Los Charlines recuperan parte del patrimonio que no pudo decomisar la Audiencia Nacional hace dos décadas

El clan de Los Charlines, la familia numerosa del narcotráfico gallego que creó un emporio a la sombra del contrabando de tabaco y de estupefacientes y que casi todos sus miembros acabaron en prisión, ha ganado una segunda batalla judicial tras un largo proceso por blanqueo que les ha perseguido desde 1995, cuando el exjuez Baltasar Garzón ordenó el embargo preventivo de su extenso patrimonio valorado entonces en 30 millones de euros. La Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas a seis miembros de la familia que fueron juzgados por haber participado en cinco operaciones de lavado de dinero que superan los 15 millones de euros, y que fueron detectadas en Galicia, Suiza y China entre los años 2000 y 2010.

El proceso que se inició con la Operación Repesca, un procedimiento iniciado para recuperar los bienes que lograron salvar Los Charlines tras una histórica sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2008 que rechazó su decomiso por el Estado, supone un nuevo varapalo para la Fiscalía Antidroga, convencida de que la familia logró recomprar parte de los bienes embargados optando a través de testaferros a las subastas públicas. En la sentencia, los magistrados de la sección cuarta han absuelto también a dos abogados y un empresario que fueron juzgados junto a los miembros de la familia como parte del entramado criminal que ha quedado desmontado por falta de pruebas. Así, Josefa Charlín (la hija mayor y mano derecha del que fuera patriarca del clan, Manuel Charlín, fallecido en un accidente casero en 2021 y también procesado en esta causa), ha quedado absuelto junto a sus hermanos Teresa, Óscar y Melchor, además de su hjja Noemi Outón y su sobrina Natalia Somoza.

La Fiscalía Antidroga, que podrá recurrir la sentencia, había solicitado para los nueve acusados penas de entre seis años y cuatro años de prisión y multas de entre 5 y 10 millones de euros. Un banquillo a la ausencia del patriarca había notificado otras dos bajas por fallecimiento, la de la matriarca Josefa Pomares y su hijo Manolito. En este procedimiento se enjuiciaron cinco supuestas operaciones de blanqueo de capitales, entre ellas la subasta de una depuradora de mariscos situada en A Illa de Arousa, la adquisición de una planta de elaboración y transformación de productos del mar en China en los años 2000, 2008 y 2009, así como la apertura de cuentas corrientes en entidades bancarias suizas.

La Audiencia explica que la acusación del ministerio público no se ve corroborada por las pruebas practicadas en el juicio y que permitan demostrar que el blanqueo de capitales procede de operaciones de tráfico de drogas. Además, reprocha la falta de individualización de las conductas atribuidas a los acusados.

En concreto, y en relación con la operación de la depuradora, señala que las pruebas testificales, periciales y documentales practicadas en el plenario “no lograron acreditar ni por asomo la veracidad de la tesis esgrimida por el Ministerio Fiscal”, consistente en que el dinero invertido en esta operación procedía de la actividad ilícita de narcotráfico a la que dos de las acusadas se dedicaban, primordialmente, porque no tienen relación alguna con esta clase de delitos.

Sobre la adquisición de la planta de China, los magistrados subrayan las dificultades que se oponen al éxito de las tesis acusatorias esgrimidas por el fiscal, porque “en el escrito que plasma dicha tesis le falta concreción, especificación de los hechos que se atribuyen a cada una de las personas sometidas a nuestro enjuiciamiento por esta operación, limitándose a verter imputaciones contra el conjunto de acusados sin el más mínimo atisbo de individualización”.

Las pruebas practicadas en el plenario, añade en este punto, se oponen a la realidad de los hechos descritos por la Fiscalía respecto a las operaciones de blanqueo, y más concretamente sobre la atribución de dichos eventos a cuatro de los acusados. Sobre la apertura de cuentas corrientes en entidades bancarias suizas, el fallo incide en que el fiscal, en sus escritos de conclusiones provisionales y conclusiones definitivas, “no refleja dato objetivo alguno capaz de sustentar la existencia de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de sustancias estupefacientes atribuible a los acusados en la operación relativa a las tres cuentas abiertas en el Banco Clariden y que tenía un saldo de 2,3 milllones”.

Otro intento fallido

La investigación de la llamada Operación Repesca trató de constatar que el clan manejaba una fortuna pese a que se creía que estaba en la ruina, después de acumular varios procesos judiciales y largas temporadas en prisión de casi todos sus miembros. Además, la Fiscalía intentó acreditar un flagrante delito de alteración del precio en concursos públicos y subastas cometido por miembros del grupo. “Valiéndose del poder que Los Charlines mantienen en la zona, testaferros y abogados de la familia también se presentaban presuntamente a subastas de bateas para comprarlas, previa presión a los vecinos para que no pujasen por ellas”, señalaba en su escrito de acusación.

Este último intento de recuperar las propiedades de la poderosa familia del narco hunde sus raíces en la sentencia que hace 16 años dictó el Supremo y que no pudo evitar que resultara parcialmente favorable para los intereses del clan. Así, mientras el tribunal miraba con lupa si todo o parte del dinero que utilizaron durante años Los Charlines para levantar su emporio era de la venta de cocaína o hachís, el fallo aludía “al conocimiento que necesariamente tuvo que existir en la comarca de Arousa de la implicación de diferentes miembros de la familia Charlín y del grave escándalo que se produjo entre su población, dada la sensibilización de toda la zona ante los problemas que para muchas familias acarrea la cada vez mayor difusión del consumo de estupefacientes. Este conjunto de cosas nos lleva a la conclusión de que todos conocían esa procedencia concreta del tráfico de drogas que se estaba manejando”.

La defensa de Los Charlines argumentó que no todo el dinero de la familia era de procedencia ilegal y se ciñó a la expresión utilizada por el representante del Ministerio Fiscal cuando expuso su informe definitivo: “Con dinero procedente, en todo o en parte, del tráfico de drogas, los acusados formaron un vasto patrimonio”. Así, el Supremo basó en esta frase su interpretación para poner en duda la confiscación de los bienes anteriores a la década de los noventa.

A pesar del varapalo judicial que conllevó el decomiso de llamativas propiedades como el pazo de Vista Real (adquirida por el Ayuntamiento de Vilanova en 2010 mediante subasta pública por más de un millón de euros), Los Charlines, a través de Teresa Charlín (absuelta por el Supremo), lograron recuperar otros bienes y negocios marisqueros, incluso pujando a través de testaferros. Todo ello a pesar de que todavía no habían pagado las millonarias indemnizaciones al Estado por los delitos de blanqueo y ratificadas por el Alto Tribunal.