Bolaños niega que la amnistía se esté haciendo por la vía de urgencia: “Va a tener una tramitación casi de seis meses”

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha negado este viernes que la ley de amnistía se esté haciendo con un “procedimiento de urgencia”, una de las objeciones que puso la Comisión de Venecia al texto en el borrador de dictamen conocido la semana pasada. Aunque ese es el tipo de tramitación que han elegido el PSOE y sus socios para la proposición de ley, lo que acorta el debate y evita los informes de los órganos consultivos, Bolaños ha asegurado que, “en la práctica”, no se ha seguido este procedimiento. “Se registró en noviembre y todavía le quedan al menos otros dos meses de tramitación en el Senado. Y luego, cuando vuelva al Congreso. Por tanto, va a tener una tramitación casi de seis meses, que es de tiempos más que ordinaria”, ha señalado el ministro en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha situado en la segunda quincena de mayo la aprobación definitiva de la norma en el Congreso.

Desde que se conoció el informe preliminar de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, el Gobierno ha blandido ese texto como un aval rotundo a la medida de gracia a los encausados del procés. El borrador de dictamen respaldó el objetivo de “reconciliación política” con el que el PSOE presenta la ley, y planteó algunos cambios que se han incorporado al texto pactado por los socialistas y sus socios. Pero el informe advertía también de que el procedimiento de urgencia “no es apropiado” para una ley de amnistía, que debería promover la “inclusión, participación, un calendario apropiado y discusiones públicas”, una recomendación que los impulsores de la medida de gracia no han atendido.

“Lo que le preocupaba a la Comisión de Venecia es que eso [la tramitación urgente] impida el debate sobre la amnistía. Ha habido bastante debate. Ha habido gente que se ha manifestado sobre la ley cuando no se conocía ni una línea. Han opinado sobre un folio en blanco. Y luego se conoció el texto y hemos seguido debatiendo”, ha subrayado el ministro, quien sí ha resaltado el respaldo de la Comisión de Venecia a otros aspectos de la norma.

En otra entrevista, en La Sexta, Bolaños ha evitado responder a la pregunta de si cree que el texto pactado con ERC y Junts garantiza que Carles Puigdemont va a poder ser amnistiado. “La ley no va de personas individuales. Beneficia a personas que tienen causas, pero sobre todo es una ley que va dirigida a la sociedad catalana para definitivamente sembrar la concordia”, ha dicho. Y, sin citar al líder de Junts por su nombre, ha añadido que “en el caso concreto de esta persona, como de cualquier otro”, la intención de los grupos parlamentarios que han pactado el texto es que entren en la amnistía todos los encausados.

Ese planteamiento queda expuesto en el preámbulo de la norma, que recoge expresamente que el objetivo es que abarque “a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista”. No obstante, fuentes jurídicas sostienen que los cambios introducidos en el delito de terrorismo —que suponen dejar fuera de la medida de gracia solo los actos que puedan ser calificados como terrorismo según la directiva europea de 2017 y a su vez hayan causado “de forma intencionada” graves violaciones de derechos humanos— no garantizan la amnistía para Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic.

Estas fuentes advierten, además, de que la modificación introducida en el delito de malversación —que afecta a buena parte de los encausados por el desafío independentista, entre ellos al expresidente catalán y al resto de los líderes procesados por el Tribunal Supremo— pueden complicar la concesión del perdón. Esta enmienda, que se introdujo para disipar las dudas que puso la Comisión de Venecia sobre la decisión de amnistiar delitos de malversación, establece que se amnistiarán los actos así calificados “cuando no se haya producido un beneficio personal de carácter patrimonial”. Pero las fuentes consultadas señalan que se podría establecer la existencia de un enriquecimiento patrimonial si se entiende que los encausados han pagado con fondos públicos elementos (como la promoción exterior del procés o la organización del referéndum ilegal del 1-O) que les correspondía sufragar de su bolsillo porque les beneficiaban personalmente.