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La defensa de Zaplana trata de desacreditar el trabajo de la Guardia Civil en la investigación sobre el amaño de adjudicaciones

Los agentes atestiguan que los primeros documentos incautados ya apuntaban a un delito de blanqueo

Juicio Zaplana
Captura de la señal institucional del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, durante su declaración.Jordi Ferrer (EFE)
María Fabra

Uno detrás de otro, los agentes de la Guardia Civil que han declarado este viernes en el juicio por el llamado caso Erial han asegurado que su experiencia en la investigación de otros casos de corrupción les ha llevado a saber que la unión de “adjudicaciones públicas” bajo sospecha y “sociedades en Luxemburgo” son síntomas de una operativa de mordidas y blanqueo. Uno detrás de otro, la defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana ha tratado de desacreditar su trabajo, los registros en domicilios y despachos y la incautación de documentos.

El juicio a Zaplana por los presuntos amaños en las adjudicaciones de las ITV y los parques eólicos de la Comunidad Valenciana cuando él presidía la administración autonómica ha iniciado hoy su fase de testificales, momento en el que los investigadores han comenzado a ratificar ante el tribunal lo plasmado en informes y diligencias. Los primeros han sido los guardias civiles que realizaron los registros en los que se incautó, entre otros, el documento que dio inicio al caso Eiral, en el que, en cinco hojas escritas a máquina y con tachaduras la trama expone, según la investigación, el resumen de los “trámites efectuados” sobre las adjudicaciones públicas, las empresas licitadoras y el importe que debían abonar estas para la obtención de los contratos. El documento fue localizado en el transcurso de la investigación de otra causa en la que está implicado Marcos Benavent, el conocido como Yonqui del dinero. Según declaró en su día, el escrito que recoge la hoja de ruta de los amaños fue entregado por un ciudadano que alquiló una vivienda que había sido propiedad del presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.

Los agentes han defendido la legalidad de la operación en la que incautaron los documentos y la fidelidad de las palabras del ciudadano sirio que les habló de la procedencia de la hoja de ruta. Además, han mantenido que el análisis de esta, unida a un recorte de un medio de comunicación en el que se hablaba de las adjudicaciones, ya les hizo sospechar que podía existir una trama y connivencia entre la adjudicación de las concesiones y las sociedades de la familia Cotino. “Sugerían un posible amaño o intención”, ha indicado uno de los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de la Guardia Civil. “Después de 12 años de experiencia, dedicándome a la investigación económica y a otros casos de corrupción, una documentación así, para mí, significaba esa posibilidad de blanqueo”, ha insistido.

Esta no era la primera vez que se ha tratado de desacreditar o anular las pesquisas que dieron inicio a la operación por la que Zaplana acabó detenido en 2018, acusado de prevaricación, cohecho y banqueo, entre otros delitos. El propio Yonqui del dinero cambió en noviembre de 2021 su estrategia y de colaborar con la justicia pasó a tratar de torpedearla intentando sacar de la investigación documentos como el que señala a Eduardo Zaplana. La defensa del expresidente valenciano, a la que se ha unido la de algún otro acusado (hay hasta 15 en la causa), ha sido hoy insistente también hasta el punto de que el presidente del tribunal de la Audiencia de Valencia que juzga el caso les ha conminado a no persistir en preguntas que los testigos ya habían contestado.

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