El fiscal sostiene que la “fiesta electoral del PP” la pagó la Diputación de Valencia en el juicio por el ‘caso Imelsa’

El primer juicio del caso Imelsa, empresa de la Diputación de Valencia, entró este martes en su recta final con el inicio de los informes. El del fiscal anticorrupción Pablo Ponce giró el foco de Marcos Benavent, exgerente de la misma, hacia el Partido Popular, que gobernaba la institución provincial y que, según afirmó, la usó para sufragar gastos electorales en las campañas de 2007 y 2008. “La fiesta electoral del PP la pagó Imelsa”, afirmó.

El fiscal dedicó parte de su intervención a defender la validez de los audios que en su día grabó el que se llamó a sí mismo “Yonki del dinero” y de los que cuelgan éste y otros casos. La nueva estrategia de Benavent, para el que se piden ocho años de cárcel, ha sido afirmar que, con ayuda de su exsuegro (que lo ha negado), manipuló esas grabaciones para tratar de “salpicar” a todo el mundo.

Ponce sostuvo que Benavent fue nombrado gerente de Imelsa en la época de Alfonso Rus al frente de la Diputación “porque era un gran recaudador para el partido” y porque le habían enseñado “a negociar comisiones del 2 o el 3 % con las empresas”. En este sentido, recordó que los tribunales ya han establecido que el Partido Popular tenía una doble contabilidad. “Sí hay ‘caja B’, no porque lo diga el fiscal, sino porque además lo dice una sentencia de la Audiencia Nacional. ‘Caja B’ que, además, estaba siendo pagada por los empresarios”, apuntó.

En su exposición, afirmó que en el juicio ha quedado “acreditado hasta la saciedad” que la empresa Thematica Events pagó gastos electorales de campañas como las de Vilamarxant y Moncada. “Es evidente que el dinero que paga Thematica debe ser recuperado a través de inflar las facturas en los contratos con Imelsa”, afirmó. “Era muy sencillo hinchar facturas y en Imelsa no había ningún control, llegaban y se ponían los cheques”, añadió.

Respecto al PP, que está acusado en la causa como responsable civil, señaló que los gastos electorales pagados irregularmente le beneficiaron, aunque no fueran autorizados expresamente y que ese ha sido un criterio usado ya por el Supremo para condenarle en otro caso.

También recordó que el exgerente del partido en la provincia, José Antonio Moscardó, reconoció en su declaración como testigo que había gastos que vinculó a los propios candidatos que no se comunicaban al Tribunal de Cuentas y que eran conscientes pero no quisieron “saber nada” para no complicarse. “No puede ser que tengamos unas leyes que obligan a fiscalizar el gasto electoral y que haya un gerente del partido que admita que hay gastos al margen y que ‘cada uno se busca la vida’”, lamentó.

Por su parte, el letrado del PP, Jorge Carbó, admitió en su propio informe que eso es algo “irregular” y recordó que el partido no lo consistió pero, además, subrayó que no ha quedado demostrado que los gastos los abonara Imelsa (la actual Divalterra). Apuntó que no se ha “desmontado” la explicación de que fueran los integrantes de las listas electorales los que sufragaran esos gastos y señaló que en cualquier caso a quien beneficiaban esos gastos no era tanto al partido “como al propio candidato”.