Condenado Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia del PP, por falsificar un concurso para adjudicar a dedo las obras de un auditorio

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al expresidente de esa comunidad Pedro Antonio Sánchez, del PP, a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, al considerarlo culpable de prevaricación y falsedad en el caso Auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras (16.000 habitantes). El entonces regidor convocó, para conseguir una subvención pública, un concurso de construcción de un auditorio que, en realidad, estaba amañado y previamente adjudicado a dedo a un arquitecto. Su imputación en esta causa, agravada por los indicios de su implicación en una ramificación del caso Púnica, terminó costando a Pedro Antonio Sánchez la presidencia de la región murciana en abril de 2017, cuando presentó su dimisión. La sentencia admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El sucesor de Pedro Antonio Sánchez en el cargo fue el actual presidente de Murcia, Fernando López Miras, de quien Sánchez era amigo y a quien designó personalmente. López Miras ha conocido la sentencia durante la presentación del nuevo proyecto educativo de su Ejecutivo, y ha declinado hacer cualquier comentario. El actual presidente murciano ha mostrado su “respeto a la justicia” y no ha respondido a la pregunta de si creía que la decisión judicial podría afectar a la campaña electoral del próximo mayo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha expresado su “respeto” por la decisión judicial. “ Lo que habrá que hacer exclusivamente es cumplirla, o recurrirla. No hay más. El afectado sabrá lo que tiene que hacer. Lo que está claro es que es una sentencia de la Audiencia Provincial y tiene un enorme valor”, ha dicho en un acto de partido en Cáceres, informa Virginia Martínez.

Según el comunicado difundido este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la sentencia concluye que Pedro Antonio Sánchez, cuando era alcalde, sabedor de la existencia de subvenciones a corporaciones locales para el desarrollo de determinadas edificaciones culturales, encargó al arquitecto Martín Lejárraga, “verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación”, un proyecto para solicitar esa subvención. Y sólo posteriormente, conseguida la ayuda, convocó el concurso público de construcción de un auditorio, “totalmente condicionado a que el ganador fuera el arquitecto”. Después, además, modificó el proyecto de obra que había sido subvencionado al constatar que era inviable “técnica y económicamente” ejecutar el original. De esa manera, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras recepcionó la obra, aunque estaba inacabada, para no tener que devolver a la comunidad autónoma los seis millones de euros que había concedido. El auditorio sigue cerrado al público, 13 años después de iniciarse el proyecto.

El juicio se celebró el pasado septiembre. Junto al expresidente autonómico han sido condenados, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación, la que fue secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal (15 años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público), y el arquitecto, Martín Lejárraga (16 años y medio de inhabilitación). El tribunal considera que “la prueba documental, testifical y pericial es contundente en la acreditación de la tesis de las acusaciones”.

La sentencia absuelve a Pedro Antonio Sánchez del delito de fraude a la Administración Pública por el que también había sido juzgado. Los magistrados argumentan que la modificación del proyecto de obra original no tenía como objetivo defraudar al Ayuntamiento sino “salvar los errores creados desde la redacción del proyecto” para “justificar la inversión de la subvención y evitar la exigencia del reintegro”.

La Audiencia Provincial detalla cómo se gestó toda la construcción del auditorio. Especifica que en junio de 2006 el arquitecto redactó un “anteproyecto” que le había sido encargado por Sánchez verbalmente, y un “proyecto básico” en noviembre de ese año. Ninguno de esos documentos tuvieron entrada de registro en el Ayuntamiento ni visado del Colegio de Arquitectos, pero el proyecto fue ampliamente difundido, publicado y recogido en los anuarios municipales, en los medios de comunicación locales e incluso en presentaciones institucionales en las que participó el entonces presidente de la comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel.

Con esos proyectos se solicitó a la comunidad autónoma una subvención de seis millones de euros, que se concedió en diciembre de 2006. Pero hasta un año después, en diciembre de 2007, no se convocó un concurso de proyectos “para dar ropaje de aparente legalidad a los actos anteriormente ejecutados y dirigidos a subsanar la contratación verbal y directa del arquitecto” y cuya resolución “estaba previamente decidida”, subraya la sentencia. El proyecto presentado tras el concurso “tenía tal cantidad de defectos que era inviable finalizarlo con el presupuesto del que se disponía”, porque la superficie por construir era muy superior a la prevista inicialmente, no contaba con diversos estudios preceptivos y parte de los edificios ocupaban un vial”. Pese a ello, prosigue el tribunal, las obras empezaron en mayo de 2008 y en febrero de 2009 se aprobó una modificación del proyecto para ajustar “el cien por cien del presupuesto entregado [en la subvención] a una obra no terminada”.