La Audiencia de Valencia juzga la presunta financiación irregular del PP de Rita Barberá

La Audiencia de Valencia ha iniciado este martes el juicio por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2011 del PP de Valencia, que entonces lideraba Rita Barberá, fallecida en noviembre de 2016. En el banquillo de los acusados se sientan el que fue mano derecha de la propia Barberá, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García Fuster y los responsables de una asociación sin ánimo de lucro y una fundación vinculadas al Consistorio que, supuestamente, se dedicaban a aportar fondos para las campañas electorales.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que representa a Compromís, solicitan para Grau nueve años de prisión por un delito de malversación y otro de cohecho; cinco años para los responsables de las entidades públicas por malversación; y un año para García Fuster por cohecho.

Cinco agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en la investigación han ratificado durante la primera sesión del juicio los informes que describen la operativa en una cuenta ajena “a ningún tipo de control”. Para la campaña de 2007, el grupo popular firmó un contrato con la empresa Laterne por 150.000 euros cuando el coste real de los gastos electorales podría haber superado los dos millones de euros, según ha calculado uno de los agentes que, en cualquier caso, ha señalado que “es difícil de cuantificar”. Esta empresa es, según la acusación y la UCO, la que sirvió para canalizar ingresos de las entidades municipales y de diferentes empresas adjudicatarias del Ayuntamiento con los que luego se pagaban los gastos electorales. En ella se realizaban aportaciones de “colaboradores y allegados” e ingresos en efectivo.

Para los comicios de 2011, en los que Barberá ratificó su mayoría absoluta, tras la desaparición del entramado de empresas alrededor de Laterne, por la muerte de su propietario que era amigo del vicealcalde Grau, este último contactó para la campaña electoral con otra empresa, Trasgos. “Comprobamos que había empresas que solo facturaron con Trasgos antes de las elecciones y durante la campaña, y eran empresas que tenían importantes intereses económicos con el Ayuntamiento. Además, buena parte de ellas eran las mismas que ya habían realizado esta misma operativa en 2007″, han apuntado los investigadores de la UCO. Para los gastos electorales se firmó un contrató de 170.000 euros pero estos fueron, al menos, de 110.000 euros más de lo que se había ingresado, según ha explicado uno de los agentes. “Se deduce que debía de existir otra fuente de ingresos”, ha señalado.

En esa cuenta b ajena al control de la ley de régimen electoral fue en la que la Guardia Civil detectó también 50 ingresos de 1.000 euros que concejales diles y asesores del grupo municipal del PP realizaron antes de recibir, a cambio, en mano dos billetes de 500 euros de procedencia desconocida, el conocido como “el pitufeo” que la misma Audiencia Provincial de Valencia archivó ante la “notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito”, decisión que fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo.

La primera jornada ha servido para que las defensas de los acusados expongan sus cuestiones previas y han coincidido en alegar la prescripción de delitos en la presunta caja b para evitar el juicio. El fiscal ha discrepado de las cuentas de los plazos de prescripción realizadas por los abogados que consideran que no existe un delito “continuado” y la sala ha optado por no atender a estas peticiones y exponer que, en cualquier caso, se determinará en la sentencia.