Visto para sentencia el juicio por la caja b del PP de Valencia del ‘caso Imelsa’

El juicio por la supuesta caja b del PP de Valencia con la que, supuestamente, se financiaron, de forma fraudulenta, las campañas electorales de 2007 y 2011 ha quedado visto para sentencia este martes con la lectura de los informes finales de las defensas. Todas ellas consideran que no existen pruebas que sostengan las acusaciones contra Alfonso Grau, exvicealcalde de la ciudad de Valencia y en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá; la ex secretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García Fuster y dos responsables de entes dependientes del consistorio.

La acusación de la Fiscalía Anticorrupción se ha centrado en la posible comisión de los delitos de malversación, cohecho y falsedad cometidos alrededor de una trama que, a través de una empresa, cobraba a concesionarios del Ayuntamiento de Valencia por trabajos no realizados y pagaba gastos electorales. La investigación forma parte del llamado caso Imelsa.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que, durante el juicio, se ha probado que el PP de la ciudad de Valencia “cometió fraude electoral” porque “incrementó su presupuesto para las campañas mediante dinero obtenido de forma irregular” y ha comparado su funcionamiento con “la cueva de Alí Babá”. Según la acusación, el grupo municipal “era titular de dos cuentas corrientes; una lícita en la que ingresaba las subvenciones y otra donde la secretaria, que cobraba como asesora, ingresaba las comisiones, las pequeñas corruptelas. Era como la cueva de Alí Babá, pues esa cuenta no se sometía a más control que la voluntad de García Fuster”.

Anticorrupción considera que el vicealcalde concertó en 2007 un contrato con la empresa Laterne que contemplaba acciones de campaña por 150.000 euros, pero “realmente esa campaña costó más de 2,5 millones de euros”. “Esa diferencia no la aportó el PP, porque hemos examinado sus cuentas, como tampoco lo hizo Laterne”, señaló el fiscal. “Hay que tirar del hilo y ver cómo Laterne pagó a sus proveedores, y fue en primer lugar a través de entidades y fundaciones creadas por el Ayuntamiento. Laterne, una empresa no muy conocida en València, recibió contratos altísimos para realizar planes de modernización o turísticos” que, según sostienen las acusaciones, no se tradujeron en trabajo alguno. Y, así, varias firmas adjudicatarias de obras y servicios del Consistorio ingresaron fondos en las cuentas de Laterne por trabajos que no han podido acreditar. “Es un dato objetivo que ninguna de estas empresas aportó una sola justificación o factura”.

En 2011 la operativa fue muy parecida pero a través de otra empresa, Trasgos, tras la muerte del propietario de la utilizada en 2007.

La defensa de Alfonso Grau ha sostenido este martes que si fueron las empresas las que pagaron los gastos electorales “eso no tiene nada que ver con la malversación de caudales públicos”. Sobre la acusación de cohecho -el exvicealcalde ya fue condenado a prisión por cohecho, por aceptar como regalo dos relojes de lujo de un empresario con 16 contratos con el Ayuntamiento-, su letrado ha afirmado que no existen indicios de que Grau se quedara con dinero. “Si hubiese elementos indiciarios los tendríamos en la sala, y no hay nada. ¿Qué dinero se quedó Grau, cómo lo hizo?”, ha dicho.

Por su parte, la defensa de García Fuster esgrime que esta “acumulaba, guardaba donativos, desde 2010 y disponía de los mismos con ingresos en cuenta o pagos en efectivo. Algo lógico, razonable y coherente. El fiscal dice que el dinero procedía de comisiones, pero no ha identificado a los comisionistas, ni ha detallado en qué momento se produjo ese cobro. No sabemos de qué particulares hablamos ni de qué hechos, pues no es lo mismo recibir dinero por un contrato que por ser la secretaria del PP municipal”.