La amnistía, una ley aprobada con urgencia pese al aviso de la Comisión de Venecia

Los partidos que han negociado la proposición de ley de amnistía —el PSOE, Junts y ERC— afirman que la última versión del texto, aprobada este jueves, incluye las recomendaciones hechas por la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa cuyo borrador de dictamen sobre la ley se conoció el pasado viernes. Esas nuevas enmiendas, aseguran, han buscado ajustar la norma de manera más clara al derecho internacional, precisar cuestiones como la malversación o el terrorismo y vincular más la ley al proceso independentista que la motiva, tal y como aconsejaba la comisión. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, insistió varias veces en esa idea de que la ley había sido mejorada incorporando las recomendaciones del organismo europeo. Sin embargo, la principal recomendación ha sido desoída: la ley ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia —por tanto, con menos debate y sin someterla a informes de órganos consultivos—, a pesar de que la comisión pidió expresamente no hacerlo, apuntó a la necesidad de buscar mayores consensos y un debate más amplio y remarcó que la ley está generando una “profunda y virulenta división” en la sociedad española.

“Un procedimiento de tramitación rápida no es apropiado para la adopción de leyes de amnistía, en vista de las trascendentales consecuencias de este tipo de leyes y del hecho de que las leyes de amnistía tienen, a menudo, una naturaleza controvertida”, advierte la Comisión de Venecia en el borrador de su dictamen, que en principio será aprobado la semana próxima. “Los medios y procedimientos diseñados para aprobar la amnistía deberían estar inspirados en la inclusión, participación, un calendario apropiado y discusiones públicas”, recomienda, y recuerda que, en líneas generales, los “apresuramientos” pueden “dañar la calidad de las leyes”.

“La proposición de ley ha provocado críticas virulentas en España y más allá”, constata el texto, que se hace eco asimismo del “animado debate sobre la constitucionalidad” de la ley de amnistía que se ha producido entre los “expertos constitucionalistas españoles”. La Comisión deja claro en este punto que no es competente “para comentar sobre la constitucionalidad” de la norma, aunque apunta a que sería “preferible” que se dirigiese, “cuando llegue el momento” a través de una reforma de la Constitución. “La Comisión de Venecia considera que, en vista de que la amnistía puede impactar en la cohesión social, debería ser aprobada por una mayoría cualificada apropiada”, agrega en otro momento. En España, la ley de amnistía será aprobada por mayoría absoluta.

El dictamen de la comisión aún no es definitivo, pero el borrador ha servido al Gobierno para sostener que avalaba la ley porque reconoce como “objetivos legítimos” de la misma la “unidad nacional y la reconciliación social y política”. Además, el Ejecutivo asegura que ha introducido algunas recomendaciones en las enmiendas de este jueves.

En la nueva versión de la proposición de ley se hace mención explícita a las “directrices” de la Comisión de Venecia sobre la necesidad de una “definición precisa y detallada para los actos susceptibles de ser amnistiados”. En el borrador del informe, los expertos recomendaban “consistencia en la determinación de los actos cubiertos por la amnistía” que, subrayaban, “deben estar intrínsecamente vinculados para evitar arbitrariedad”. Solo un “vínculo causal” más estrecho entre los acontecimientos citados por la ley y “ciertos actos de malversación y corrupción podrían justificar la aplicación de la amnistía a este”, advertían.

El Gobierno —aunque formalmente la proposición de ley la presenta el PSOE, para no tener que someterla a los informes y trámites que requeriría un proyecto de ley gubernamental— asegura haber realizado “enmiendas sustanciales” en el artículo 1 sobre la malversación para dejar claro que solo son amnistiables aquellos delitos de malversación “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”, informa Javier Casqueiro.

Otra de las enmiendas aprobadas este jueves, relativa a los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado o relativos a la defensa nacional, busca, según el Gobierno, responder a otra de las advertencias de la Comisión en su informe, donde “subraya que los límites del Derecho internacional se refieren a violaciones graves de los derechos humanos, que no son necesariamente los mismos que los delitos graves del Derecho interno”. De ahí que se deje clara ahora la referencia internacional, dejando claro que estos delitos no serán amnistiables “siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España″.

Del mismo modo, se hace una precisión a las leyes europeas e internacionales en la definición de qué actos de terrorismo quedan excluidos de la amnistía, que según la nueva redacción son aquellos que “por su finalidad puedan ser calificados como tales por la Directiva Europea y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y en el derecho internacional humanitario”.