Una imputada en Taula declara que el PP de Valencia tuvo un recaudador

María del Carmen García-Fuster, considerada por los investigadores del caso Taula como la persona que manejaba la caja b del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, ha declarado este viernes ante el juez que una persona, cuya identidad se ha negado a desvelar, recaudó 116.000 euros en cinco meses para su partido antes de las elecciones de 2011. Unos fondos que le entregaba a ella como secretaria del grupo municipal. Si el foco se amplía más, hasta el año 2006, el dinero aportado por esta persona se elevan a 245.000 euros. García Fuster, detenida en enero por supuesto blanqueo, ha justificado con el cobro de una herencia la mayor parte del dinero, 5.600 euros, hallado en su casa.

García-Fuster fue uno de los cuatro detenidos para quien el fiscal del caso Taula pidió prisión provisional en enero. El juez rechazó la medida. Pero en una reciente resolución la describió como una de las personas que “mayor proximidad” tuvo respecto “al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito” con el que se financiaba presuntamente el partido, según ha indicado este viernes el Tribunal Superior de Justicia valenciano. García-Fuster, que rechazó ante el magistrado las acusaciones que pesan sobre ella, es una mujer de la máxima confianza de la exalcaldesa y senadora de Valencia Rita Barberá, cuyo cuñado José María Corbín ejerce como su abogado defensor.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran que García-Fuster administraba la caja b del grupo popular. Y que fue ella quien presuntamente entregó dos billetes de 500 euros a medio centenar de miembros del grupo municipal con la instrucción de que, en paralelo, ingresasen 1.000 euros en la cuenta del partido, con la supuesta finalidad de blanquear los fondos. Varios exasesores del PP han afirmado que García-Fuster les presionó para que participasen en la operación. Y los pinchazos telefónicos a la exconcejal María José Alcón la sitúan como la persona que se encargó personalmente de entregar el dinero negro. Pese a haberse conocido esos datos, Barberá reivindicó en una conferencia de prensa en marzo la estrecha relación que mantiene con ella.

En los registros practicados en su domicilio y en dependencias municipales, la UCO halló una libreta en la que García-Fuster había ido anotando ingresos del grupo municipal. Cuatro de ellos, realizados entre noviembre de 2010 y marzo de 2011 —cuando en mayo de este último año había elecciones locales—, reflejaban la misma cantidad, 29.000 euros. En total, 116.000 euros. Si el cálculo se realiza desde el año 2006, la cifra es aún mayor: 245.000 euros. La exsecretaria del PP había escrito al lado de las aportaciones las letras “CyA”.

Los investigadores han barajado que el identificativo responda a “concejales y asesores”, lo que podría indicar operaciones de blanqueo similares a las que presuntamente se llevaron a cabo en 2015 y por las que están imputadas medio centenar de personas —incluido el PP como persona jurídica— y nueve de los 10 concejales populares de Valencia.

“Allegados”

García-Fuster ha defendido ante el juez una explicación alternativa. Según ha mantenido, las iniciales responden a “colaboradores y allegados”. Y se trataba de dinero que una persona recaudaba entre simpatizantes del partido y le entregaba a ella, dada su condición de responsable de la gestión económica del grupo popular. Al ser preguntada por la identidad del recaudador, García-Fuster se ha acogido al derecho a no declarar del que goza como imputada —investigada, según la nueva denominación judicial—.

En el registro de su casa, la Guardia Civil encontró 5.600 euros en cuatro sobres guardados en una caja fuerte y en un escritorio del dormitorio. García-Fuster ha justificado la mayor parte del dinero —4.000 euros—, en el cobro de la herencia de una tía. El resto procedía, ha afirmado, de inmuebles que ella y sus hermanas tienen alquilados y de dinero de lotería que pertenecía a Vicente Igual, concejal de Valencia.

No ha aceptado responder a ninguna pregunta del magistrado Víctor Gómez otra imputada, María José Alcón. El instructor ha interrogado también a Alfonso Novo, que hasta enero fue portavoz municipal y presidente del PP en Valencia y ahora se niega a entregar el acta como le reclama la dirección regional del partido. Novo ha afirmado que donó los 1.000 euros, pero que no le fueron devueltos. Y ha alegado que no tuvo acceso a las cuentas del partido hasta noviembre de 2015.