Susana Gisbert, fiscal de delitos de odio: “Los seguidores de ‘Alvise’ me dijeron que me iban a matar y a violar”

La fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, se situó el pasado febrero en la diana de las ardillas, que es como se autodenomina la anónima legión de seguidores en redes del eurodiputado y fundador de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez. “Me dijeron que me iban a matar y a violar”, explica Gisbert a EL PAÍS.

Después de que las amenazas se colaran en las redes sociales de una de sus hijas, Gisbert decidió tomar cartas en el asunto. Antes, el eurodiputado había compartido una foto privada de la funcionaria en su canal de Telegram, donde suma 689.000 seguidores. La imagen mostraba a la fiscal tomándose una cerveza con una periodista amiga en una cafetería cercana a la Ciudad de la Justicia de Valencia. Según la fiscal, la instantánea fue captada por la activista ultra Cristina Seguí, que después se la pasó al agitador.

Alvise acompañó la imagen de la jurista y la informadora con un señalamiento en forma de texto como el que acostumbra a escribir contra la pléyade de enemigos que concitan sus obsesiones: políticos de izquierda, funcionarios, empresarios, inmigrantes... “Aquí tenéis a Susana Gisbert (la fiscal de delitos de odio) tomándose una caña con la periodista [...] a la que le filtra todo y que ha escrito hoy un artículo en contra de nosotros. Son amigas de farra, se hacen favores mutuamente. La diferencia en esta ocasión es que ahora las perseguidas son ellas”, recogía la misiva colgada en Telegram el pasado 1 de febrero.

El mensaje desató la ira de las ardillas. “Un seguidor [de Alvise] pidió que nos violara una manada”, recuerda Gisbert, que asegura que la cólera del eurodiputado germinó después de que, en su condición de fiscal de delitos de odio, pidiera una condena para un hombre que defendía la expulsión de inmigrantes y cargaba contra la “invasión” de las fronteras. “[Alvise] llegó a decir, llenen sus redes sociales, que no pueda dormir tranquila”, añade la representante del ministerio público.

Gisbert decidió entonces bloquear su cuenta de Instagram —que hoy es privada— y poner una denuncia contra el político por injurias, calumnias y amenazas. La fiscal acompañó el documento con todos los pantallazos de los mensajes de las ardillas y del dirigente. Un juzgado de Valencia asumió la causa y envió hace unas semanas una exposición razonada al Supremo para dirimir las posibles responsabilidades penales del agitador, según confirma esta funcionaria autora de tres libros.

La Sala de lo Penal del alto tribunal valora desde hace semanas si abre una causa contra el fundador de SALF, según ha adelantado elDiario.es. La Fiscalía defiende que se haga, que se cite a declarar al eurodiputado, que se tramite su suplicatorio y practiquen diligencias como la declaración de testigos y una prueba pericial de su canal de Telegram para aclarar qué nivel de control tiene Alvise sobre los seguidores que vierten amenazas contra periodistas, funcionarios, empresarios o políticos de izquierda. Y a los que la legión de ardillas escudriña datos personales para compartirlos después en forma de carnaza en las redes sociales.

Ahora, el Supremo “está pendiente de resolver sobre su competencia” y de analizar si “concurren las razones que justificarían la tramitación de un procedimiento para el esclarecimiento de los hechos”, según un auto del juez Pablo Llarena. La resolución prolonga la causa medio año más ante la cercanía del final de los plazos procesales, según el citado medio.

Si se formaliza la imputación, el alto tribunal podría pedir la declaración voluntaria de Alvise –que está aforado- pero, si se niega, tendría que reclamar al Parlamento Europeo que levante la inmunidad para poder actuar contra él.

El controvertido dirigente acumula frentes en el Supremo. Recientemente, la Fiscalía pidió al alto tribunal que investigue al eurodiputado por la supuesta financiación ilegal de su agrupación electoral SALF, con la que consiguió tres escaños y más de 800.000 votos en las últimas elecciones europeas de junio. El caso estalló después de que el empresario Luis Romillo, alias en redes Luis Cryptospain, denunciara en 2023 haber entregado 100.000 euros en metálico al ultra durante la campaña a los comicios comunitarios.

El pasado marzo, Alvise fue condenado a pagar 60.000 euros al exministro socialista José Luis Ábalos por publicar en Twitter en 2021 dos fotografías privadas del diputado cuando aún era responsable de la cartera de Transportes e insinuar que padecía problemas de salud mental. Y en noviembre, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó al ultra con 5.000 euros por difundir una fotografía de la hija del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando tenía 17 años.

En 2023, el ultra compartió en redes la foto de una de las hijas del presidente del Gobierno con el siguiente mensaje: “[A. S. G.], hija de Pedro Sánchez, estudia en un centro privado en Inglaterra, y la traen un par de veces al mes en un vuelo privado. Socialistas pero van a centros extranjeros de 40.000 euros al año, viajes de avión incluidos mientras a nosotros nos los quieren prohibir. La hija no tiene la culpa de la hipocresía de su padre el tirano, pero es prueba de ello, y España debe saberlo”. Aunque después tapó la cara con un emoticono, la imagen ya se había viralizado.