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El expresidente de Murcia Ramón Valcárcel, obligado a pagar una fianza de más de 74 millones para evitar el embargo de sus bienes

El exjefe de gobierno autonómico se sienta en el banquillo el próximo 9 de julio acusado de prevaricación, malversación y fraude en la construcción de una desaladora

Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Región de Murcia, en una imagen de archivo.
Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Región de Murcia, en una imagen de archivo.
Virginia Vadillo

El expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel (PP), que el próximo 9 de julio se sentará en el banquillo acusado de prevaricación, malversación y fraude por su gestión en la construcción y rescate de una planta desaladora de agua en 2006, tendrá que depositar una fianza de más de 74 millones de euros de manera cautelar o, en caso contrario, sus bienes serán embargados. Así lo ha confirmado este miércoles la Audiencia Provincial de Murcia en un auto contra el que no cabe recurso y que viene a ratificar la petición que ya había hecho el juzgado de Instrucción número 1 de Murcia cuando dictó la apertura de juicio oral contra el que fuera también eurodiputado y presidente del Comité de las Regiones de la UE. Valcárcel se enfrenta en este procedimiento a penas que suman 11 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, según las peticiones de la Fiscalía.

Con respecto a la fianza, la Audiencia Provincial considera que la cantidad solicitada se ha calculado “con arreglo a los informes periciales sobre posibles efectos económicos” que los supuestos delitos que cometió el expresidente tuvieron en las arcas públicas de la comunidad autónoma. Según el relato de la Fiscalía, la forma en la que se gestionó la construcción de la desaladora, que se ubica en el Valle de Escombreras, en Cartagena, y su posterior venta, generó esos importantes sobrecostes que asumió la administración.

La planta se construyó bajo una fórmula de colaboración público-privada en la que la parte pública estaba representada por el Ente Público del Agua, que se creó expresamente para ese fin, y la privada, por un conglomerado de empresas locales que se denominó Hydromanagement y por compañías del Grupo ACS. Estaba previsto que la construcción se autofinanciara con los beneficios de su funcionamiento, pero en 2011 la comunidad autónoma se vio obligada a asumir un rescate cifrado en 600 millones de euros. El fiscal considera que Valcárcel conocía la situación financiera de la planta, que fue una de sus apuestas personales durante su mandato, y que nunca ha llegado a funcionar a pleno rendimiento desde que se inauguró en 2007.

Para el Ministerio Público, la parte pública compró acciones de la planta “desligando a la parte privada de la ruina del proyecto” y generando un perjuicio económico al erario público en beneficio de las empresas privadas. La Audiencia Provincial comparte en su auto los cálculos de la Fiscalía de que ese sobrecoste para la administración coincide con los 74 millones de euros de fianza impuestos y descarta que la cuantía sea “desproporcionada, irracional y arbitraria”.

Este procedimiento judicial, conocido popularmente como “La Sal II”, es una pieza separada de otro procedimiento, “La Sal I”, y la Audiencia entiende que Valcárcel tendrá derecho a exigir, llegado el caso, que el resto de procesados en esa pieza inicial asuman la parte proporcional de esa cifra en base a la responsabilidad que se demuestre que tiene cada uno. Pero, hasta que eso suceda, la Audiencia no considera que se esté incurriendo en una “duplicidad” en las peticiones de fianzas para los encausados.

El expresidente dejó voluntariamente la presidencia de honor del PP de Murcia en abril de 2023 y se dio de baja como afiliado del partido tras hacerse pública la apertura de juicio oral. Este comenzará el próximo 9 de julio, cuando se ha fijado una vista preliminar en la que las partes podrán valorar llegar a un acuerdo de conformidad.

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Valcárcel será el segundo presidente de la Región de Murcia en pasar por el banquillo. El primero fue su sucesor en el cargo, Pedro Antonio Sánchez, contra el que pesaban diversas causas por corrupción durante su etapa como alcalde, y que fue condenado en marzo de 2023 a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación por amañar un concurso para adjudicar a dedo las obras de construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras.

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Sobre la firma

Virginia Vadillo
Es la corresponsal de EL PAÍS en la Región de Murcia, donde escribe sobre la actualidad política, social y medioambiental desde 2017. También trabaja con la Agencia EFE en esa comunidad autónoma. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo de Agencias por la Universidad Rey Juan Carlos.
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