Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia, de nuevo a juicio por malversación y cohecho

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia en los gobiernos de Rita Barberá, y contra la exsecretaria del PP municipal, Mari Carmen García Fuster, por delitos de cohecho y malversación de fondos públicos con los que supuestamente se abonaron campañas del PP en 2007 y 2011. También serán juzgados el exconcejal del PP Juan Eduardo Santón y el que fue director de la empresa pública Valencia Turismo Convention Bureau, José Salinas

En el auto de Instrucción 18, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se solicita a los acusados que, en el plazo de 24 horas, presten una fianza de 2,2 millones de euros en el caso de Grau, de 1,5 millones en el caso de Salinas y de 850.000 euros en el caso de Santón.

Con este auto se pone punto y final a la instrucción de la conocida como pieza A del caso Taula, en el que se analiza el supuesto entramado creado por Alfonso Grau para la financiación de las elecciones de 2007 y 2011, a través de dos empresas de comunicación que realizaron trabajos electorales para el PP en las campañas de 2007 y 2011 (Laterne y Trasgos).

Los investigadores han señalado la participación de Alfonso Grau como patrono o presidente en las entidades Centro de Estrategias y Desarrollo (CEYD) y la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), que se nutrían de dinero público y que presuntamente habrían desviado fondos en favor de las citadas empresas de comunicación.

El exvicealcalde fue condenado por cohecho recientemente a 9 meses y un día por aceptar como regalo dos relojes de lujo de un empresario que había suscrito 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015. Alfonso Grau es también uno de los principales investigados en el caso Azud, junto al cuñado de la fallecida Rita Barberá José María Corbín, o el empresario Jaime Febrer, entre otros. Las investigaciones de esta presunta trama de corrupción política apuntan al exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia como uno de los grandes beneficiarios de las supuestas prácticas irregulares, con el ingreso de mordidas que alcanzan los dos millones de euros y un incremento patrimonial de 738.000 entre 2004 y 2011.