malversación de fondos públicos interpuesta por excompañeros de su partido que ahora forman parte del partido Coalición de Centro Democrático (CCD). La demanda fue presentada el 5 de diciembre de 2023 ante el ministerio público, que decidió abrir la investigación, señalan fuentes de la Fiscalía, para dirimir si hay posible responsabilidad penal por la incompatibilidad del cargo de alcalde con otros presuntos ingresos.

Coalición de Centro Democrático (CCD) pide investigar un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos al entender que el regidor estuvo “simultaneando su actividad profesional y el sueldo público a sabiendas de su incompatibilidad”. En el escrito se argumenta sobre la base del artículo 13 del real decreto 2568/1986 de 28 de noviembre de entidades locales que en el caso de que un concejal con dedicación exclusiva tenga otras ocupaciones “marginales” remuneradas “se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del pleno”. También señala que el alcalde es conocedor de esta cuestión, puesto que se llevó a pleno una moción el 26 de enero de 2022 que se debatió y aprobó la petición para que Jácome renunciase a su sueldo debido a la “incompatibilidad profesional”.

Los denunciantes apuntan que “a sabiendas de que es incompatible su actividad profesional y su sueldo como alcalde”, el 14 de julio de 2021 Jácome aseguró en el Ayuntamiento que no contaba con “ningún” supuesto de posible incompatibilidad.

En la denuncia se explica también que los ingresos profesionales del regidor vienen determinados por “las facturas que emite el partido”, Democracia Ourensana (DO), en concepto de “publicidad y trabajos varios”, que, según los denunciantes, “se hacen efectivos directamente con las aportaciones del grupo municipal”. En el escrito también se incluyen reseñas de declaraciones de Jácome en las que este afirma: “El dinero del grupo municipal se gasta en lo que yo considero”, “el proveedor soy yo y es lógico que me lo quede”, “la inversión de DO en Auria, que soy yo, la hacemos porque somos más listos y más hábiles”.

Tras asegurar que advirtieron resoluciones “arbitrarias” para las subvenciones de su grupo municipal, los denunciantes, ya fuera de DO, pidieron a la Fiscalía la admisión de la denuncia para “proveer lo procedente para la más pronta administración de justicia, ya que la conducta desarrollada por el señor Jácome transita por los caminos de la ilegalidad sujeta al escarmiento penal”.

En los documentos adjuntos de la denuncia se incluye la moción, en la que se menciona un sueldo en el año 2019 de 34.191,95 euros y, como actividad privada, según las cuentas presentadas por el Tribunal de Cuentas que ha facturado el partido político Democracia Ourensana y a su grupo municipal, 83.401,57 euros.

Archivo de otras causas

Poco antes de las elecciones autonómicas gallegas de febrero, una jueza archivó la causa abierta contra Jácome también por malversación a instancias de la Fiscalía que, apoyándose en una denuncia anónima, se querelló contra el regidor acusándolo de malversación de fondos públicos. Le atribuía el desvío de casi 100.000 euros de su grupo político al canal de televisión del que es propietario, Auria TV. Seis meses después de la querella, el ministerio público se retractó y pidió el sobreseimiento coincidiendo con el momento en el que el juez que instruía la causa, José Luis Doval, se apartó, al haber contratado Jácome a su esposa. La jueza que lo sustituyó vio justificada la comisión del delito. Jácome acusó a grupos políticos y medios de comunicación de “haberse hecho eco de una denuncia falsa para derrocar al alcalde de Ourense”.

El archivo de esta causa supuso el punto final al menos a las demandas judiciales registradas a lo largo del mandato contra el alcalde ourensano. “Todas las denuncias judiciales políticas han quedado en nada y solo evidencian un acoso y derribo sin éxito y con base cero”, afirmó entonces el regidor. Jácome ya se había jactado durante su comparecencia como investigado ante el juez Doval de que el trasvase que había hecho de los fondos públicos a su negocio privado era “legal y ético”. Y advirtió allí mismo de que lo seguiría haciendo.